Desde lo individual hasta lo colectivo, estas son algunas historias que muestran que la lucha por la justicia en México es navegar por un sistema de impunidad.
Escucha este especial con producción de Adria Aceves.
Adriana Esthela Flores
El concierto para alto saxofón de Glazunov fue la pieza con la que María Elena Ríos Ortiz terminó su semestre, a mediados de junio, en la Facultad de Música de la UNAM. Faltaban solo unos días para que iniciara el juicio oral contra su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido que sufrió hace cinco años.
En su lucha para lograr sentencia y reparación del daño, Malena -como es conocida- ha denunciado revictimización desde el Poder Judicial local y federal, violencia digital, retrasos en audiencias, amenazas y otras trabas. Su caso es uno de los más representativos de la serie de obstáculos que enfrentan miles de víctimas y sus familiares para obtener justicia. En México, solo diez de cada cien delitos son resueltos.
Las siguientes historias son solo una muestra de esta batalla, semejante a un maratón, con altos costos a nivel legal, económico, social y personal. Abarca problemas desde la presentación de la denuncia, el trabajo del Ministerio Público y la actuación de jueces que, según testimonios, favorecen a la defensa de agresores, revictimizan a denunciantes y permiten tácticas para dilatar la emisión de sentencias.
«No es un sistema diseñado para nosotros que somos la mayoría y con eso me refiero a más del 95 por ciento de mujeres y sociedad racializada que no contamos con recursos para una defensa. Es un sistema judicial diseñado totalmente para quien lo puede pagar, que son las personas con poder como mi agresor».
El amparo como manera de evadir la justicia
Es viernes 5 de julio de 2024 y la abogada Helena Monzón se prepara para lo que -espera- sería la segunda y última audiencia en un juicio por violencia familiar. El caso es contra el exsecretario de Gobernación de Puebla, Javier “N”, acusado de ejercer violencia contra su esposa, Cecilia Monzón.
Era la audiencia número 18 de un proceso que ya llevaba tres meses. Ya se había desahogado la etapa de presentación de pruebas y estaba por iniciar la de alegatos finales, conclusiones y finalmente, la emisión de sentencia, pero algo lo impidió: una medida cautelar derivada de un amparo que promovió la defensa del acusado, para que sea juzgado en Toluca, Estado de México, y no en Puebla, donde está recluido. La condena quedó en el aire y Helena, quien lidera la defensa de su hermana, lanzó este reclamo en sus redes sociodigitales.
«La justicia es incompleta si no tenemos sentencias, es incompleta para la familia, para mi hermana, para mi sobrino, es incompleta en general para cualquiera que entienda que la justicia deba ser servida de forma pronta y expedita».
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La lucha de Helena inició tras el feminicidio de su hermana Cecilia, abogada penalista, activista y madre, asesinada a balazos el 21 de mayo de 2022 en Puebla.
Ella busca que el exfuncionario y excandidato a la gubernatura poblana sea sentenciado tanto por violencia familiar como por feminicidio. Pero llegar a esta condena no ha sido posible debido a varias estrategias, como el aplazamiento de audiencias, el uso prolongado del tiempo o que se permita la presencia de familiares del acusado en la sala.
La abogada relató que el mayor obstáculo lo ha enfrentado desde el Poder Judicial Federal debido a la decena de amparos a favor del agresor de su hermana.
«La justicia federal es otro cantar porque hay una dejación de funciones sangrante. ¿Por qué hablo de dejación de funciones? Porque cuando tienes casos tan claros de abuso procesal, hablamos de que cada decisión judicial se intentan amparar, esta gente busca tantos amparos como respira.
Cuando hacer esto te sale gratis porque no te multan, no hay costas procesales, no te vas a enfrentar a ninguna consecuencia. Yo tengo un desgaste personal, profesional, económico y la otra personal solamente está ahí tranquilamente metiendo amparos que sabe que no va a haber ninguna consecuencia, esa persona gana aunque no le den la razón».
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¿Qué es lo que podría cambiar o corregirse en el sistema de justicia en México? Para Helena hay tres aspectos:
- Un sistema especializado en crímenes machistas.
- Mayor protagonismo de las víctimas para ejercer sus derechos.
- La colegiación obligatoria para las y los abogados.
Justicia revictimizante
Los vínculos con el poder son uno de los rasgos que ha marcado la batalla legal, personal y política que inició Giovanna Plata Rodríguez en busca de justicia para su hija Gigi.
La niña tenía cuatro años de edad cuando fue víctima de abuso sexual presuntamente por su propio padre, Aldo. Él es hijo del exsubprocurador de la fiscalía de Morelos, Marcelino Soto Camacho.
La resolución que permitió la libertad de Aldo ha sido uno de los momentos más duros en la lucha que Giovanna inició el 13 de diciembre de 2022. En la fiscalía, enfrentó los primeros tropiezos. El personal no la quería atender porque Gigi no sabía el día ni la hora en que su papá la agredió. Además, tras el extravío del primer dictamen psicológico, tuvo que ser sometida a un segundo estudio.
«Es un infierno, es un calvario, realmente ahora entiendo por qué la mayoría de la gente prefiere no denunciar, pero en mi caso se trata de la vida de mi hija, no puedo echarme a un lado a llorar. Tengo que seguir en la lucha».
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A Aldo lo detuvieron el 27 de febrero de 2023 y el 16 de octubre inició el juicio oral en su contra por el delito de abuso sexual agravado. Cuando Giovanna tuvo que testificar, una jueza le advirtió que dejara de hacer declaraciones a la prensa sobre el caso.
En audiencias, los jueces permitieron que la defensa de Aldo mostrara fotos íntimas de ella y conversaciones privadas, sin relación con los hechos. Además, los jueces desestimaron el dictamen de la fiscalía estatal, que establecía que la niña había sufrido abuso sexual y le dieron más peso a otro estudio presentado por la defensa.
«Se me hace absurdo que descartaran mis pruebas cuando la defensa ni siquiera podía probar el caso. Aunque mi hija dijo claro lo que le había hecho su papá, en el juicio le dijo que su papá le había dicho que no me dijera nada a mi, mi hija fue clara, les enseñó donde le tocaba, aun así no lo validaron».
Pese a estas pruebas, el 13 de febrero de 2024, los jueces Carlos Isaac Jiménez Aquino y Leticia Damián Avilés ordenaron, por dos votos contra uno, liberar a Aldo.
El 5 de marzo, Giovanna apeló la decisión, presentó una queja contra los jueces ante el Consejo de la Judicatura estatal, los denunció ante la fiscalía local y llevó su caso hasta el Senado, donde logró un punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial de Morelos a removerlos del cargo.
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Pero la justicia no ha llegado: los jueces continúan en sus puestos, el presunto agresor sigue libre y aún no hay fecha definida para la audiencia de apelación, asignada al magistrado Juan Gabriel Vargas Téllez.
“Yo creo que necesitan sanciones, las injusticias tienen responsables que destrozan vidas sin el menor remordimiento, responsables que mientras sigan dentro del sistema de justicia, los agresores van a seguir creyendo que no pasa nada. Se necesitan sanciones para los jueces y que de verdad los destituyan cuando no actúan de forma correcta”.
Giovana no se rinde. Mientras se encarga del cuidado de ella misma y su hija, quien está en terapia, mantiene su lucha en las calles, a través de protestas y movilizaciones, así como videos en redes sociodigitales.
«No quiero que más niñas pasen por lo que tuvo que pasar mi hija y que a quienes les pasó, que les llegue a la justicia sin tener que pasar por un infierno aparte del que ya vivieron a manos de sus agresores».
Un sistema judicial que da la espalda a las víctimas
«Imagínense estar en mis zapatos cada día de mi vida y verme como me veo, mi apariencia, mis cicatrices y encima de eso un proceso que parece interminable».
María Elena Ríos, activista y saxofonista oaxaqueña de 31 años, lleva casi media década buscando el castigo para los cinco implicados en el ataque con ácido que sufrió el 9 de septiembre de 2019.
La agresión no solo le dejó cicatrices en su cuerpo y en su memoria, también lleva a cuestas toda una oleada de trabas en el sistema judicial, que han frenado la imposición de sentencias contra los responsables de la agresión, principalmente contra el presunto autor intelectual, el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, preso desde 2020 por tentativa de feminicidio.
De su batalla jurídica y política, podría escribirse un libro de varios capítulos:
- Desplazamiento forzado en la Ciudad de México tras haber recibido amenazas.
- La recusación de tres jueces -Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos, María Teresa Quevedo Sánchez y Teódulo Pacheco- por presuntos actos de corrupción.
- Quejas por comentarios machistas contra el juez que lleva su caso, José Gabriel Ramírez Montaño.
- Denuncias contra la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, por violencia digital.
- El impedimento del Poder Judicial para que su caso pueda ser juzgado en un tribunal colegiado y no en uno unitario.
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Para Malena, el sistema judicial en todos sus niveles le ha dado la espalda.
«El problema son los criterios que usan ellos y no te justifican ni te sustentan por qué y a eso se le llama corrupción, a eso se le llama arbitrariedad, que es lo que no permite que nosotras podamos proceder y que los procesos sean tan largos. México es el paraíso de los amparos. Los jueces federales conceden amparos a los agresores y no necesariamente bien gestionados, simplemente se los dan”.
Uno de sus momentos más difíciles ocurrió cuando tuvo que viajar desde Ciudad de México a Oaxaca, luego de que el juez le notificó un día antes de su audiencia de juicio oral, que el proceso no llegaría a un tribunal colegiado. Aunque la resolución era del 6 de junio, el juez se la hizo llegar hasta el día 10 vía correo electrónico, casi a las dos de la tarde, lo que impidió a Malena presentar un amparo para defenderse.
«Ya no encontré abierto el juzgado, llegué a las doce de la noche hasta San Bartolo Coyotepec y el buzón ya no estaba abierto, lo cerraban a las 11:59. La audiencia empezaba el 11 de junio a las 11 de la mañana, fui a primera hora a presentar el amparo y llevé el acuso de recibido a la audiencia y el juez dice ‘A mí no me consta que lo hayas metido, por tanto vamos a empezar, y no me dio la oportunidad de defenderme, me quería obligar a declarar”.
El pasado 5 de julio, Male enfrentó en careo a su agresor durante una audiencia en el penal de Tanivet. A través de un mensaje en X, denunció prácticas revictimizantes en el proceso, como la presencia de familiares de Vera e intentos de la defensa por amedrentarla.
Sin embargo, advirtió que seguirá en pie en su odisea para alcanzar justicia no solo para ella, sino para todas. Una justicia que, por lo pronto, ya dio frutos en el terreno legislativo, pues la ley bautizada con su nombre, que tipifica como delito las agresiones con ácido, ya fue aprobada en siete estados.
“A mí me gustaría tener el tiempo para poder componer una pieza propia para saxofón que pueda manifestar, quizá en cinco o tres minutos todo lo que pasó en más de cinco años…Creo que el título sería lo que sienta ya al saber a mis agresores sentenciados debidamente, sé que va a haber una sensación y esa sensación va a tener nombre”.
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