En 2014, la justicia cotidiana se incorporó a la agenda pública y por primera vez México discutió sobre el tema. Pero casi una década después sigue siendo limitada.
Escucha este especial con producción de Gabriel Ortiz.
Jennifer Olvera
El 27 de noviembre de 2014, dos meses después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el entonces presidente Enrique Peña Nieto dio un mensaje a la nación en el que anunció reformas constitucionales y legales en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia.
El expresidente informó que impulsaría una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana en el país que, según explicó, un aspecto olvidado, lento, complejo y costoso.
Por primera vez en la historia del país, la justicia cotidiana formó parte de la agenda pública; hubo una discusión nacional en la materia. Pero, ¿qué es la justicia cotidiana?
Escuchamos a Sergio López Ayllón, actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores:
“La justicia cotidiana se refiere a los mecanismos, a los instrumentos, procedimientos, que sirven para dar solución a los conflictos que genera la vida cotidiana, la vida civil. Por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la familia, con las adopciones, con las custodias, con los alimentos, aquella que tiene que ver con las obligaciones contractuales, arrendamientos, con las relaciones de trabajo, con las pequeñas y medianas empresas, incluso aquella con las relaciones entre las personas y un municipio o un estado, con la policía, con los vecinos o con el pago de impuestos.
La justicia cotidiana busca dar solución rápida, expedita a estos conflictos y, con ello, permitir que el tejido social no se deteriore, sino que se fortalezca porque existe certidumbre de que las obligaciones y los derechos se van a cumplir”.
Sin embargo, el acceso a estos mecanismos o instrumentos es limitado, según Sergio López Ayllón.
El Informe de resultados de los Foros de Justicia Cotidiana, presentado por el CIDE en abril de 2015, señaló que uno de los problemas más grandes que enfrenta la sociedad mexicana es la notoria ausencia de condiciones para el cumplimiento de los acuerdos entre las personas. También que la falta de mecanismos efectivos para dar solución a los conflictos interpersonales, así como entre la autoridad y las personas, genera incentivos para la justicia por propia mano, la intervención de terceros que toman beneficio del conflicto o simplemente para dejar a las personas en estado de desprotección.
“Aparte la gente no tiene acceso a estos mecanismos, pero el conflicto existe, entonces tienen que resolver de maneras que no son pacíficas, que no suponen mecanismos de intervención que permitan solucionar de manera ordenada estos conflictos y se transforman en situaciones de violencia y que van deteriorando el tejido social, la vida social. Déjame ponerte un ejemplo: un problema de alimentos, es decir, una persona que fue parte de un matrimonio y que se divorciaron y no pasa una pensión, no pasa una cantidad de dinero mensual para el sustento de los hijos de la familia. Esto genera una situación muy conflictiva, muy penosa, pero como no hay acceso a un mecanismo que permita de manera expedita, sin tantas formalidades, resolver este problema, pues esto acaba convirtiéndose en una situación muy dramática que puede acabar en condiciones de violencia.
“Este es el problema que enfrentamos hoy todavía en nuestro país y que requiere de una gran reforma en el aparato de justicia tanto formal como los mecanismos de solución de controversias alternativos que permitan dar salida a todos estos conflictos y permitan reconstruir el tejido social”.
A casi 10 años del Informe de los Foros de Justicia Social, el abogado asegura que algunos avances han sido la modificación del sistema de justicia laboral y se ha implementado una reforma en materia de procedimientos civiles y familiares.
David Peña, abogado defensor de derechos humanos, añade que, aunque sigue habiendo una sobrecarga al sistema de justicia penal —poco personal para procesamiento de asuntos o, por ejemplo, saturación de cárceles—, también hubo una “despresurización” de ese sistema.
“Sí hubo beneficios digamos para despresurizar la carga que se tenía en el sistema y eso yo creo que lo podrían corroborar con los tiempos que tardan ahora en resolverse los asuntos, en comparación con lo que tardaban antes. Me parece que el tiempo estimado que hoy podrían tardarse los juicios en materia penal es alrededor de tres y cuatro años en términos generales, cuando antes una resolución en términos penales te podría tardar siete, ocho años. Había casos que se podían prolongar 10, 12, 15 años con prisión preventiva sin resolverse en el fondo justo porque se complejizaba y se saturaba el sistema. La justicia sigue sin ser expedita, pero cuando menos ya es un poco menos lenta”.
No obstante, Sergio López Ayllón señala que, aunque hubo resultados de los Foros de Justicia Cotidiana, estos fueron a nivel normativo y no a nivel efectivo.
“Como resultado de los trabajos de consulta cotidiana se reformaron varios artículos constitucionales y se introdujeron algunas cosas muy importantes como fue el cambio en materia de justicia laboral, es decir, ahora los asuntos se resolvieran mediante procesos de conciliación y posteriormente en los tribunales.
“Quizás fue el cambio más importante, pero también se modificó la Constitución para permitir una Ley General de Medios de Alternativos de solución de controversias que se expidió apenas el año pasado, una ley General, en realidad es un código nacional, de nuevos procedimientos civiles y familiares que se expidió también muy recientemente y que van a buscar generar ese resultado, pero apenas está está empezando su implementación, por ejemplo en el Distrito Federal ya está en marcha, pero apenas está sucediendo, no ha pasado en el resto del país. Por eso decimos hoy que el acceso a la justicia sigue siendo una deuda que tiene el Estado mexicano con su población”.
¿Cuáles son los retos para que la población mexicana tenga acceso a este tipo de justicia?
David Peña cuenta que uno de ellos es la cultura del punitivismo, del castigo.
“Es una visión bastante patriarcal en esta idea de decir ‘El Estado, el papá gobierno es el que tiene que castigar y, si no castiga, tolera, permite, consiente’. Uno de los cambios que se tiene que ir impulsando es que la gente pueda tener la capacidad de resolver sus conflictos, de hacer procesos de mediación, de hacer procesos de construcción, de otras medidas que no necesariamente son las punitivas.
“Creo que al final lo que la gente necesita entender también es que hay estas otras medidas de mediación, de conciliación, de reparación del daño. Incluso hay en los procedimientos en la ley, de los Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos, hay la posibilidad de juntas restaurativas. Es incentivar esta capacidad de resolver los conflictos, estos pequeños conflictos, estos pequeños incidentes, en los que no necesariamente tenemos que llegar ni a la vía penal ni a la vía jurisdiccional tradicional”.
Para el abogado, otro reto es la falta difusión y conocimiento de mecanismos alternativos de solución de controversias, de los centros de mediación y conciliación que tienen como finalidad la solución pacífica de conflictos a través del diálogo, previstos en las leyes locales o federales.
La desconfianza en las autoridades, de acuerdo con David Peña, también representa un desafío para el acceso a la justicia cotidiana.
“Ahora en el debate del de la reforma del Poder Judicial justo los jueces se colocan, en términos generales, de acuerdo a la información del INEGI, en el 67 y el 70 por ciento de desconfianza de la gente todos los , seguidos por el Ministerio Público y por los policías estatales y municipales, es decir, que esos alcanzan hasta el 77.8 por ciento de desconfianza.
“Si la gente no confía en la policía, no confía en el Ministerio Público, en las autoridades, no confía en el Poder Judicial, no va a recurrir a ellos, no va a acceder a ellos, no va a confiar en que se puedan resolver los asuntos.Creo que ese sería el tercer gran reto; ir poco a poco recuperando esa confianza perdida que, además, se perdió con justa razón”.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 muestra que, en 2022, se cometieron 26.8 millones de delitos y se denunció el 10.9 por ciento de ellos. De ese porcentaje, el Ministerio Público o Fiscalía inició una carpeta de investigación en 69.3 por ciento. Y del total de las carpetas de investigación, en el 46.1 por ciento de los casos no pasó nada o no se continuó la investigación.
Es decir, el resultado de las carpetas de investigación que derivaron en la recuperación de sus bienes, haber puesto a la persona acusada a disposición de un juez, haber otorgado el perdón o en la recuperación del daño representa el 1.2 por ciento del total de los delitos.
La encuesta estima que, a nivel nacional, la cifra negra corresponde a 92.4 por ciento de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación durante 2022.
Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo, con 31.5 por ciento, desconfianza en la autoridad, con 14.7 por ciento, y trámites largos y difíciles, con 8.8 por ciento.
Al parecer de Sergio López Ayllón, las últimas dos reformas judiciales, la que se hizo en 2021 y la que propone ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, no atienden la justicia cotidiana: siguen siendo reformas que ven únicamente al Poder Judicial Federal.
“Está proponiendo en el nivel federal el cambio de los ministros de la Corte, de la operación de la Corte y del Consejo de la Judicatura, y en materia local, en materia estatal, está proponiendo igual una solución que busca el reemplazo de todos los jueces por nuevos, jueces que puedan ser electos popularmente.
“Si lo reflexionamos un poco, nos podemos dar cuenta rápidamente de que no está atendiendo realmente el problema de la justicia cotidiana, porque únicamente está viendo a los jueces como si ellos fueran el problema. En realidad se trata de un problema mucho más complejo y que tiene que buscar otros mecanismos, además de los judiciales, para resolver la conflictividad social”.
Concluye que no basta con cambiar las leyes, sino que también se deben reforzar los poderes sociales estatales y darles los medios para que las reformas prosperen, para que haya capacitación a jueces y a mediadores.
TE RECOMENDAMOS
Defensores públicos bilingües, por el acceso a la justicia para personas indígenas
