Ambientalistas e impartidores de justicia reconocieron durante la Tercera reunión del Acuerdo de Escazú que el acceso a la justicia ambiental es el mayor desafío de la región.
Jessica Martínez
El Acuerdo de Escazú ayuda a reducir la asimetría de poder en los casos medioambientales, pero las autoridades no saben cómo aplicarlo, concluyeron impartidores de justicia y ambientalistas en el cierre de la Tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP3).
Andrea Cerami, director de Justicia Ambiental y Climática en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, sostuvo que el acceso a la justicia ambiental es uno de los desafíos más grandes que enfrenta la región.
“En el caso del acceso a la justicia es un reto para poder resolver esos conflictos medioambientales, las herramientas que tenemos en el Acuerdo de Escazú en el artículo 8 nos ayuda para contribuir a la reducción de la asimetría del poder que existen entre los diferentes actores en un caso ambiental, y con ello reducir la intensidad de los conflictos socioambientales, los asesinatos y los ataques contra personas defensoras”.
En su participación, Josué Gutiérrez Cóndor, defensor del Pueblo de Perú, expuso que, solo en marzo, 60 por ciento de los conflictos sociales en su país estuvieron vinculados a temas medioambientales.
Por ello consideró necesario fortalecer la garantía del derecho y el acceso a la justicia.
“Ha habido un incremento significativo de este tipo de ataques a las personas defensoras del medioambiente. Desde 2020, no estoy hablando de muchos años atrás, tenemos 20 muertos. […]
Se necesita que no haya impunidad”.
Marcos Uzquiano, guardaparques del Parque Nacional Madidi en Bolivia, expuso que la labor de los defensores ambientalistas no solo se enfoca en protección a la biodiversidad, sino a pueblos vivos.
“Todavía el involucramiento de las autoridades del Poder Judicial, de las autoridades administrativas, no terminan de entender esta importancia.
Es importante que con el Acuerdo de Escazú se pueda divulgar, difundir, capacitar, y hacer todos los procesos necesarios para que estas autoridades reciban capacitación y la transferencia de conocimientos sobre la importancia de cómo aplicamos el acuerdo de Escazú
Esto sucede en el marco de la aprobación del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, por parte de los Estados que integran el acuerdo.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es el primer tratado vinculante ambiental de la región.
Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021. A la fecha, 15 países lo han ratificado, incluido México.
Este año, la Conferencia de las Partes se llevó a cabo del 22 al 24 de abril en Santiago de Chile.
🔶La #COP3Escazú llega a su sesión final🔶
— CEPAL (@cepal_onu) April 24, 2024
Conoce las decisiones aprobadas y escucha las intervenciones finales de los representantes de Pueblos Indígenas, Mesa Directiva del #AcuerdoDeEscazú🌿, del público y de la #CEPAL.
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