La ONU reconoció a México como uno de los únicos países americanos que reconoce expresamente el derecho a la libre determinación de los indígenas.
Georgina Hernández
Aunque ninguna Constitución ha adoptado y aplicado plenamente los derechos de los pueblos indígenas establecidos en tratados internacionales, México y Bolivia son los únicos países de América en reconocer expresamente el derecho a la libre determinación de las comunidades originarias, afirmó el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Francisco Calí Tzay.
En conferencia magistral desde la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, recordó que México reconoció este derecho en la década de los 80 y esa visión permeó en el continente americano.
Pero hay otros aspectos en los que todavía quedan retos. Por ejemplo, en el ámbito del Poder Judicial, las Cortes no deben estar influenciadas por el Poder Ejecutivo en turno y estas deben tener representación indígena.
“Es importante que la composición de las cortes no esté influencia por el poder político en turno, sino que decidan con base en las leyes.
También es importante que los pueblos indígenas estén representados en la composición de los jueces de las cortes. Por ejemplo, en Canadá uno de los jueces es indígena”.
Indígenas deben ser consultados por reformas a sus derechos
El relator de la ONU también reconoció como una buena práctica que se realicen consultas a los pueblos indígenas sobre las reformas constitucionales que trastoquen sus derechos.
Recordó que el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales señala de manera textual que se debe realizar una consulta previa, libre e informada para conseguir el consentimiento previo, libre e informado.
Para avanzar en materia de derechos indígenas, Calí Tzay sugirió que las facultades de Derecho también integren el tema en sus planes de estudio.
Al ser cuestionado sobre los asesinatos de defensores del medioambiente en México, quienes se han manifestado por la protección de sus tierras frente a megaproyectos, el experto urgió a que el Gobierno adopte lo establecido en el Acuerdo de Escazú.
Este acuerdo impulsa el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.
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