Defensores públicos bilingües, por el acceso a la justicia para personas indígenas

Hasta 2022, había 7 mil 500 personas indígenas privadas de su libertad y solo 128 defensores públicos que hablan alguna lengua originaria, lo que dificulta el acceso a la justicia.

 

Escucha a la abogada mixteca Norma González.

 

Georgina Hernández

 

Han pasado 15 años desde que Norma González se integró al Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP). Sin embargo, su pasión por el Derecho la descubrió muchos años antes, cuando de niña encontró una caja llena de libros en su casa y entre estos estaba la Constitución Política de México. Desde ese momento, ella supo que quería ser abogada.

 

En la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca cursó la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, y luego en el Centro de Investigaciones Superiores en Antropología estudió Antropología Social.

 

Norma es originaria de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca y su lengua nativa es la mixteca. Cuando estaba estudiando la carrera, la llamaron para ser parte de la Procuraduría para la Defensa del indígena. Al advertir las múltiples injusticias que hay hacia este grupo de la población, ella junto con un grupo de abogados creó en 2006 la asociación civil Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción.

 

“Cuando empecé a estudiar Derecho, vi que el acceso a la justicia también era carente de intérpretes, carente de defensores y que la justicia estaba siendo muy dura y muy cruel, sobre todo para los imputados indígenas y es cuando me di cuenta que debía comenzar esta línea de trabajo que es la defensa de personas en procesos penales, las personas indígenas”.

 

Fue así que empezó a generar experiencia. Acudía a los juzgados como intérprete en procesos tanto del fuero común como federal. Y también comenzó a representar a personas indígenas.

 

 

Asesoría jurídica en 32 lenguas nativas

 

Todo este camino fue lo que, en febrero de 2009, le hizo cumplir los requisitos para ingresar al Instituto Federal de la Defensoría Pública.

 

Actualmente, ella es una de las 128 personas hablantes de lengua indígena con las que cuenta el órgano del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal para brindar servicios gratuitos de defensa penal y asesoría jurídica en 32 lenguas nativas.

 

“El lado más sensible del Poder Judicial Federal, el lado quizás más humano es el Instituto Federal de Defensoría Pública. Aquí atendemos a todas las personas que requieran nuestros servicios, pero quienes más requieren de nuestros servicios son las personas en situaciones de vulnerabilidad, personas que dice la jurisprudencia de categorías sospechosas y las personas más indefensas han sido las mujeres y las personas de pueblos y comunidades indígenas y una mujer indígena, pues es ahí donde se intersectan dos categorías de vulnerabilidad”.

 

 

 

La importancia de defensores bilingües

 

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, al cierre de 2022, en México había 7 mil 506 personas indígenas privadas de la libertad, de las cuales 16.6 por ciento pertenecían al pueblo Náhuatl; 7.2 por ciento al Tarahumara; 6.8 por ciento al Maya; 6.5 por ciento al Tseltal; y 6.0 por ciento al Zapoteco.

 

Es en este sentido que Norma señala que dos aspectos primordiales para lograr que la gente obtenga su libertad son: investigar y establecer un diálogo en la lengua nativa de la persona acusada de un delito.

 

La defensora señala que sólo de esta forma se puede establecer una comunicación en la que se rompan barreras culturales y las personas indígenas tengan la confianza para contar su versión de los hechos. En consecuencia, las y los defensores públicos, así como las autoridades, pueden hacer una mejor interpretación de la situación.

 

De lo contrario, indica, las personas indígenas no pueden transmitir información que les beneficie y, por tanto, corren el riesgo de ser procesadas y obtener sentencias que las priven de su libertad por varios años.

 

Y aunque Norma señala que ha habido avances en el entendimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, lamenta que, con la actual jurisprudencia, las Defensorías Estatales no consideren como una obligatoriedad y algo imprescindible: el nombrar personas defensoras bilingües; es decir, que además del español, hablen una lengua originaria.

 

“El número sí ha ido en aumento, pero las Defensorías de los estados quizás no están tomando acciones serias al respecto y quizás no está siendo importante la inclusión de defensores indígenas dentro de sus Defensorías y eso sí va en detrimento de los derechos indígenas porque el estándar constitucional dice que debe ser defensor e intérprete con conocimiento de su lengua y cultura. Entonces, ojalá podamos volver de manera jurisprudencial al estándar que establece la propia Constitución”.

 

 

Defensores públicos buscan excarcelaciones de indígenas

 

Sobre el acuerdo firmado en julio de 2022 por el entonces gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el ahora ministro en retiro, Arturo Zaldívar, para que defensoras y defensores públicos representaran a miembros de los pueblos indígenas que enfrentan procesos judiciales por delitos del orden común, Norma explica que este sigue vigente.

 

Precisa que la primera etapa consistió en hacer brigadas a los Centros de Internamiento para detectar posibles casos que después han sido repartidos entre los defensores públicos que están en la sede de Oaxaca.

 

Asimismo, indica que la esencia del convenio es que la participación de las y los defensores públicos sea subsidiaria a las funciones que realiza la Defensoría Estatal, es decir, que el apoyo que brinden esté enfocado, sobre todo, en lograr sentencias absolutorias que den paso a excarcelaciones.

 

“Por ejemplo, yo tengo en específico asuntos donde la prisión preventiva oficiosa ha llevado 22 años y no ha podido obtener una sentencia firme mi patrocinado y ha sufrido este asunto tres reposiciones de procedimiento. Primera reposición porque no tuve intérprete, segunda reposición porque el abogado o abogada que los representó no era una persona titulada. En estas reposiciones de procedimientos ya se llevaron 22 años y la persona privada en su libertad no ha obtenido su libertad y lo que estamos haciendo como prioridad los defensores, es solicitar la revisión de medidas cautelares”.

 

 

Servicios de la defensoría bilingüe en la actualidad

 

Tras 15 años de ofrecer estos servicios, Norma insiste en que, si se hiciera una evaluación de los servicios de la defensoría bilingüe, se podría detectar que esta es más humana y más próxima a la justicia hacia las personas justiciables.

 

Afirma que están en constante capacitación y que, mediante esto, han logrado mejores servicios de defensa para las personas. La estrategia consiste en favorecer su autoinscripción, que tengan intérprete y en el caso de mujeres, alegando por sus derechos con perspectiva de género, e incluso el que no sean procesados y privados de su libertad, sino que puedan salir, y en libertad llevar sus procedimientos.

 

“Yo decía ‘quiero un trabajo en el que asista a las personas y las personas no tengan que desprenderse de lo poco que tengan para cubrir mis servicios’. Y es en la Defensoría donde encontré esta forma de servir de manera gratuita y que las personas se vayan con la satisfacción de que fueron atendidas. Y es por ello que considero que la Defensoría Pública se debe fortalecer siempre, porque se garantiza una mejor justicia”.

 

 

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