La reforma al Poder Judicial genera muchas preguntas de cómo se implementará, pero especialistas consideran que puede mejorar.
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Georgina Hernández
Aunque la reforma al Poder Judicial es polémica, existe unanimidad: el sistema de justicia requiere modificarse. A partir de esto, en los últimos meses se han empezado a ver y discutir diversas propuestas.
La reforma que presentó el pasado 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy específica en dos temas, indica Luis Eliud Tapia Olivares, especialista en derecho penal:
- Que el sistema de elección cambie y sea por voto popular.
- Y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.
Además, destaca que la reforma propone dividir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la del Consejo de la Judicatura Federal. Para el especialista se trata de un acierto por que es necesario separar el órgano que controla el ingreso, la carrera judicial y el tema de sanciones de todas y todos los jueces, del máximo tribunal del país.
Pese a considerar que no es mala idea crear un Tribunal de Disciplina Judicial, sostiene que su ejecución sí podría resultar problemática, porque la iniciativa impide apelar la decisión, lo que en consecuencia violaría el derecho a la doble instancia.
“Tiene causales muy abiertas, como esto del interés público, o sea, que un juez decida contra el interés público puede significar cualquier cosa y eso también genera un riesgo. Ahora, el mismo tribunal que recibe una denuncia, la sustancia, la procesa y toma una decisión, eso tampoco es correcto en un proceso.
Necesita ser un tribunal el que acuse y otro el que resuelva, tiene que estar separado, así como hay una fiscalía que acusa y un juez que resuelve, tiene que haber una característica similar en este tipo de tribunales. La idea fue buena, pero la ejecución fue muy mala y obviamente que quienes formen ese tribunal sean personas electas por voto popular con toda la crítica que tiene ese sistema, también resulta problemático”.
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Tras realizar 15 Encuentros Nacionales en diferentes estados del país, Tapia Olivares considera que uno de los hallazgos más importantes, y no resuelve la reforma, es la lejanía que percibe la gente con las personas juzgadoras. Esto llevó al Poder Judicial a intentar comunicar mejor por qué su trabajo es relevante para el día a día de las personas.
“Ahí es donde creo que el Poder Judicial Federal incluso intenta resolver un problema que no necesariamente le corresponde, porque los poderes judiciales locales no dependen orgánicamente de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación y son los que resuelven por mucho el mayor porcentaje de asuntos legales del país. Entonces de algún modo la Corte, incluso haciendo su mayor esfuerzo como institución, ni siquiera va a poder resolver todos sus problemas porque más bien eso es responsabilidad de cada poder judicial local”.
¿Qué propone la sociedad civil?
Laurence Pantin, directora general de Fundación para la Justicia, afirma que desde la sociedad civil coinciden en que la justicia en el país debe mejorar para hacerla más eficiente y rápida; así como ampliar el acceso a la misma.
No obstante, afirma que en la reforma del presidente López Obrador esto no se ve reflejado. Por ello, junto con otras organizaciones aliadas como Designaciones Públicas, Impunidad Cero y Justicia ProPersona, han alzado la voz para alertar sobre dos riesgos en particular:
- La elección popular para nombrar a las 7 mil 500 personas juzgadoras del país.
- La viabilidad de este proceso, ya que esto implicaría tener a más de 39 mil candidatos.
En este sentido, la sociedad civil propone no aplicar el voto popular para jueces y magistrados federales y estatales, pero que sí mejorar los concursos de oposición.
“Una de las críticas que se hace al sistema actual es que es un poco endogámico, es decir, que siempre son los mismos los que llegan. Abriendo todos los concursos a personas externas al Poder Judicial, un abogado que tenga interés en volverse juez o magistrado, que pudiera llegar de esta manera nos parece que pudiera ser una manera de evitar esa endogamia.
También se podría pensar en ciertas medidas afirmativas para que lleguen personas de ciertos grupos, por ejemplo, personas de origen indígena o afromexicanas, personas de la diversidad sexual, con capacidades diferentes, se podría pensar en maneras de que ellos puedan tener un acceso también a esos cargos”.
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Si la elección por voto popular es un hecho inamovible, entonces, la sociedad civil pide fortalecer los requisitos de elegibilidad para que no se postulen personas que tres años previos a la elección hayan tenido relación política o personal con la Presidencia de la República o gobernadores, hayan sido miembros activos de las Fuerzas Armadas o hayan sido militantes de un partido político.
También consideran vital realizar un examen de conocimientos teórico-práctico, entrevistas públicas y a partir de eso, seleccionar a los mejores perfiles para que los tres Poderes de la Unión escojan a las y los candidatos finales.
Laurence Pantin también sugiere que explica que las sanciones previstas en la reforma por las que ya se prevén en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto debido a que las de la iniciativa son ambiguas y muy generales.
Asimismo, indica que el Tribunal de Disciplina judicial sea una instancia de apelación, es decir, la de segunda instancia y que a otros órganos les corresponda la investigación, sustanciación y resolución de los casos en primera instancia.
“Y finalmente hay otro tema, no se prevé en la iniciativa quién tendría en su caso que investigar y quizá sancionar a esos magistrados del Tribunal de Disciplina, en caso de que se sospeche que incurran en casos indebidos y este es un tema. ¿Quién vigila a los que vigilan? Y entonces nosotros también tenemos ahí una propuesta que dice que podría ser el mismo Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción o se podría pensar en alguna alternativa, pero lo que es muy importante es que se precise que también esos magistrados podrán ser sujetos a investigación”.
Faltan los “cómo”
Eliud Tapia Olivares afirma que la reforma tal y como está queda incompleta, ya que en esta no incluye a las fiscalías ni policías, que son el primer filtro para que un caso llegue ante un juez.
“Necesitan incluirse dentro de la reforma para que sea una reforma de verdad integral a la justicia, el inicio de un proceso penal que son las fiscalías y las policías y eso no forma parte de la conversación. Y ni siquiera el mejor sistema judicial o el mejor poder judicial va a resolver el problema porque de cada 100 delitos que se cometen llegan al despacho de un juez dos o tres.
Entonces, si funcionara perfectamente el Poder Judicial tendríamos resueltos tres casos y 97 todavía quedarían fuera porque ni siquiera llegan al Poder Judicial en el primer filtro que son policías y fiscalías. Así de grave y lo he dicho mucho, así de incompleta es la reforma al sistema de justicia, porque se deja fuera al menos en la parte penal a uno de los elementos fundamentales, que son las policías y fiscalías y las defensorías de oficio”.
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En esto coincide Sandra Serrano García, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Para la especialista el tipo de problemas más cotidianos de la gente no empiezan en el Poder Judicial de la Federación, sino en los locales. La puerta de entrada de esos casos penales son las fiscalías, las cuales, apunta, siguen siendo autoritarias, jerárquicas y responden a intereses de distinto tipo políticos, económicos y de grupos criminales.
Asimismo, refiere que un pendiente para el país es una reforma al sistema de justicia, ya que la iniciativa del presidente López Obrador no está pensada para que las personas tengan mejor justicia, sino para reacomodar y rediseñar a un poder del Estado. En ese sentido, advierte que una de las cuestiones poco discutidas es cómo se implementará la elección popular de magistrados y jueces, incluso aunque esto se haga de manera gradual.
“Pero esta reforma no es una reforma al sistema de justicia, esta reforma es una reforma pensada para el Poder Judicial y los Poderes Judiciales Locales que parece tener muy poco margen de maniobra y por eso me parece que habría que abrir la discusión más pensada a partir de los transitorios y claro que esto no implica que aplaudamos el que sean electos las y los jueces, las y los magistrados y las y los ministros de la Corte, pero si ese es el contexto político, hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible”.
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