La revocación de mandato llegará el 10 de abril después de un largo proceso que involucró al presidente López Obrador, a las y los legisladores, el INE y hasta el Poder Judicial.
Conoce las diferentes etapas que pasaron previo a la jornada de consulta del próximo 10 de abril.
Por Aura García
La revocación de mandato es un proceso inédito con circunstancias políticas y jurídicas excepcionales. Su realización involucra varios actores: un presidente, un árbitro, un juez, las personas encargadas de diseñar las reglas y millones de mexicanas y mexicanos que el próximo 10 de abril tendrán la última palabra.
Hasta hace cuatro años, en el país no estaba contemplada la posibilidad de que la ciudadanía pudiera decidir si el presidente continúa o no con su mandato. Después de un proceso que atravesó por modificaciones constitucionales, jaloneo por recursos públicos y la definición de la pregunta que aparecerá en la boleta, por fin llegó el momento.
Prólogo: Una confrontación de principio a fin
Hay dos actores principales en este proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya administración será evaluada a través de la consulta y el Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de la organización y calificación de la jornada.
Las limitantes de financiamiento, los términos del proceso y la veda que impide al presidente resaltar los logros de su gestión los mantiene enfrentados. Desde ambos lados, acusan boicot a la consulta, cada uno con sus propios argumentos.
Esto fue lo que dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdova.
“Quiénes presuntamente quieren y promueven la revocación de mandato, paradójicamente, son quiénes parecen obsesionados por boicotear el trabajo de organización de este ejercicio: construyendo narrativas falaces y difundiendo noticias falsas. Mentir es engañar y es una manera más de hacer trampa. La gente está cansada de los tramposos. No descarrilen este proceso porque ahuyentarán a la ciudadanía de las urnas.”
Este ha sido el señalamiento constante del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El INE, de manera cómplice, no informa y viola la Constitución de que el día 10 de abril se le va a preguntar al pueblo de México: ¿quieres que siga el Presidente o que renuncie? Pido también respetuosamente a los consejeros del INE que se reúnan y que definan dónde van a estar las casillas, porque las están escondiendo y que haya boletas suficientes. Nada de que ya se agotaron las boletas.”
Capítulo 1. De la idea al papel
Pasaron 465 días para que la revocación de mandato quedara plasmada en el papel. La idea surgió en la campaña presidencial de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador aún era candidato. La idea inicial era realizar la consulta cada dos años, pero finalmente el presidente decidió que si llegaba a Palacio Nacional sería a la mitad del sexenio, cuando sometería su administración a la evaluación de la ciudadanía.
Una vez en la silla presidencial, López Obrador encargó a la mayoría de Morena sacar adelante la Ley Federal de Revocación de Mandato. Los diputados cumplieron con la misión, pero lo hicieron hasta el 7 de septiembre de 2021. Así lo expresó en su momento el diputado Humberto Bernabé, de Morena, uno de los 491 legisladores que votó a favor de la iniciativa.
“El día de hoy, le damos certeza jurídica y política a la ciudadanía a través de la revocación del mandato, mediante un sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; es decir, el pueblo pone, el pueblo quita”.
Con el respaldo de todos los partidos, quedaron definidas las reglas del proceso:
- La petición debe hacerla el 3 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal
- Solo hay una oportunidad para presentar la solicitud. Esto es durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del gobierno del presidente en turno
Los legisladores también definieron la pregunta que dio origen a un nuevo debate.
Capítulo 2. Revocación o ratificación, el debate
¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?
Esa fue la pregunta que finalmente quedó plasmada en la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pero su formulación estuvo rodeada de cuestionamientos, pues la oposición acusó a Morena de cambiar el sentido de la consulta y pretender únicamente que el presidente se mantuviera en el cargo.
El jaloneo inició en el Senado. Una de las primeras versiones la propuso Ricardo Monreal, en julio del año pasado. En ella incluía la frase “que el Presidente concluya de manera anticipada su encargo”. Ésta primera opción no fue del total agrado de Morena y quedó descartada.
La segunda versión desató la polémica. Un ajuste de último momento apostaba a preguntar por “la continuación del Presidente en el Ejecutivo” y los senadores de Va por México amenazaron con judicializar la interrogante.
Tras varios consensos y una encerrona de 15 horas en la Cámara Alta, así como disposición para formular una tercera versión lograron el acuerdo de todas las fuerzas políticas. El Presidente de la Jucopo lo celebró.
“La ley de revocación de mandato, todavía ayer por la tarde la veíamos difícil. Lo saben los coordinadores, que prácticamente nos habíamos puesto de acuerdo sólo para el debate, pensando en que no habría acuerdos, pero cuando se usa la política, la tolerancia y el diálogo siempre se llega a buen término”.
A pesar de la aceptación, un bloque de legisladores no desistió e interpuso en la Corte una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Revocación. El 31 de enero de 2022, inició la discusión de un proyecto que apostaba a declarar inválido el segundo fragmento de la pregunta ya aceptada.
Siete ministros y ministras votaron por modificarla, entre ellos Norma Piña, pero no lograron mayoría calificada. Argumentaron que al permitir que en la boleta se coloque la opción “de la continuidad” se desvirtuaba el objetivo original.
“La revocación de mandato no tiene como finalidad constituir una nueva elección ni un proceso de ratificación ni recabar un voto de confianza a la gestión de los funcionarios electos. Ni puede regularse con esos fines o con otros que puedan afectar negativamente a los procesos electorales, pues ello desnaturalizaría la justificación de la figura y sería contraria a la regulación constitucional de la misma.”
Al final, la pregunta no sufrió cambio alguno. El ministro presidente Arturo Zaldívar fue férreo defensor de mantenerla como estaba.
Capítulo 3. Firma aquí, firma allá
Una firma, dos, tres, cuatro, dos millones 758 mil. Ese fue el umbral mínimo requerido para poder echar a andar el proceso. Los apoyos tenían que ser validados por el INE en una etapa que también enfrentó cuestionamientos.
El organismo determinó que sólo en 204 municipios de alta marginación era válido usar formatos físicos para recabar las firmas y en el resto del país estableció que debía utilizarse una aplicación móvil. El acuerdo fue impugnado por Morena, y el Tribunal Electoral resolvió que los formatos físicos y digitales podían emplearse en todo México para garantizar la máxima participación. Habla el magistrado José Luis Vargas.
“Me parece que la ley Federal de Revocación de mandato es clara y expresa y si bien el INE tiene la potestad de interpretar, no (puede hacerlo) contrario a ley. Aun cuando evidentemente por la facilidad técnica y la precisión, pues pueda fomentar más el uso de la aplicación, no se puede restringir el hecho de que los formatos impresos únicamente se permitan en municipios de alta marginación, porque eso nos conllevaría un segundo problema.”
Esta resolución provocó también ajustes al calendario, lo que incluyó la celebración de la consulta originalmente programada para el 27 de marzo. Finalmente, se movió al 10 de abril.
Capítulo 4. Hacer más con menos, la pelea por los recursos
El 17 de diciembre de 2021, los consejeros del INE, entre ellos Claudia Zavala, alegaron un déficit de 2 mil 300 millones de pesos en su presupuesto y aprobaron posponer la organización de la consulta, con el argumento de que estaba en riesgo su legalidad.
“¿Cómo el INE va a poder realizar todos los actos a partir de enero o a generar los compromisos de gasto, si tiene la plena certeza de que no hay los suficientes recursos para asumir todos los compromisos que se requieren? ¡No lo podemos hacer!”
La respuesta de Morena no tardó en llegar. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, acusó que el acuerdo era ilegal y presentó una controversia en la Corte. Además, denunció a 6 de 11 consejeros electorales ante la Fiscalía General de la República por los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.
“En la demanda planteamos que el INE está invadiendo competencias del Congreso de la Unión y de la Cámara Baja, particularmente por lo que hace a la facultad legislativa y la facultad presupuestal. Asimismo, que está violando derechos humanos que tienen que ver con la participación de la ciudadanía en el proceso revocatorio”.
Cinco días después, la Corte suspendió los efectos del acuerdo y ordenó al INE continuar con la organización de la consulta con los recursos disponibles. El Tribunal Electoral también intervino a raíz de un recurso que presentó la Consejería Jurídica de la presidencia. Los magistrados le dieron la razón al gobierno federal, pero exhortaron a la Secretaría de Hacienda a responder si podía hacer una extensión presupuestal.
Al final, el INE no obtuvo los recursos, lo que lo llevó a hacer ajustes en la organización del proceso: recortó el número de casillas, cambió la calidad del papel para las boletas, reutilizó material de la elección de 2021 así como la tinta indeleble y redujo los insumos para sanitización por Covid-19.
Capítulo 5. Defenderse o no, esa es la cuestión
66 días de silencio gubernamental. La veda electoral que enmarca el proceso confrontó una vez más al presidente y a Morena con los consejeros del INE, quienes han argumentado en su defensa que fue el Congreso y no ellos quien puso las reglas.
Y como encargados de modificar las normas, aprovechando su mayoría, los diputados de Morena y sus aliados hicieron nuevos ajustes.
A la mitad del proceso, aprobaron un decreto que abría la puerta a las y los funcionarios para promover los logros de la actual administración, así como la revocación de mandato aún en periodo de veda.
“Es realmente algo trascendente, que va más allá de las banderillas partidistas o de las fobias y qué bien que ahora se hace esta reforma para que todos podemos hablar de esta consulta. ¿Qué estaba haciendo el INE? Callando. Está actuando de manera antidemocrática y conspirando contra la democracia.
El INE y el Tribunal Electoral hicieron su propia interpretación del decreto. Dijeron que no es aplicable al actual proceso de revocación y que contraviene las disposiciones constitucionales en materia de propaganda electoral. La oposición también se inconformó y presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.
Mientras las controversias se resuelven y la revocación se acerca, los funcionarios de Morena se excusan en el decreto para promover la revocación, a lo que el INE responde con sanciones.
Para Javier Santiago Castillo, exconsejero del INE e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), los desencuentros políticos que surgieron a raíz del ejercicio de democracia directa tienen su origen, en mayor medida, en una Ley Federal de Revocación de Mandato mal diseñada.
“La normatividad que regula la revocación de mandato es defectuosa, muy defectuosa, inconsistente y llena de vacíos. Los procedimientos para la organización no están claros, los tiempos para lo mismo permiten que a dos años de que termine el periodo presidencial pueda celebrarse un revocatorio y en este corto tiempo pierde sentido”.
Y no solamente él tiene esta idea, el mismo consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha precisado que la Ley que le dio vida al revocatorio es deficiente y debería permitir al titular del Ejecutivo defenderse y promover sus logros; pese a ello, reprocha que el Congreso desee cambiar las normas a mitad del juego y sin atender el Estado de Derecho.
En un panorama como este se celebrará la primera revocación de mandato en México, las polémicas no se detienen, el conflicto jurídico tampoco, pero el proceso avanza.
El próximo 10 de abril conoceremos el porcentaje de participación y la decisión de la ciudadanía.
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