El Estado mexicano solo aceptó 304 de las 318 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas recibidas en enero.
Georgina Hernández
México solo aceptó 304 de las 318 recomendaciones internacionales relacionadas con desapariciones forzadas, seguridad, impunidad, entre otras violaciones a derechos humanos que recibió en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Las 14 recomendaciones que rechazó están relacionadas con temas de:
- Seguridad
- Acceso a la justicia
- Migración
- Desplazamiento forzado interno.
La delegación mexicana estuvo encabezada por Francisca Méndez Escobar, titular de la Misión Permanente de México ante Organismos Internacionales ubicados en Ginebra, y Joel Hernández, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería.
Hernández afirmó que las recomendaciones fueron analizadas con 49 autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como integrantes de la sociedad civil. Refirió que ante el cambio de gobierno, el próximo 1 de octubre, las 304 recomendaciones aceptadas servirán como una oportunidad para nutrir el diseño de los programas en materia de derechos humanos.
Retiro de las Fuerzas Armadas
Hugo Arreola, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señaló en conferencia de prensa que respecto de la militarización, diversos estados de los 115 que emitieron recomendaciones a México sugirieron el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública.
Sin embargo, lamentó que el Estado mexicano haya sido reiterativo al afirmar que la Guardia Nacional siempre ha estado bajo el mando de una autoridad civil. Solo aceptó ocho recomendaciones sobre este tema.
“Es importante resaltar que, la narrativa del Estado mexicano invisibiliza el tema de la militarización utilizándolo como un subtema del uso de la fuerza, argumentando que es un tema que se encuentra bajo discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto pese a tomar anotación de recomendaciones específicas que hablan de la militarización y de la actuación de las Fuerzas Armadas.
El hecho de que se hayan reconocido o aceptado recomendaciones en materia del uso de la fuerza, más que ser aplaudible, tiene que ser visto con una mirada crítica reconociendo que si se aceptan recomendaciones en esta materia estamos pasando un problema en este tema”
Respecto al tema de espionaje, Arreola también cuestionó la postura de México, porque afirma que en el país no se espía ni se vigila a nadie. Por eso no aceptó la recomendación que solicitaba abordar los casos de vigilancia a la población civil, a través de medios digitales por parte de las Fuerzas Armadas.
Acceso a la justicia y Migración
El Estado mexicano tampoco aceptó las recomendaciones referentes a la eliminación de las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo; la aprobación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno; así como la modificación de la Ley de Migración para suprimir disposiciones que permiten la detención administrativa de personas migrantes.
Dinorah Arceta, del Instituto para las Mujeres en la Migración, detalló que el Estado mexicano argumentó que en el país ya existen disposiciones judiciales que abordan la detención administrativa de migrantes.
Asimismo, la activista lamentó que simplemente se tomará nota de la recomendación que proponía un retiro gradual de la vigilancia de las Fuerzas Armadas en las fronteras. Para Arceta, esto envía un mensaje de que en el país no hay intención de desmilitarizar la política migratoria.
“Se da un mensaje de que no se buscó durante estos seis años y ni se buscará un cambio en el paradigma de la gestión migratoria en México.
Se sigue conteniendo y criminalizando a la migración irregular a través de mantener estos espacios privativos de la libertad que ya hemos documentado desde la sociedad civil por años, que son torturantes, mantienen a las personas incomunicadas e incluso se han llevado a cabo hechos muy graves como lo que sucedió el pasado 27 de marzo del año pasado, donde murieron 40 migrantes en la estación de Ciudad Juárez”.
En este sentido, integrantes del Colectivo EPU pidieron que las recomendaciones aceptadas sirvan como guía para la adopción de políticas y acciones gubernamentales concretas con perspectiva de derechos. Y también surgieron a que se reconsidere la aceptación de las recomendaciones de las que sólo se tomaron nota, ya que, afirmaron, abordan aspectos fundamentales en el contexto actual.
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