Hasta este jueves, 8 personas solicitantes de asilo han sido retornadas por el puerto fronterizo El Paso-Ciudad Juárez.
Redacción IMER Noticias
Fue en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el gobierno de Estados Unidos reactivó el Programa de Protección del Migrante (MPP), conocido como “Quédate en México”.
Hasta este jueves, 8 personas solicitantes de asilo han sido retornadas a esa ciudad fronteriza como parte del programa creado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump.
Los migrantes llegaron a México a través del puerto fronterizo El Paso-Ciudad Juárez y tendrán que esperar en esa zona hasta que sean citados por una corte estadounidense que revisará su petición de protección internacional.
De acuerdo con las medidas acordadas recientemente por ambos gobiernos, los procedimientos deben concluir máximo seis meses después del retorno de un migrante al país.
De acuerdo con la periodista Rocío Gallegos, directora de “La Verdad” en Ciudad Juárez, a los migrantes solicitantes de asilo ya se les aplicó la vacuna contra la Covid-19 y a su llegada a los albergues en territorio mexicano son sometidos a una revisión médica.
Y también por título 42…
Los albergues de Ciudad Juárez prácticamente están saturados debido a que a esa ciudad siguen llegando migrantes que quieren cruzar hacia Estados Unidos.
Además, el gobierno de ese país sigue regresando a migrantes bajo el Título 42, que implica que toda persona que cruce irregularmente a ese país será devuelta a su país de origen de manera inmediata por “razones de salud pública”.
“Hay una gran cantidad de flujo de migrantes en la ciudad y se complica porque se les tiene que dar un lugar donde puedan estar mientras son recibidos por las autoridades, mientras ellos deciden si regresan a su lugar de origen o se quedan aquí.”
Critican reactivación de Quédate en México
La organización Human Rights Watch alertó que la decisión de reactivar el programa Quédate en México en la frontera con Estados Unidos expondrá a los solicitantes de asilo nuevamente a secuestros, extorsión, violación sexual y otros abusos.
Advirtió que, si bien el programa ha sido modificado por la administración Biden, hay pocas razones para creer que las agencias gubernamentales responsables de instrumentar el programa puedan hacerlo de un modo que respete los derechos humanos.
Acusó que las agencias fronterizas, tanto en México como en Estados Unidos, han estado implicadas en abusos que son intrínsecos al programa y siguen actuando con casi absoluta impunidad.
Ari Sawyer, investigadora fronteriza de la organización humanitaria, puntualizó que no hay forma de que un programa diseñado para postergar el derecho a solicitar asilo obligando a las personas a esperar en sitios peligrosos pueda operar de modo que respete sus derechos.
“Los gobiernos de Estados Unidos y de México deberían dar marcha atrás de inmediato”.
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