En 2024, 25 defensores ambientales fueron asesinados en México: informe

El informe sobre agresiones contra ambientalistas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental arrojó que en 2024, 25 defensores fueron asesinados en México.

Natalia Matamoros

La titular de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), Mariana Boy se comprometió a intensificar los procesos de consultas comunitarias para evitar que se lleven a cabo proyectos que perjudiquen a los defensores. Así como a recrudecer las acciones penales contra los agresores de las comunidades protectoras de los territorios.

También se comprometió a impulsar la modificación del marco normativo para la protección de quienes defienden al medioambiente y a los territorios, a través de comunidades indígenas, abogados, activistas y periodistas.

«Antes de otorgar concesiones o autorizar proyectos, tenemos que asegurar que se haga esta consulta previa informada. Y bueno, también estamos trabajando en todo el sector en su conjunto en que se hagan evaluaciones rigurosas y serias sobre los impactos ambientales desde todos los estudios que se tienen que presentar para cualquier tipo de autorización y por supuesto que también estamos trabajando para garantizar la reparación del daño en los casos en que se genere». 

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la presentación del Informe sobre agresiones contra ambientalistas ofrecido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). En el documento, según Gustavo Alanis, director de esta institución, fueron documentados 94 eventos de agresión con 236 agresiones específicas en contra de personas defensoras del medioambiente durante el año 2024.

De esa cantidad, 25 fueron homicidios y de estos, cuatro obedecieron a ejecuciones extrajudiciales. También fueron reportadas 27 acciones de intimidación, 23 de hostigamiento, 19 de difamación, 20 de estigmatización. Así como otros 20 actos de criminalización. La mayoría de estos actos de violencia fueron cometidos contra comunidades indígenas y activistas de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz.

En el estudio, explicó Alanis, hubo un incremento en la participación del sector privado en los ataques. Este aumento estuvo incluso por encima de las organizaciones del crimen organizado.

“Diríamos que hay una impunidad casi del 99%. Entonces, me parece que es muy importante que esas omisiones se han mantenido por el tiempo, cambien hacia una acción y a un compromiso para, como decía yo, sancionar, investigar esta situación. En segundo lugar, nos parece que sigue faltando en México el poder construir, implementar y supervisar una política pública integral de debida protección a los defensores ambientales”. 

Acoso y demandas, consecuencias a las que se someten los defensores

Wilbert Nauat Puc, Comisario de la Sierra Santa María Chi de Yucatán, expuso que ha sido víctima de acoso por parte de los dueños de una empresa porcina que opera en la región. La cual ha contaminado los mantos acuíferos y las milpas. También denunció que por esta causa fue demandado penalmente. Y hoy en día cumple una medida cautelar que le impide acercarse a la granja, a pesar de que su vivienda se ubica al lado.

“Si bien nosotros no sabíamos que eran tantas naves y tantos animales allá adentro, esto lo supimos derivado a la protesta que inició en mayo de 2023, derivado a que esta empresa empezó a quemar excretas de cerdo dentro de sus terrenos. Lo cual empezó a llenarse de humo la comunidad y empezó la afectación de derechos a la comunidad.

 

Si no fuera por esa protesta, creo que este nunca nos hubiéramos dado cuenta de de todo lo que ocurría allá adentro y aún siguen saliendo a la luz es anomalías, corrupción, intereses políticos, tanto municipales, estatales, federales”.

Los ponentes manifestaron la necesidad de unir esfuerzos entre las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, activistas y representantes del Gobierno Federal para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. El cual estipula la obligatoriedad de informar a las comunidades sobre los proyectos y su impacto ambiental. Así como brindar protección y mecanismos de acceso a la justicia a los defensores ambientales.