Abel Barrera Hernández reconoce avances del Plan Maestro en Guerrero, pero pide investigar y desmantelar estructuras criminales para garantizar el regreso de familias desplazadas.
Escucha nuestra conversación con Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Laura Velarde
Las comunidades indígenas de la Montaña Alta y Baja de Guerrero enfrentan una crisis de violencia, desplazamiento y abandono institucional, advirtió Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Por lo que reconoció en conversatorio con Alberto Nájar para IMER Noticias, los avances del Plan Maestro implementado por el Gobierno de México. Aunque llamó a profundizar las acciones de seguridad e investigación para desmantelar las estructuras de la delincuencia que persisten en la región.
«El acudir a las comunidades, eso ya es un avance. El hecho también de que haya personal del Estado en seguridad, cuerpos de seguridad, como Guardia Nacional, Ejército, en comunidades indígenas también es muy importante. Lo que sí tememos es que no se profundicen en términos de investigación estas estructuras delincuenciales que se han arraigado en las comunidades. Que no se llegue al fondo, porque eso va a ser el problema».
Además, señaló que la ausencia de autoridades durante años y la falta de investigación de delitos han permitido que grupos de la delincuencia organizada fortalezcan su presencia y control territorial.
«Las comunidades indígenas de la montaña alta y la montaña baja de Guerrero tienen una historia muy larga de violencia a causa de esta ausencia de las instituciones. Los presidentes o presidentas municipales difícilmente visitan estas comunidades. Por otra parte también han dejado crecer los crímenes que han sucedido en la región, no se investigan, la gente pues se siente muy indefensa».
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— Gobernación (@SEGOB_mx) August 17, 2026
Presentan avances del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero
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Barrera Hernández explicó que la violencia ha provocado desplazamientos y afectado actividades cotidianas. Dijo que los grupos criminales controlan caminos, entradas de comunidades y actividades económicas, además de imponer cuotas.
«Ellos recorren los caminos, tienen tomadas las entradas de los pueblos para poder controlar la salida y entrada de las personas, ha habido asesinatos en los caminos, ha habido casos de desapariciones, ha habido enfrentamientos, balaceras y también situaciones muy graves de asesinatos en las carreteras».
El defensor destacó que durante mayo se intensificaron los ataques contra comunidades como Tula y Chicotlán, obligando a familias a refugiarse en el monte, iglesias o abandonar el estado para buscar trabajo en campos agrícolas.
Barrera Hernández señaló que la población desplazada todavía no regresa a sus comunidades debido a la pérdida de viviendas, patrimonio y cosechas. Además de la permanencia de grupos criminales.
«Se tiene que desmantelar las estructuras delincuenciales que se han arraigado en comunidades indígenas. La gente por eso todavía no regresa. Algunos porque perdieron su patrimonio, otros porque perdieron su cosecha. Ellos viven del campo, entonces les destruyeron su poco maíz, chile, frijol».
El defensor sostuvo que garantizar el regreso de las familias requiere recuperar el Estado de derecho y atender las condiciones de seguridad que persisten en las comunidades.
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