La entonces Procuraduría de Justicia de Aguascalientes torturó a al menos 40 personas entre 2010 y 2014, de acuerdo con ONU-DH.
Perla Miranda
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó casos de 40 personas torturadas por la entonces Procuraduría de Justicia de Aguascalientes.
Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la ONU-DH, aseguró que los funcionarios aplicaban prácticas incompatibles con los derechos humanos entre 2010 y 2014.
Este periodo coincide con la justificación del uso del arraigo como un mecanismo para ejecutar y ocultar los actos de tortura y malos tratos.
La investigación de ONU-DH en México documento patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y violencia psicológica.
Durante la presentación del informe Hasta perder el sentido, Guillermo Fernández señaló que en todos los casos encontraron un patrón.
Este consistió en detenciones arbitrarias, traslados y puestas a disposición irregulares por parte de autoridades ministeriales.
La mayoría de las tortura eran cometidas en instalaciones de la Procuraduría estatal, principalmente en la policía ministerial, con la finalidad de obligar a las personas a firmar documentos.
Fernández Maldonado lamentó que el Estado no haya garantizado una buena procuración de justicia.
“Los actos de tortura y malos tratos ocurridos en Aguascalientes en ese periodo, siguen sin ser atendidos debidamente. Las afectaciones perduran, los responsables no han rendido cuentas y las víctimas aún no reciben una reparación integral y proporcional a su sufrimiento. El tiempo transcurrido no resta ninguna relevancia a los casos. Por el contrario los hace más preocupantes y requieren de la atención inmediata de las autoridades de Aguascalientes”.
Las recomendaciones de ONU-DH
La ONU-DH recomendó al Congreso de la Unión derogar la figura del arraigo en la Constitución, eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa, pues es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.
A la Fiscalía General de Aguascalientes pidió investigar los actos de tortura documentados y determinar responsabilidades penales y administrativas en contra de los funcionarios implicados.
En tanto, al gobierno de Aguascalientes solicitó promover y aplicar las medidas necesarias para fortalecer la independencia y capacidades de los defensores públicos.
Además, reforzar las instituciones de atención a víctimas diseñar una política integral de reparación de personas sobrevivientes de tortura.
El representante de ONU DH recordó que el informe no es un ejercicio académico, sino un apoyo para que las autoridades cumplan con sus obligaciones.
“Parte del enfoque de Derechos Humanos es preguntarse por qué dentro del estado no está cumpliendo determinada obligación. Por eso tienen que realizarse análisis integrales, de poco sirve de que existan recursos y que existan capacidades, exista formación e instrumentos como protocolo de Estambul si no hay voluntad política. La voluntad política desde las altas autoridades es el punto de inicio que puede hacer un cambio en la vida de las personas”.
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