El 24 de abril de 2007, por primera vez el aborto quedó despenalizado y se convirtió en un derecho, a pesar de ello, aún quedan pendientes.
Georgina Hernández
Con 46 votos de las y los legisladores de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 24 de abril de 2007 la capital mexicana se convirtió en un gran referente no sólo por avanzar en el derecho al aborto en el país, sino también en la región de América Latina y el Caribe, que abrió el camino a la denominada Marea Verde.
La votación, que significó un hito en la historia de las mujeres en México, avaló la reforma para despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. Y, además, estableció la obligación de contar con servicios gratuitos, seguros, informados y libres de discriminación.
Personas defensoras, acompañantes y activistas coincidieron en que esta fecha es para celebrar los avances en la materia. Asimismo, indicaron que, a 18 años de establecer este derecho en la ciudad, también se rompió con el mito de que las llamadas “jóvenes irresponsables” eran las que abortaban.
Aidé García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, consideró que, en este recorrido, se ha hecho más conciencia de que se trata de un tema vinculado al ejercicio del derecho para quienes tienen la necesidad de acceder al aborto:
“Hay un tema que en Católicas por el Derecho a Decidir hemos puesto: que el aborto es un dilema ético. Las personas que abortan lo hacen en libertad de conciencia y con una reflexión muy seria. Para quienes han accedido al aborto, nosotras creemos que son personas que se han visto en la necesidad.
Creo que en ese sentido, se han roto con ciertos mitos que dicen que el aborto es para todas las personas, porque es para quienes lo deciden”.
SCJN avala la decisión
El aspecto relevante es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la decisión de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo anterior, al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y sus acumuladas, en las que dejó firme la posibilidad de interrumpir de manera voluntaria el embarazo.
14 años después, el 7 de septiembre de 2021, el máximo tribunal también sentó un precedente al declarar inconstitucional la criminalización absoluta del aborto. También se pronunció en favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
En esa sesión, la SCJN alcanzó una mayoría de ocho votos, lo que significó que las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales, a determinar que son inconstitucionales las normas penales de los estados que criminalizan el aborto de manera absoluta.
Por ejemplo, las normas que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación. O las que sólo prevén la posibilidad de abortar como excusas absolutorias; en esos supuestos, catalogan la conducta como un delito, aunque no impongan una sanción.
Los pendientes
A pesar de estos avances, actualmente hay varios pendientes en la materia. Tal es el caso de la despenalización del aborto voluntario en el Código Penal Federal y en nueve estados, así como el concretar la derogación del aborto voluntario en Ciudad de México.
Brenda Gutiérrez, coordinadora del Fondo MARIA, refirió que en la discusión es importante poner sobre la mesa que, si bien la interrupción legal del embarazo en la ciudad es un avance, en otros estados blindaron sus constituciones para evitar una reforma similar:
“Eso es importante decir porque nos interesaría que 18 años después se puedan pensar los derechos de una manera más democrática en la que todas las personas de un país podamos acceder. Y lo pendiente sería sacar el aborto del Código Penal Federal. Mientras no pase esto, va a seguir habiendo un montón de confusión sobre si se puede, en dónde no se puede, hasta qué fechas, hasta qué semanas.
Y esto es muy importante decirlo porque es complicado. Incluso ahora es un pendiente porque hay que recordar y reconocer que las 12 semanas en que se aprobó el aborto en 2007 fueron quizá en ese momento muy pioneras, pero siempre fueron insuficientes. Actualmente podemos mirar más el impacto de la insuficiencia de las 12 semanas”.
Hoy en día, en más de la mitad del territorio nacional, aseguró, las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen la posibilidad de abortar hasta las primeras 12 semanas de embarazo sin que esto se considere un delito.
Sin embargo, hay entidades donde siguen criminalizando esta práctica y sólo está permitida por alguna de las 11 causas, que podrían ser:
- Si está en riesgo la vida de la mujer o persona gestante.
- Si el feto presenta malformaciones graves que vuelvan inviable su vida fuera del útero.
La mira está en un caso que representó un retroceso: Aguascalientes, donde, en diciembre de 2023, despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas, pero casi un año después, en septiembre de 2024, las y los legisladores retomaron el tema para reducir el plazo a sólo seis semanas.
Cifras relevantes
De acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCM), de abril de 2007 a junio de 2024, se llevaron a cabo 277 mil 268 Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) en el sector público de la capital del país. De estos procedimientos, el 68% corresponden a habitantes de la capital, 28% al Estado de México y 4% a otros estados.
En cuanto al rango de edad, el 50% son mujeres y personas gestantes de entre 18 y 29 años.
Sobre su estado civil:
- 54% son solteras.
- 29% están en una relación de unión libre.
- 12% viven en matrimonio.
Respecto al método que utilizaron, el 80% interrumpió su embarazo sólo con medicamentos.
El organismo capitalino planteó que el desafío que persiste a nivel local, es el incremento en carpetas de investigación por el delito de aborto, ya que, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a febrero de 2025, iniciaron mil 357 investigaciones en agencias del Ministerio Público por la interrupción de un embarazo.
De esta manera, la CDHCM sostuvo que los datos reflejan que la despenalización parcial hasta las 12 semanas de gestación no es suficiente para garantizar plenamente el derecho a la salud y tampoco erradica la criminalización de mujeres y personas gestantes.
Pese a estos desafíos, diversas organizaciones y activistas concordaron en que, a 18 años de distancia, aquella votación de 46 asambleístas inició un camino que se convirtió en ejemplo para todo el país.
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