Por barreras políticas y sociales, 14 estados se mantienen fuera de la olea verde. Activistas analizan los avances y retos para el aborto legal y seguro en México.
Escucha este especial de Georgina Hernández con producción de Jorge Jaramillo.
Georgina Hernández
En México, el aborto está despenalizado en 19 entidades, es decir, aún falta que 14 estados ponderen en sus agendas este tema. Se trata de Sonora, Tamaulipas, Nayarit, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán, gobernados por Morena; Chihuahua, Guanajuato y Querétaro, gobernados por el PAN; Durango, por el PRI y Nuevo León, por Movimiento Ciudadano.
En 2007, Ciudad de México sentó un precedente que ha sido seguido por otras entidades. Y de hecho, este 2024 ha sido un parteaguas para la marea verde en el país, ya que es el año en el que más estados -siete, hasta el momento- han despenalizado el aborto voluntario.
Pese a este avance histórico, Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) afirma que ha faltado voluntad política para que en todo el territorio nacional, la interrupción legal del embarazo deje de ser considerada un delito.
“Además, en los últimos años, a partir de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde septiembre de 2021, los criterios y argumentos jurídicos ahí están, ya no es únicamente que organizaciones nacionales como GIRE u organizaciones locales y colectivas estemos exigiendo este mínimo de regulación en el país, sino que hay también ya un análisis, un criterio jurídico emitido por el Máximo Tribunal de este país. A mí se me antoja que más allá de cuestiones técnicas en estos estados lo que ha faltado ha sido ese empujón de voluntad política”.
Las sentencias a las que se refiere Rebeca son las del 7 septiembre de 2021, cuando por primera vez y de manera unánime, el Pleno de la Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto, al invalidar disposiciones del Código Penal de Coahuila que sancionaba el aborto en cualquier momento de la gestación.
Asimismo, al fallo dado a principios de 2022 por la Primera Sala, la cual resolvió que se dejaran de aplicar los artículos del Código Penal de Aguascalientes que regulaban el delito de aborto autoprocurado y consentido, así como eliminar las barreras para el acceso por riesgo a la vida y por violación.
Y también a la sentencia emitida en septiembre de 2023 por la Primera Sala, la cual determinó que era inconstitucional el sistema jurídico que penaliza esta práctica en el Código Penal Federal y que la criminalización viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Los casos de Nayarit y Yucatán
En Nayarit y Yucatán ya hay órdenes judiciales que están exhortando a los Congreso Estatales a que despenalicen el aborto.
El 1 de agosto, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito ordenó al Congreso de Nayarit anular las disposiciones que penalizan el aborto en la entidad. Esto a partir del amparo 1447/2023, presentado por GIRE, Redefine del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y Aquelarre Púrpura, en contra del Código Penal del estado y en línea con las decisiones del Máximo Tribunal.
Y el 21 de agosto, la Primera Sala de la Corte no sólo concedió un amparo a la Asociación Civil Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, sino que ordenó la derogación de los artículos del Código Penal de Yucatán que criminalizan el aborto.
Pese a esto, en ambas entidades ha habido una falta de cumplimiento. En este sentido, Cristina Santana, coordinadora de REDefine en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, coincidió en que en algunos estados hay falta de voluntad política ante los amparos ganados por organizaciones.
“Lo que sabemos es que cuando ya hay un amparo que está exigiendo que despenalice a través de un amparo que se ganó, es que si no lo hace, si lo omiten, hay consecuencias para las personas que trabajan en estos Congresos y pueden ser de diversas índoles, desde multas, destituciones de cargos e incluso aunque dejen el cargo van a seguir cargando la consecuencia legal de ello. Pero más allá de todo esto y las acciones de litigio que se han realizado, ya la Corte con lo que ya ha dicho, con las sentencias que ha resuelto, ya da un marco muy amplio y muy sólido para que el resto de los Congresos hagan su trabajo y despenalicen el aborto, es un asunto ya impostergable”.
Un mosaico heterogéneo
La NOM-46 obliga a que en todo el país se brinde el acceso al servicio de aborto en caso de violencia sexual. Por otra parte, en más de la mitad del territorio nacional, las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen la posibilidad de abortar hasta las primeras 12 semanas de embarazo sin que esto se considere un delito.
Además, hay estados donde esta práctica sigue siendo criminalizada y sólo está permitida por alguna de las 11 causales como el que esté en riesgo la vida de la mujer o persona gestante o que el feto presente malformaciones graves que hacen inviable su vida fuera del útero.
Actualmente, entre las entidades que han despenalizado el aborto hay un caso que ha representado un retroceso. Se trata de Aguascalientes donde, en diciembre del año pasado, se había despenalizado el aborto hasta las 12 semanas, pero apenas en septiembre, las y los legisladores retomaron el tema para reducir el plazo a sólo seis semanas.
Cinthya Ramírez, oficial de Movilización Social e Incidencia en la organización Católicas por el Derecho a Decidir, indicó que si bien esto significa un paso hacia atrás, no se debe dejar de reconocer la lucha en la entidad.
“Recordemos este retroceso que hubo en Aguascalientes hace unos meses, también derivado de estos grupos antiderechos que han tratado de llevar para abajo iniciativas de la despenalización del aborto. Al menos desde Católicas por el Derecho a Decidir sí lo tomamos como un estado despenalizado, creo que eso también es reconocer el trabajo de las compañeras localmente, de cómo se han ido articulando para lograr justamente la despenalización, también lograron ganar amparos y que claro está, es una respuesta como en 2007 cuando se despenalizó el aborto en Ciudad de México y comenzó toda esta ola en los estados por proteger la vida desde la concepción. O sea, claramente se pone a temblar un status quo donde se pone en el centro la decisión de las mujeres, si pueden decidir o no sobre nuestros propios cuerpos”.
¿Y luego de la despenalización?
Las tres activistas entrevistadas para IMER Noticias coinciden en que, si bien la lucha continúa para que el aborto esté despenalizado en todo el país, al menos en un sistema de plazos y causales, todavía hay varios pendientes y retos por los cuáles trabajar en la materia.
Rebeca Ramos, directora de GIRE, señaló que se está ante la oportunidad de capacitar al personal de salud en técnicas y procedimientos más modernos; así como para insistir que el aborto es parte de los servicios de salud reproductiva a los que el Estado ya está obligado a proveer.
“La mayor parte de estos procedimientos se hacen con medicamentos, son ambulatorios, no necesitas camas de hospitales. Yo creo que ahí es muy importante seguir diciendo esto para que no se creen estos pretextos para que las instituciones de salud digan: ‘híjole, no tengo mi presupuesto etiquetado entonces no puedo proveerlo porque no hay fondo‘, cuando son procedimientos que se pueden proveer y que no significan una carga presupuestal importante para las instituciones de salud, y sobre todo, los servicios de salud tienen que trabajar muchísimo en términos del estigma asociado al tema, que ahí haya mucha claridad de las instituciones de salud que esto se trata de servicios esenciales de salud a los que están obligados a prestar en estos plazos y en estas causales y que le den esa claridad también al personal de salud”.
En tanto, Cristina Santana, coordinadora de REDefine en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, indicó que un pendiente es la educación integral en sexualidad para prevenir embarazos no deseados, así como para brindar información sobre acceso a métodos antifecundativos y sobre cómo vivir una sexualidad libre y placentera.
Asimismo, recordó que todavía falta cambiar el Código Penal Federal que hará que instituciones como IMSS e ISSSTE tengan mayor respaldo para poder realizar estos procedimientos sin tantas preocupaciones.
“Por un lado todavía están pendientes que transcurran el resto de despenalizaciones. Ya no se tendrían que poner trabajas porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que el aborto es un derecho que no debe estar penalizado, que penalizar es inconstitucional, por lo tanto se tienen que atender las leyes penales para normalizarlo de esta manera. Faltan cambios legales aún, pero también seguirá faltando garantía en el acceso para que cuando esté este marco de despenalización, pues también la legalización pueda permitir que se garantice a través del sector salud y también pasos importantes será seguir hablando del tema, fomentando la desestigmatización del aborto porque aún vemos que es un tema muy tabú, que genera polémicas, que algunos servidores públicos quieren poner sus creencias personales detrás del servicio, cuando en realidad el aborto se trata de un asunto de justicia social, derechos humanos y salud pública”.
Mientras, Cinthya Ramírez, oficial de Movilización Social e Incidencia en la organización Católicas por el Derecho a Decidir, precisó que un reto importante es descentralizar el servicio del aborto.
“El primer reto es justamente después de la despenalización pues, ¿qué sigue? Que el servicio se brinde justamente en las instituciones públicas, que exista más información, que se descentralice en los estados donde ya se despenalizó porque justamente hay estados donde ya lleva años despenalizado y los servicios están en la capital o los municipios más cercanos, entonces este es un derecho que no todas las personas que pudiesen abortar conocen. Es importante que se siga descentralizando y yo creo que también algo muy importante es que los servicios tengan perspectiva interseccional, saber que las mujeres y personas con capacidad de gestar que abortamos somos diversas porque hay mujeres indígenas, con discapacidad, que nos atraviesan distintas cosas y que es importante que todo esto se enfoque en la política pública para brindar el servicio y que este sea, claro, libre de estigmas. Yo creo que algo que queda como un reto y que seguimos abordando desde las organizaciones, desde las colectivas a nivel a nivel nacional y local, es la despenalización social del aborto, el seguir hablando de aborto y quitando estos prejuicios y estigmas”.
Las tres activistas también coinciden en que, por primera vez en la historia del país, hay una posibilidad real de que el aborto deje de ser visto como un delito, y en su lugar su regulación sea en el ámbito sanitario. Esto tras la discusión que se ha generado en el Congreso de Ciudad de México para eliminar el aborto del Código Penal Local.
Esto iría en concordancia con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual en 2022 recomendó eliminar los obstáculos normativos que impiden un aborto seguro, como la penalización, los requisitos de aprobación de terceros y los límites sobre el momento del embarazo en que se puede realizar un aborto.
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