La fiscalía nacional declaró desaparición forzada a los actos sucedidos en Guayaquil, Ecuador, tras el asesinato de cuatro menores.
Cathleen Velázquez
Este ocho de enero se cumple un mes de la desaparición de Steven, Josué, Nehemías e Ismael, los cuatro menores de entre once y quince años asesinados en Guayaquil, Ecuador, luego de que tras un partido de fútbol, una patrulla militar los detuvo, acusados de robo.
El 24 de diciembre, en plena Nochebuena, los cuerpos de los menores fueron hallados calcinados y con signos de tortura cerca de una base militar aérea, y a 40 kilómetros de donde fueron detenidos.
Tras la recuperación de los restos, el 31 de diciembre, la Fiscalía nacional confirmó que se trató de las cuatro víctimas de desaparición forzada. Después de su identificación, los familiares y amigos de Steven de 11 años, Josué de 14 años, así como de Nehemías e Ismael de 15, se reunieron para despedir sus cuerpos.
Medios locales reseñaron que, durante el acto fúnebre, asistentes protestaron por los hechos con el mensaje “Seguimos siendo maltratados por el sólo hecho de ser negros”.
Acciones legales
Luego de la identificación de los restos, un juez de Guayaquil ordenó la prisión preventiva contra 16 militares de la Fuerza Aérea por su presunta participación en los hechos, quienes inicialmente negaron las acusaciones.
Por su parte, el Ministerio de la Defensa y las Fuerzas Armadas mantuvo su intención de impugnar la decisión de la jueza Tanya Loor, quien declaró que la desaparición forzada de los menores fue bajo responsabilidad del Estado ecuatoriano y ordenó realizar medidas de reparación integral así como disculpas públicas.
El ministro Gian Carlo Loffredo cumplió la sentencia al ofrecer disculpas públicas en cadena nacional, pero también cuestionó lo que consideró “extralimitaciones” por parte de la jueza.
“Dando de este modo cumplimiento a la sentencia, señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política, y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el crimen y refrendó su solidaridad a las familias de los menores. En tanto, la Oficina Regional exigió enjuiciar a los responsables y garantizar la no repetición.
Además, recordó que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños y adolescentes conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño en Ecuador.
Al finalizar la Sesión de la Comisión de Niñez y Adolescencia en la Asamblea, el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Lofredo, reiteró el firme compromiso de: 👇
— Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) December 30, 2024
✅No encubrir a nada ni nadie.
✅Actuar con total transparencia.
✅Seguir colaborando y brindando todas las… pic.twitter.com/xxeZfuaXv8
Como un acto de solidaridad con las víctimas, el Parlamento de Ecuador declaró el 8 de diciembre como Día de Luto Nacional en memoria de los menores.
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