La senadora del PVEM, Virginia Magaña señaló que solo en 21 de las 32 entidades del país cuenta con fiscalías especializadas.
Aabye Vargas
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado presentó una iniciativa para crear Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujer en cada estado de la República.
La senadora del PVEM, Virginia Marie Magaña Fonseca propuso el proyecto de reforma al Artículo 102 y 116 de la Constitución.
“Basta recordar que, de acuerdo con indicadores internacionales, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia en algún momento de su vida. Esto cobra especial relevancia si consideramos que la violencia en contra de las mujeres adolescentes y niñas es una forma de discriminación que impide su acceso a oportunidades”.
La senadora indicó que a pesar de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla la creación de fiscalías especializadas en cada entidad, solo 21 de los 32 estados cumple la ley.
Por esto, propuso la iniciativa para que se eleve a rango constitucional la obligación de las entidades a crear las fiscalías especializadas.
“De acuerdo con el texto que proponemos, estas Fiscalías deberán contar capacitado, muy importante en perspectiva de género resulta fundamental, pues se trata de una visión científica, analítica y política que propone eliminar las causas de la opresión de género”.
La legisladora declaró que la intención es garantizar la justicia con perspectiva de género.
«No podemos seguir tolerando la impunidad. Queremos garantizar justicia con perspectiva de género, para que las víctimas reciban el apoyo necesario y los culpables paguen las consecuencias».
Elevaremos a rango constitucional la creación de Fiscalías Especializadas en cada estado para atender e investigar delitos contra mujeres y niñas.
— Kikis Magaña (@kikismf) October 15, 2024
No podemos seguir tolerando la impunidad. Queremos garantizar justicia con perspectiva de género, para que las víctimas reciban el… pic.twitter.com/gZ3XX3PI1x
La iniciativa fue turnada a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para su análisis y aprobación.
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