La Consejería de la Presidencia advirtió que, de echar abajo las reformas, afectará a cerca de 50 mil trabajadores que mantienen deudas hipotecarias.
Georgina Hernández y Guadalupe Franco
La Consejería Jurídica de la Presidencia solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechar la demanda promovida por senadores en contra de la reforma a diversas disposiciones de la Ley del ISSSTE, aprobadas el pasado 28 de abril.
La Consejería advirtió que, en caso avalar la acción de inconstitucionalidad, cerca de 50 mil trabajadores con deudas hipotecarias al servicio del Estado se verán afectados.
En un comunicado, explicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó esta iniciativa para solucionar el grave problema de endeudamiento de los y las trabajadoras, a través del Programa 60/30, el cual busca liberar a pensionados mayores de 60 años que hayan adquirido una deuda hipotecaria hace más de 30 años.
Para la Consejería, los senadores de oposición que interpusieron el recurso carece de legitimación para reclamar la invalidez de la reforma.
Esto, al acusar que durante las sesiones del 27 y 28 de abril, algunos de estos bloquearon el debate parlamentario, y otros más suscribieron que ni siquiera asistieron a la sesión del 28 de abril.
Por ello, pidió a los y las ministras a “ponderar el daño que ocasionaría a las personas beneficiadas” en caso de que se eche abajo la reforma.
“Ponderar el daño que se ocasionaría a las personas beneficiarias en caso de declararse la invalidez de la reforma a la Ley del ISSSTE por una estratagema de boicot por parte de una minoría legislativa que sólo tiene por objeto paralizar las funciones constitucionales del Senado”.
Los avances del Programa 60/30
Durante la primera semana de la operación del programa “Liquidación 30/60”, el Fondo de Vivienda del ISSSTE otorgó mil constancias de finiquito de créditos hipotecarios y estados de cuenta en ceros para las personas acreditadas de más de 60 años.
El vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, César Buenrostro, explicó que actualmente se tiene información de contacto con cinco mil derechoabientes que podrían ser beneficiarios inmediatos.
Para César Buenrostro, este programa es un acto de justicia social para todos aquellos acreditados y que han pagado hasta el doble del financiamiento adquirido por sus créditos hipotecarios.
Los y las derechoabientes tienen oportunidad de solicitar la condonación de su adeudo hasta diciembre de 2024 y beneficiar a más de los 16 mil derechohabientes.
“El programa es de aquí a diciembre del 2024 y se va ir, gradualmente, incrementando conforme vayan liquidando créditos porque más gente va a llegar al número supuesto de 30 años pagando créditos. Ellos automáticamente se suben a la lista”.
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