EU acusa al gobernador Rubén Rocha y a funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

EU acusa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a nueve funcionarios más de colaborar con el Cártel de Sinaloa en narcotráfico. Además de filtración de información y protección criminal.

IMER Noticias

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, fueron acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas en Estados Unidos.

 

En un comunicado, el Departamento de Justicia de ese país informó que el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, anunciaron hoy la apertura de una acusación formal contra:

 

• Rubén Rocha Moya (gobernador de Sinaloa)
• Enrique Inzunza Cázarez (senador de Morena y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa)
• Enrique Díaz Vega (exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa)
• Dámaso Castro Zaavedra (vicefiscal general de Sinaloa)
• Marco Antonio Almanza Avilés (excomisario general de la Policía de Investigación de Sinaloa)
• Alberto Jorge Contreras Núñez alias “Cholo” (exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa)
• Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa)
• José Antonio Dionisio Hipólito alias “Tornado” (exsubdirector de la Policía de Sinaloa)
• Juan de Dios Gámez Mendívil (alcalde de Culiacán)
• Juan Valenzuela Millán alias “Juanito” (excomandante de la Policía Municipal de Culiacán)

 

 

«Protegieron a los líderes del Cártel de Sinaloa»: Departamento de Justicia de EU

 

Todos los funcionarios y exfuncionarios, incluido el gobernador Rubén Rocha, están acusados de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de “Los Chapitos”, para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.

 

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los acusados presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de Sinaloa de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento. Además de:

 

• Proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar sus actividades delictivas.
• Ordenaron a elementos de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos.
• Permitieron que integrantes del Cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias.

 

A cambio, los acusados ​​recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico.

 

 

Juan Valenzuela Millán está acusado, además, de participar en los secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que derivaron en sus muertes.

 

El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, sentenció:

 

“El Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar.”

 

Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, agradeció a sus socios estadounidenses y mexicanos “que eligen la integridad a diario” y los apoyan para salvaguardar a ambas comunidades.

 

La Embajada de los Estados Unidos en México tomó nota de las acusaciones 

 

En un comunicado, el embajador Ronald Johnson aseguró que combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional “es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México.”

 

Señaló que ambos países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de Derecho. Afirmó también que Estados Unidos mantiene su compromiso con una relación basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho. Por lo que, sentenció:

 

“Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos».

 

 

Tras ser incluido en la acusación presentada por autoridades estadounidenses, el senador Enrique Inzunza Cázarez respondió públicamente y rechazó los señalamientos. Al tiempo, los calificó como un ataque político y a la soberanía nacional. A través de su cuenta de X, expresó:

 

«Hoy, casualmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas. Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia«.

 

 

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó de manera categórica los señalamientos y los calificó como parte de una estrategia con tintes políticos. A través de su cuenta de X, afirmó: