El gobierno federal quiere un juicio político contra un juez cuyas determinaciones facilitaron la liberación de presuntos integrantes del crimen organizado.
Francisco Juárez
El gobierno federal solicitó un juicio político en contra del juez de distrito, Cresencio Contreras Martínez, por presuntamente favorecer la liberación de personas involucradas en el secuestro de 31 migrantes el pasado 30 de diciembre de 2023.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, llevó a la Cámara de Diputados la denuncia para que analice si es procedente y la mande al Senado para proceder con su destitución.
En un comunicado, la dependencia detalló que el juez actuó de manera desapegada a los principios de la Constitución e imparcialidad al favorecer a los presuntos delincuentes.
Además, aseguró que sus determinaciones van en contra del agravio de interés público. Las personas liberadas también están acusadas de tráfico de fentanilo, posesión de armas exclusivas del ejército y cohecho.
Graciela Baez, secretaria General de la Cámara de Diputados, señaló que la Secretaría de Gobernación tiene tres días para ratificar la denuncia para seguir con el proceso.
“Una vez que sea la ratificación lo que procede es que la Secretaría General remita a la Subcomisión de Examen Previo, y también que informemos a los órganos de gobierno que ya fue ratificada esta denuncia y ya los diputados procederán conforme consideren conveniente”.
Cuestionada sobre si existen juicios políticos similares en el pasado, Graciela Baez aseguró que no recuerda casos así, pero podrían existir otros casos en gestiones pasadas.
“No lo recuerdo, pero seguramente que ha habido similares, ha habido gobernadores que lo han hecho, y seguramente antes de mi gestión ha habido casos en ese sentido.”
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