Ricardo Monreal recriminó que Norma Piña no invitará al Poder Legislativo a tener un diálogo sobre la reforma judicial.
Claudia Téllez
Para mejorar la impartición de justicia, se requiere una reforma integral que incluya a las fiscalías, ministerios públicos, tribunales administrativos o agrarios, defensorías públicas, comisiones de atención a víctimas, escuelas y colegios de abogados y la Judicatura Federal, así como a los Poderes Judiciales locales.
Este fue un punto de coincidencia entre algunos ponentes del cuarto foro sobre la reforma al Poder Judicial que se llevó a cabo en la sede del Tribunal de Justicia de Chiapas.
El gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez, pidió revisar la actuación de los Ministerios Públicos. En su opinión, mientras no se ejercite la acción penal o no sé tengan carpetas de investigación bien sustentadas persistirán los problemas en la procuración de justicia.
Otros pidieron reestructurar el Poder Judicial para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se exceda en los alcances de sus sentencias. Además de garantizar la división de poderes y la legitimidad de las personas juzgadoras.
Monreal responde a Norma Piña
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, recriminó que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, solo haya convocado a un diálogo al presidente y a la virtual presidenta electa, y dejara de lado al Poder Legislativo.
“Omitió dirigirse y convocar a quienes nos toca decidir, al legislador. El Poder Legislativo es el órgano reformador y es quien está facultado para deliberar y para, en su caso, aprobar la reforma judicial.
El presidente de la República, al presentar la iniciativa concluyó y agotó su facultad. La presidenta virtual habrá de conducir al país. Y, el legislador ordinario y órgano reformador hará la puntualización en la norma jurídica concreta y habrá de decidir estos y otros temas que hoy estamos dialogando, pero el diálogo aquí está”.
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Monreal también acusó al Poder Judicial de rebasar sus facultades constitucionales e invadir las labores del Legislativo y del Ejecutivo. Por ello, llamó a evitar que la SCJN se coloque por encima de los otros poderes.
En rechazo a esta afirmación, el ministro Javier Laynez dijo que el amparo es control, no solo del poder político, sino de los poderes fácticos.
“La jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data de 2008, fue la primera y fue expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los Parlamentos. En 94, la jurisprudencia 942001 evoluciona para ser respetuosos y decir no cualquier vicio, conste que son leyes que dan los propios Congresos.
No cualquier vicio en el procedimiento legislativo es invalidante, solo tres, votaciones, publicidad y, por favor, que escuchen, que el proceso no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación”.
Laynez expresó sus dudas sobre el proceso de elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, ya que sería una elección de gran magnitud. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la ciudadanía tendría que analizar dos mil 88 perfiles para elegir a 352.
Señaló que en el Poder Judicial hay 55 mil personas y cuestionó si todo está podrido o es conflicto de interés.
En respuesta, el abogado Eduardo Andrade insistió en excesos de la SCJN al resolver recursos relacionados con reformas aprobadas.
“De modo que ese es otro aspecto que debe ser corregido en la academia y en la aplicación de la justicia para evitar este exceso, que efectivamente ha ocurrido un exceso por parte del Poder Judicial”.
Trabajadores del Poder Judicial en Chiapas protestan contra la reforma
Durante el cuarto foro de análisis, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en la sede del Tribunal Justicia de Chiapas. Jueces y magistrados defendieron que eliminar la carrera judicial es una violación a derechos adquiridos.
Tras acusar de censura por cerrarle el micrófono cuando aún no terminaba su participación. Mario Felipe Mata Ríos, juez de Distrito adscrito al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado Chiapas, señaló que el Congreso y el Gobierno Federal ya ejercen un control sobre el Poder Judicial a través del presupuesto y las designaciones actuales.
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Aclaró que el hecho de que los jueces no sean populares no significa que no hagan bien su trabajo o sean corruptos. En todo caso, dijo, el rezago está en tribunales locales o administrativos por falta de recursos.
“Dicen que no les van a violar ningún derecho a los trabajadores de afuera. Pues sépanlo, el principal derecho laboral que ellos tienen es la carrera judicial. Nos dicen que generamos impunidad, cuando lo cierto es que las fiscalías judicializan únicamente el 3% de los asuntos, y lo hacen con gran deficiencia.
Y si bien es cierto que de acuerdo con cifras del Inegi hoy sólo contamos con el 40 % de confianza, dicho porcentaje es superior al que cuentan los diputados, senadores y partidos políticos, órganos que se encuentran en los últimos dos lugares de confianza de la población y que hoy pretenden emitir las candidaturas para ser sujetas a voto popular”.
Deuda histórica
María del Carmen García González, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, admitió que el Poder Judicial tiene una deuda histórica para que la justicia sea pronta, accesible, efectiva, diligente, empática y cercana. Esto, lejos de minar sus cimientos, dijo, se debe fortalecer sus presupuestos.
Señaló que no ve relación entre la elección de juzgadores a través del voto y una administración de justicia que verdaderamente atienda los problemas.
Y ante la posibilidad para que jóvenes con los requisitos mínimos ejerzan la carrera, dijo que no ignora su entusiasmo y frescura, pero los tribunales deciden sobre la libertad, los derechos y el patrimonio de las personas por lo que “sería deseable que esa juventud primero se capacite y adquiriera experiencia que solo lo da el tiempo y después aporte desde su visión”.
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