Científicos y expertos en salud pública de México y Estados Unidos enviaron un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se suman a la petición de niñas y niños mayas que han solicitado la suspensión de una granja industrial de cerdos en el municipio de Homún, en Yucatán porque viola su derecho a un medio ambiente sano.
Juan Carlos Valdés
Decenas de niñas y niños mayas han solicitado desde el 2018 la suspensión definitiva de una granja industrial de 49 mil cerdos en Yucatán porque contamina el agua, el aire y la tierra de una zona ecológicamente sensible en el municipio de Homún en la reserva estatal Anillo de Cenotes.
A esta petición se han sumado esta semana diversos especialistas de organizaciones de México y Estados Unidos con un escrito enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el sustento científico que refuerza la petición de los niños yucatecos.
“Como todas tienen bastantes desechos de orina y excrementos, si comparamos la operación de esta granja de 49 mil cerdos con sus deshechos, son equiparables a ciudades como Tijuana. Todo esto se vierte a la intemperie, al aire libre y muchas veces se permea, el problema también viene porque la península de Yucatán tiene un suelo poroso y con muchos ríos subterráneos y cenotes”.
Alejandro Olivera del Centro para la Diversidad Biológica.
Imagen: Greenpeace México
Uno de los problemas a los que se enfrentan las comunidades, señala Alejandro Olivera, es que los permisos de estas granjas industriales de animales los conceden los gobiernos locales y no el gobierno federal.
“Por primera vez llega un caso como éste a la Suprema Corte y es muy emblemático porque los demandantes son niños y niñas mayas que están exigiendo el derecho humano al agua y de ambiente sanos y lo hacen por la magnitud de los impactos que se generan. Los industriales se amparan con permisos locales y han sido favorecidos por los gobiernos estatales, a esto se suma la falta de inspección y vigilancia principalmente por Profepa y Conagua y por eso hay serios problemas de contaminación”.
Alejandro Olivera. Centro para Diversidad Biológica
Imagen: Yucatán.com.mx
El escrito insta al gobierno mexicano a respetar el derecho soberano de las comunidades indígenas, según la ley, a los derechos humanos básicos, incluida la autodeterminación y la consulta sobre la concesión de permisos y el funcionamiento de las granjas industriales en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde 21 comunidades mayas se han manifestado en contra de la expansión de las mismas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo este caso y lo revisara a finales de año.
