Familiares y representantes de desaparecidos en Chihuahua en 2009, acusan que a 7 años de la sentencia de la Corte IDH, México no ha respondido adecuadamente.
Georgina Hernández
A casi siete años de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en torno al Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, familiares de las víctimas y sus representantes acusaron que el Estado mexicano no ha cumplido con la obligación de identificar a los responsables de la desaparición forzada de tres personas en diciembre de 2009 en el estado de Chihuahua, ni con la búsqueda rigurosa y sistemática de las tres personas.
Este caso se refiere a las desapariciones forzadas de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes. Las cuales se produjeron en el contexto de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua y la lucha contra el crimen organizado en México.
Los hechos ocurrieron en el Ejido Benito Juárez, ubicado en Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009. El Tribunal internacional determinó, en su sentencia que en este asunto hubo participación de agentes estatales. Además, existieron indicios suficientes de que estuvieron involucrados elementos del Ejército.
🔵 El día de hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró la audiencia pública de supervisión de cumplimiento del Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México 🇲🇽.
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) March 27, 2025
Durante la sesión, participó el pleno de la Corte IDH.
Conoce algunos momentos de la audiencia aquí:… pic.twitter.com/VmBHGH4gwZ
Incumplimiento y descoordinación de autoridades mexicanas
Durante la Audiencia Pública de Supervisión de Cumplimiento, María Alejandra Nuño Ruiz Velasco, representante de las víctimas e integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, acusó que las autoridades mexicanas han tenido una actuación descoordinada, desfragmentada y burocratizada en este asunto.
Asimismo, indicó que las más de 25 reuniones que han tenido no han servido para una implementación mínima de la sentencia emitida por el Tribunal internacional en noviembre de 2018 y exhortó a que la búsqueda de las tres personas incluya instalaciones y archivos militares; así como la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Al día de hoy no existe ninguna persona sancionada por la desaparición forzada de las tres víctimas. Sin embargo, reconocemos la coordinación lograda entre esta representación y el Ministerio Público Federal para realizar diligencias que agoten las líneas de investigación y logren llevar a la justicia a los responsables. La estrategia de investigación ha sido concertada con las familias y sus representantes por lo que esperamos que no existan obstáculos adicionales para que la averiguación previa avance. Si ello sucede, existe un riesgo potencial para los sujetos procesales, incluidas las familias”.
¿Qué dijo el Estado mexicano?
En su oportunidad, Jennifer Feller Enríquez, directora general de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería, afirmó que a partir de la fecha de emisión de la sentencia se actualizó a un total de 218 mil militares a través de 238 capacitaciones en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana.
Esto, dijo, ha servido para mejorar la percepción ciudadana de los militares en tareas de seguridad. Asimismo, destacó que mientras en el sexenio de Felipe Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos notificó 7 mil 044 quejas a la Defensa, en la administración de Andrés Manuel López Obrador sólo se recibieron mil 387. Lo que representa una disminución de 80.3%.
Por su parte, Nancy Desiderio Loyola, coordinadora para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, afirmó que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene el compromiso de agotar todas las acciones de búsqueda que permitan dar con el paradero de las víctimas. Adelantó que ya se cuenta con un cronograma de búsqueda para los años 2025 y 2026.
“Debido a la naturaleza pública de esta audiencia y para salvaguardar la información, sólo se compartirá el municipio en que se realizarán las acciones de búsqueda. En abril y mayo de este año se realizarán acciones de búsqueda en el municipio de Nuevo Casas Grandes, mientras que de mayo de 2025 a marzo de 2026 las acciones de campo tendrán lugar en Buenaventura. Se prevé que de abril a mayo de 2026 se lleven a cabo acciones de búsqueda en los municipios de Nuevo Casas Grandes y Janos. Finalmente, de junio a julio de 2026 se pretende agotar el municipio de Janos y Ascensión”.
Asimismo, en cuanto a la obligación de ofrecer una disculpa pública, Desiderio ofreció a los familiares de las víctimas y sus representantes iniciar los trabajos de coordinación para que el próximo mes de noviembre se lleve a cabo este acto.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a que el Estado mexicano informe de manera concreta quién está a cargo de la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Así como si la base está actualizada a la fecha.
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