En el segundo aniversario del incendio que cobró 40 vidas en la estación migratoria de Cd. Juárez, ONGs y colectivos exigen a Sheinbaum justicia.
Natalia Matamoros
Con una flor blanca y fotografías de los 40 migrantes que murieron hace dos años en el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, miembros de diversas Organizaciones No Gubernamentales y colectivos que abogan por los derechos humanos, entregaron un pliego petitorio dirigido a la presidenta, Claudia Sheinbaum. Exigiendo la reparación del daño y que se haga justicia en este caso.
Gretchen Kuchner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, informó que en el documento solicitan que a las 15 mujeres que se encontraban retenidas durante el siniestro, se les consideren como víctimas directas o indirectas.
Informó que la mayoría de los 27 sobrevivientes del incendio no pudieron cruzar a los Estados Unidos y debieron regresar a sus países de origen. En algunos casos no han podido reconstruir sus vidas porque arrastran las secuelas emocionales y físicas de lo ocurrido.
“Ahorita con las 15 mujeres que estuvieron esa noche en la estancia migratoria en Ciudad Juárez, cuando empezó a quemarse, ellas pues pueden ver de los videos públicos que la celda donde estuvieron ellas se llenó de humo. Entonces, ellas empezaron a respirar ese humo y finalmente a ellas las dejaron salir. Sin embargo, no las dejaron ir. Las dejaron salir estuvieron en el patio cuando se estaba quemando sus familiares adentro”.
A la manifestación simbólica también acudió Lorena Cano. Ella es abogada de ocho de las víctimas que murieron en el siniestro. Confiesa que el juez de control que lleva el caso dictaminó que el comisionado del Instituto Nacional de Migración ofreciera una disculpa pública por lo ocurrido y hasta la fecha no se ha concretado.
En el pliego entregado, según Cano, las organizaciones piden además que se apliquen cambios a la política migratoria con enfoque en los derechos humanos, perspectiva de género y de infancias y sin militarización.
“En materia penal, la suspensión condicional del proceso que se le otorgó al Dr. Garduño y Añez, pues de alguna manera lo exime, ¿no? De su responsabilidad. El juez de lo penal consideró que Garduño ya había cumplido con la reparación integral del daño, cuando esto pues no es así. Esta reparación que se otorgó fue por parte del Estado en relación a la recomendación de la CNDH y no en relación con la imputación directa que se hizo por el delito a Garduño y Añez”.
#Posicionamiento #DosAñosSinJusticia
— IMUMI (@IMUMIDF) March 27, 2025
📣 Familias de los migrantes fallecidos y sobrevivientes llaman a @Claudiashein @FGRMexico @CEAVmex @INAMI_mx a garantizar justicia y reparación integral del daño a dos años del incendio en la estancia migratoria de #CiudadJiárez pic.twitter.com/WxWUOYv09x
La realidad sin ellas y ellos
Por su parte, Yésica Núñez, quien labora en el área de derecho migratorio mexicano, expresó que durante la actividad aprovecharon la oportunidad para leer las cartas públicas de los familiares de las víctimas. Quienes manifestaron que lo ocurrido fue un parteaguas. Sus vidas no son las mismas desde aquel día, y sufren cuadros depresivos y crisis de ansiedad.
En las misivas solo piden que quienes buscan un futuro mejor en otras tierras no sean tratados como delincuentes y se les brinde la oportunidad de construir un futuro próspero. Ellos solo quieren trabajar.
“Después de los sucesos para ellos el intentar, pues adaptarse nuevamente a la vida que ya les tocó vivir, les cuesta mucho en temas de salud, acceso a incluso alimentos, ¿no? Que de pronto pues también si esa persona que perdieron representó como un ingreso o era parte del poder tener una vida estable, no lo es.
Entonces es volver a adaptarse. Muchos de ellos, incluso hay algunos familiares que tienen enfermedades graves y que por ese tema no han podido atender ese el aspecto de la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen los recursos incluso”.
Los manifestantes expusieron que el incendio del 27 de marzo de 2023 es un recordatorio de las consecuencias de un sistema migratorio que falla en proteger a quienes más lo necesitan y que exige un cambio profundo en las políticas migratorias regionales que deben estar basadas en el respeto a los derechos humanos y la protección de los más vulnerables.
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