El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, informó que hay 14 carpetas de investigación abiertas en torno a las tomas de las presas El Granero, Las Vírgenes y La Boquilla.
Adriana Flores
Detrás del acaparamiento de concesiones y las protestas de agricultores en Chihuahua que se oponen a la entrega de agua a Estados Unidos hay una red de empresas, políticos y hasta integrantes de organizaciones criminales, denunció el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía.
En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el funcionario expuso una serie de diagramas para mostrar los vínculos entre los concesionarios de agua y las protestas. Uno de los grupos es el de la familia Urionabarrenechea, ligada al ex gobernador del PRI, César Duarte y a funcionarios de su administración. Otra familia es la del sector cebollero, Porras Muñiz, vinculada a políticos del PAN en Delicias.
De acuerdo con la información mostrada por Mejía, estos grupos estuvieron juntos durante la inauguración de una planta tratadora de aguas en Delicias, el año pasado, a la que asistieron el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, los ex mandatarios, José Reyes Baeza y Fernando Baeza Meléndez y Carlos Cuevas Abundis, detenido por asesinato y con vínculos en la delincuencia organizada.
El funcionario relató que el gobierno decidió que la mesa de seguridad se realizara sin la presencia del gobernador Corral, luego de que el 3 de diciembre del año pasado firmó, junto a la Secretaría de Gobernación y los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila, un acuerdo en el que se comprometieron a cumplir el Tratado de Aguas de 1944.
Mejía informó que hay 14 carpetas de investigación abiertas en torno a las tomas de las presas El Granero, Las Vírgenes y La Boquilla, en Chihuahua y otra de la CFE, por sabotaje y destrucción de hidroeléctrica en la presa la boquilla, donde se registraron daños por más de 100 millones de pesos. Añadió que el gobierno mantiene el despliegue de seguridad en el estado, con unos seis mil elementos. Por ello, hizo una exigencia al gobernador.
Por su parte, la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, detalló que el acuerdo binacional obliga a México a entregar un promedio de 430 millones de metros cúbicos cada año, mientras que Estados Unidos entrega mil 850 millones. El agua proviene de seis afluentes, cuatro en Coahuila, uno en Tamaulipas y otro, el del Río Conchos, en Chihuahua. Esta entidad debe aportar 54.1 por ciento de las aportaciones, pero este año, solo ha entregado 46 por ciento. Los otros estados tuvieron que aumentar su cuota.
El incumplimiento del tratado provocó la queja del gobernador de Texas, Greg Abbot, quien el pasado 15 de septiembre le envió una carta al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre este problema.
Previamente, en mayo, el gobierno estadounidense expresó su preocupación en torno a este tema y el 9 y el 17 de julio, la comisión internacional de Límites y Aguas emitió boletines al respecto. Si México no cumple, está en riesgo de enfrentar sanciones por parte del país vecino o incluso, de que se tenga que renegociar el tratado, advirtió Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En medio del conflicto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cambios en subdirecciones de Conagua con los que, dijo, busca evitar que continúen los problemas en torno al cumplimiento del tratado de aguas.
Los nuevos funcionarios son: Aarón Mastache, en Infraestructura Hidroagrícola; Elena Bours, en Administración del Agua; Germán Martínez Santoyo, en Administración; Jacinta Palermo Viqueria, en la subdirección general técnica; José Antonio Zamora, en área jurídica; y José Mario Esparza, en Agua Potable y Saneamiento.
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