La organización enfocada en los derechos humanos cuestiona el poder que el presidente López Obrador le está dando a las Fuerzas Armadas en el país.
Montserrat Sánchez
A pesar de las promesas del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador de regresar las Fuerzas Armadas a los cuarteles, en México tanto el Ejército como la Marina cada vez tienen mayor número de tareas a su cargo.
En 2012, cuando López Obrador contendía por segunda ocasión por la elección presidencial de la mano con el PRD, el candidato se comprometió a regresar a sus cuarteles al Ejército en seis meses si ganaba la elección federal del próximo 1 de julio y además, anunció la creación de una nueva Policía Federal, pues dijo que solo ésta debía estar a cargo de la seguridad pública del país.
Sin embargo, un análisis de la organización WOLA señala que la desmilitarización prometida no sólo no ha llegado al país, sino que López Obrador mantiene una apuesta en la que su principal actor son las Fuerzas Armadas.
El control a cargo de Sedena, Semar y Guardia Nacional
En julio de 2020, el Presidente entregó a los militares el control administrativo de los puertos y aduanas, según dijo, para combatir el tráfico de drogas y la corrupción.
López Obrador dijo haber tomado esta determinación por “el mal manejo y la corrupción” en las aduanas y “la introducción de drogas al territorio nacional” por los puertos marítimos.
De acuerdo con WOLA, las razones del presidente no son suficientes para justificar tanto poder a las Fuerzas Armadas, pues asegura que ninguna institución puede considerarse incorruptible y añade que sin mecanismos de control adecuados, el hecho de trabajar en contextos que impliquen oportunidades o solicitudes de corrupción aumenta el riesgo de que ésta ocurra.
En 2020 también se anunció la creación de una empresa en manos de los militares para construir, operar, administrar y explotar el nuevo Aeropuerto de Santa Lucía en la Ciudad de México. Así, la organización advierte que el Ejército no sólo construirá la terminal, sino que explotará las operaciones civiles y comerciales mediante una empresa cuya dirección estará ocupada por militares.
Mientras que para el mes de noviembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que los elementos del Ejército y la Marina podrán ejecutar legalmente determinadas funciones de seguridad pública que antes, por definición, eran competencia exclusiva de los policías civiles en México, y que abarcan desde la posibilidad de hacer detenciones hasta supervisar cruces migratorios.
A finales de 2020, otra tarea sería encabezada por las fuerzas armadas, se dio a conocer que la administración y operación del Tren Maya, de Tulum hasta Palenque, que representa tres tramos, además del Aeropuerto de Tulum, el Aeropuerto de Chetumal y el Aeropuerto de Palenque estarán a cargo del Ejército.
La razón de López Obrador fue que el manejo de los proyectos por parte del Ejército sería con el propósito de lograr una buena administración del tren y de los aeropuertos.
Si bien la organización reconoce que las Fuerzas Armadas habían participado en proyectos de infraestructura en sexenios pasados, califica como preocupante que en esta administración estén a su cargo obras prioritarias, pues se debe recordar que bajo el cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional se construyen sucursales del Banco del Bienestar y en días recientes López Obrador anunció que otro megaproyecto, el Corredor Interoceánico, quedaría escriturado a la Marina y a cuatro gobiernos estatales.
El aumento de la violencia
Para la organización, no cabe duda que la presencia de Fuerzas Armadas en las calles es un factor de aumento en la violencia del país.
Según un análisis del World Justice Project basado en los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2016, el 88% de las personas detenidas por la Marina y el 85% de las personas detenidas por el Ejército, de 2006 a 2016, reportaron tortura o malos tratos.
Además, WOLA menciona que las Fuerzas Armadas siguen matando a cuatro o cinco civiles por cada persona civil herida, es decir, el índice de letalidad hoy se ubica en más del 400 por ciento del nivel esperado.
Igualmente desproporcionado resulta el número de personas civiles fallecidas frente al personal militar fallecido: según datos oficiales de la Sedena, obtenidos por la organización Intersecta, en 2020 perdieron la vida 237 civiles en encuentros con la Sedena, frente a seis elementos militares.
Tan sólo en el primer trimestre de 2021, la Guardia Nacional y Sedena fueron las instituciones más señaladas por malos tratos y cada una motivó más de una queja por día en promedio.
Otra prueba del aumento de la violencia es que, durante 2019, cifras oficiales detallan que en México se registraron 52 mil 402 carpetas de investigación por homicidio y para 2020 un total de 51 mil 428. Para el primer trimestre de 2021 se han registrado 12 mil 779.
En el caso de las desapariciones, la Comisión Nacional de Búsqueda reporta que en 2019 se tuvo un registro de nueve mil 236 personas desaparecidas y no localizadas, para 2020, 8 mil 347, y en lo que va de 2021 un total de 2 mil 184.
Uno de los casos en los que se ha comprobado la relación con las Fuerzas Armadas fue en octubre de 2020 cuando seis integrantes de la Guardia Nacional fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de una mujer que se manifestaba en la presa La Boquilla, en Delicias, Chihuahua, en septiembre pasado.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que las seis personas detenidas fueron puestas a disposición de un juez de distrito en Chihuahua y se les imputaron “delitos contra la administración de justicia, homicidio calificado y tentativa de homicidio”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no encubrirá a nadie y que la instrucción desde el principio del caso fue investigar y sancionar a los responsables.
Sin embargo, mientras el presidente se compromete a no caer en la impunidad, una investigación de Animal Político revela que la Secretaría de Marina reservó por cinco años la hoja de servicios de mandos vinculados a la desaparición y posible ejecución extrajudicial de 47 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre enero y junio de 2018.
Cese a la militarización
Uno de los casos en que la organización manifiesta su preocupación fue en la reciente liberación del ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 en Estados Unidos bajo acusaciones de colusión con un grupo delincuencial.
De acuerdo con la organización, el presidente López Obrador desplegó esfuerzos inéditos para trasladar a Cienfuegos a México y así la Fiscalía General de la República lograra cerrar la indagatoria en su contra, sin haber esclarecido los hechos.
En el análisis, WOLA advierte que si bien México no ha sufrido ningún golpe militar, el peso de las Fuerzas Armadas mexicanas dentro y fuera del ámbito de la seguridad puede significar que no hace falta un golpe de estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder.
Para lograr revertir la presencia de las Fuerzas Armadas que ha prevalecido en los últimos 15 años, la organización resalta la necesidad de tener en cuenta que ningún despliegue de fuerzas será suficiente para revertir la violencia mientras actores del Estado se encuentren entre los cómplices de las redes criminales.
Además, hace un llamado a priorizar la reforma para mejorar a las corporaciones civiles, así como en el avance en la investigación de los fenómenos delictivos, y cero tolerancia a las violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones encargadas de velar por el estado de derecho.
