Roberto Montoya murió huyendo de ICE en California; su familia exige justicia ante la impunidad y negligencia en la detención de migrantes.
Escucha este especial con producción de Gabriel Apolinar
Natalia Matamoros
La última llamada que Ana Victoria recibió de su padre Roberto Montoya fue la noche del 14 de agosto de 2025. Le confesó que no se sentía a gusto en los Estados Unidos, que vivía con miedo de salir a trabajar porque en cualquier momento lo podían arrestar. Le dijo que iba a permanecer unos meses más para reunir un dinero extra y así regresarse a Guatemala y montar su negocio.
Horas después de esa conversación Roberto se levantó temprano para ir a una tienda de venta de materiales de construcción en Monrovia, California. No estaba solo, iba acompañado de otro grupo de migrantes que diariamente se paraban frente al negocio a buscar oportunidades de trabajo. Él se ganaba la vida haciendo trabajos de mantenimiento y jardinería.
Mientras esperaba una oportunidad laboral, llegaron patrullas del Servicio de Inmigración. Él junto a otros compañeros corrió para evadir la detención y en ese intento fue embestido por un vehículo en la carretera Interestatal 210. Murió a las pocas horas.
Un intento por escapar
Roberto solo quería trabajar para apoyar a su familia en Guatemala, cuyos integrantes quedaron a la deriva porque él era el sostén del hogar. Él no era un delincuente. Así lo expone su hija Ana Victoria, quien solo ha recibido el apoyo de organizaciones civiles para que la muerte de su padre no quede impune.
“Nosotros allá no tenemos a nadie, mi papá allá estaba solo. A nosotros la asociación nos ayudó con la repatriación. De hacer un Gofundme y con esos fondos cubrir los gastos de la repatriación. En cuestión legal, nos ofrecieron apoyo, representarnos legalmente porque no tenemos a nadie que pueda representarnos como familia”.
Han transcurrido siete meses del accidente y hay videos que registraron la violenta persecución de los agentes de ICE y que minutos antes del accidente, según el testimonio de Ana Victoria, Roberto fue golpeado, pero las investigaciones están estancadas. No se han impuesto sanciones a los involucrados que siguen deteniendo a inocentes. Tampoco hay garantías de no repetición, ni reparación del daño.
“Lo que me han informado es de que ellos están buscando todavía las evidencias porque de parte de ICE dicen que ellos no hicieron operativos ese día, pero sí fue así porque están los videos de las personas que estaban grabando y están los videos de otros circuitos cercanos en grabaciones. Están en esa situación analizando las evidencias que tienen para determinar que realmente los de ICE sí tuvieron culpa”.
Muertes que no son aisladas
La muerte de Roberto no es un caso aislado, forma parte de una serie de fallecimientos ocurridos en medio del endurecimiento de las políticas migratorias de la gestión de Donald Trump.
Según un informe estadístico que maneja la Red Nacional de Jornaleros en lo que va del segundo mandato de Trump han muerto 42 migrantes. De esa cantidad, 7 han perdido la vida en operativos persecutorios desplegados en diversas regiones del país como el caso de Roberto. Los 35 restantes murieron en centros de detención y en hospitales de California, Illinois, Georgia, Texas, Arizona y Florida.
El 95% de las muertes reportadas en los centros de detención pertenecientes a corporaciones privadas, ocurren por motivos de salud. En algunos casos sus familiares denuncian negligencia, que no fueron atendidos a tiempo y cuando son trasladados a los hospitales es muy tarde, de acuerdo con Palmira Figueroa, integrante de la Red Nacional de Jornaleros.
“Lo que sí sé que hemos visto y estamos experimentando día a día, es que las familias de las personas que apoyamos nos hablan de personas que están enfermas por tres o cuatro días y no pueden ver a un médico o a una enfermera o a un enfermero, a personas que están con situaciones complicadas de salud y no les dan sus medicinas, aunque saben qué medicina es, lo han pedido, tienen una enfermedad con la que entraron desde un principio, lo manifestaron y aun así no reciben la medicación que necesitan para seguir sobreviviendo”.
De los 42 decesos registrados bajo custodia de ICE, de acuerdo con el reporte, 11 son de nacionalidad mexicana. De ellos: Lorenzo Antonio Batres, Oscar Rascón Duarte, Ismael Ayala Uribe, Gabriel García Avilés y Alberto Gutiérrez murieron por problemas de salud.
Algunos se enfermaron dentro de las instalaciones de ICE y presentaron infecciones y trastornos digestivos. Otros murieron por complicaciones derivadas de enfermedades crónicas que padecían y que no fueron controladas como: hipertensión, cáncer, hepatitis C y diabetes.
En el caso de Alberto Gutiérrez, fue detenido en enero de este año por ICE cuando limpiaba un jardín en Adelanto, California. Durante los días que estuvo preso en un centro de detención californiano, su familia fue testigo de cómo su salud física y mental se deterioró por la diabetes y la hipertensión.
Sin embargo, su traslado a un centro asistencial no se produjo, sino hasta que presentó una crisis, de la cual no sobrevivió, según el relato de Adriana Jasso, miembro de la Organización Unión del Barrio.
“La familia se sintió no escuchada, no atendida y desgraciadamente de esa preocupación que empezaron a vivir días antes del que señor falleciera. Con una llamada el centro de ICE les anuncia que fue hospitalizado por un desmayo y posteriormente se anuncia su muerte o fallecimiento”.
Un patrón de muertes que se repite
La muerte de Alberto fue una de las pocas anunciadas de forma oportuna, a través de un boletín de prensa de ICE, pues varios fallecimientos, según Jasso son dados a conocer meses después de haber ocurrido.
“Si es un caso controversial donde se ha hecho presión por alguna de las oficinas de los congresistas o senadores, entonces la agencia da a conocer una publicación sobre el caso en cuestión, pero en la gran mayoría de los casos no se llega a conocer sino hasta meses e inclusive años después del fallecimiento de las personas”.
Para Jasso la falta de cumplimiento de los protocolos de salud relacionados con evaluación médica inicial, acceso a consultas médicas diarias y servicios de tratamiento y atención de enfermedades en los centros de detención han contribuido al deterioro de la salud de los recluidos, lo cual se agrava por la ausencia de evaluación, supervisión y estrictos controles de las visitas en los centros de detención.
La ausencia de controles claros y transparencia en el régimen de visitas dentro de estos centros, dificulta aún más la supervisión de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad, a juicio de Helena Ólea, directora de la organización Alianza Américas.
Esto limita las posibilidades de intervenir de forma oportuna ante emergencias y además dificulta la labor consular que enfrenta obstáculos para brindar asistencia a sus connacionales. Pese a estas trabas, los consulados mexicanos son de los que han brindado mayor acompañamiento a las familias de las víctimas, explica Ólea.
“Ellos apoyan en todas las formas que sea posible, en indagar, en pedir que haya una autopsia, en encontrarles representación legal, en encontrar apoyo psicológico. Si la familia quiere repatriar los restos de la persona fallecida, ellos tienen una ayuda económica para repatriar esas personas”.
Mientras las cifras siguen creciendo, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos exigen el esclarecimiento de cada uno de estos fallecimientos, determinar responsabilidades y garantizar que se cumplan los protocolos de salud y protección a las personas migrantes.
Para quienes perdieron a un ser querido bajo custodia migratoria, la exigencia es clara: que las investigaciones avancen, que no haya impunidad y que estas muertes no vuelvan a repetirse.
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