Juez de Chiapas desestimó la acción penal contra defensores del medio ambiente que se oponen a la construcción de un fraccionamiento.
Víctor Raúl Ramírez
En Chiapas, habitantes de la colonia Maya, en San Cristobal de las Casas, y organizaciones defensoras de la tierra, celebraron que un juez de esa entidad determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente que se opusieron a la construcción de un fraccionamiento en una zona de conservación ecológica, en donde talaron más de 100 árboles.
En conferencia de prensa, Elizabeth Del Carmen Suárez, habitante de la colonia Maya, acogió la determinación del juez. Sin embargo, advirtió que continúan los daños ambientales en el territorio. Asimismo, señalaron que el propietario del fraccionamiento, Óscar Liévano Narváez, incumplió con las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil para evitar que sigan inundándose decenas de casas de los habitantes de la colonia por la tala de árboles:
“Es muy importante señalar que hasta el día de hoy seguimos enfrentando inundaciones que después de este largo proceso queda claro que sí hay delitos que perseguir. También hay un daño ambiental en nuestra montaña que aún no se ha reparado, hay una recomendación de protección civil del Estado, donde emitió puntos para resarcir el daño ambiental y éste aún no se cumple”.
Por su parte, Sergio Hernández, quien también es poblador de la colonia, exigió a las autoridades del municipio de San Cristobal de las Casas y del gobierno de Chiapas dejar de criminalizar a las personas que protegen la tierra y el medio ambiente:
“Financiación que quienes por convicción protestamos por acciones y omisiones de las autoridades que violan los derechos humanos, una revisión exhaustiva hacia “La Moraleja” hay múltiples irregularidades de parte de particulares y autoridades involucradas”.
La organización civil Amnistía Internacional demandó a las autoridades dejar de perseguir a los habitantes de la colonia Maya. De igual forma, atender las recomendaciones para que revisen algunos tipos penales para adecuarlos a estándares internacionales de forma que no sean utilizados en contra de las personas defensoras.
Un caso que llevaba siete años
La Fiscalía de Chiapas acusó a las personas defensoras del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Aunque el proceso penal carecía de pruebas, sometió a las personas defensoras a un desgaste físico, psicológico y económico que duró siete años. Esto desde 2017, fecha en que se emitió la orden de aprehensión en contra de ellas.
Amnistía Internacional documentó el caso de la colonia Maya en el informe México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. El documento dio a conocer que el Estado mexicano hizo uso indebido del derecho penal en contra de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente para inhibir y desincentivar su lucha.
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