Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la CIDH la situación de violencia en Chiapas y la falta de acción por parte del gobierno.
Georgina Hernández
Integrantes de la sociedad civil denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el impacto de la situación de violencia en Chiapas, así como la falta de acción del gobierno ante la disputa territorial entre grupos del crimen organizado en la región fronteriza con Guatemala.
Al participar en la audiencia realizada este jueves, Teresa Baratta, coordinadora de incidencia en la organización SweFor, precisó que desde junio de 2021, un total de 12 municipios se vieron afectados por los hechos de violencia.
Explicó que la disputa entre grupos criminales parece estar centrada en el control de las rutas trasnacionales del tráfico de drogas, armas y personas migrantes entre Guatemala y México. Asimismo, señaló que los conflictos se manifiestan en la multiplicación de enfrentamientos armados, desapariciones, desplazamientos, ejecuciones, masacres, tortura y acciones de violencia político-electoral:
“La estrategia de los grupos del crimen organizado en esta guerra se ha basado principalmente en el control violento de la población civil. Los habitantes son obligados a someterse a uno u otro grupo bajo amenazas de desaparición, tortura y asesinato en caso de resistencia. Existen testimonios documentados de al menos una violación sexual utilizada como instrumento de castigo a una negativa a un intento de reclutamiento forzado.
La imposición de reglas arbitrarias, restricciones a las actividades económicas, extorsiones y la participación forzada de bloqueos carreteros son comunes, lo que lleva a que la población civil sea percibida como asociada al grupo criminal dominante”.
Sin tomar cartas en el asunto
Nataniel Hernández, de la organización Red TDT, sostuvo que esta situación se ha agravado por la omisión de las autoridades para investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en la región.
Indicó que buscaron un diálogo tanto con autoridades locales como federales. Sin embargo, dijo, sólo recibieron la negación y minimización de la violencia en el estado bajo el argumento de que existían pocas denuncias. Por ello, advirtió que dicho subregistro de los hechos de violencia es porque muchas víctimas no denuncian por miedo a las represalias:
“El Estado no ha garantizado mecanismos seguros de denuncia de los crímenes y violaciones graves a los derechos humanos y, menos aún, ha garantizado medidas de atención y reparación para las víctimas. Con relación al anterior punto, destaca la ausencia de condiciones para la denuncia y el registro de casos de desaparición; así como la falta de acciones de búsqueda coordinada de todas las personas desaparecidas.
No se ha reconocido el fenómeno de desplazamiento forzado, ni se han tomado acciones efectivas para identificar, registrar y atender a la población que se encuentra en esta condición”.
Por su parte, Roberto de León, coordinador para Asuntos Políticos y Paz y Seguridad Internacionales en la cancillería, señaló que el gobierno mexicano sí le brinda atención particular al sureste del país. Sin embargo, también reconoció los retos que aún persisten, como seguir fortaleciendo las acciones de atención a la población y prevenir la acción de grupos delictivos y del crimen organizado.
CIDH: no son suficientes los esfuerzos
Andrea Pochak, relatora para México en la CIDH, señaló que desde el organismo están muy preocupados por la situación en Chiapas. Sostuvo que están frente a un problema serio y advirtió que no son suficientes los esfuerzos del Gobierno de México contra el crimen organizado, el cual sigue tomando el control de muchos territorios.
Las organizaciones de la sociedad civil hicieron una petición para que la Fiscalía General de la República (FGR) realice una investigación amplia sobre las redes criminales que generan la violencia en la región, incluidas sus fuentes económicas, para que esto lleve a su desarticulación y desarme.
En noviembre, la CIDH instalará una mesa de trabajo entre gobierno, sociedad civil y la misma Comisión para evaluar nuevamente la situación. Igualmente, solicitaron realizar una visita in situ a los municipios afectados por la violencia.
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