La inseguridad que se vive en el estado de Michoacán obliga a su población a desplazarse o a aprender a vivir en un contexto de violencia.
Georgina Hernández
Desde inicios de la década de los 80, la familia de José González inició en el negocio del aguacate. Lo que hoy es conocido como el oro verde de México, en esa época todavía no era tan famoso. Hoy, con 46 años de edad, José, quien es originario del pueblo San Juan Nuevo, ubicado a 12 kilómetros del municipio de Uruapan, Michoacán, continúa con la tradición familiar, pero a lo lejos.
Los niveles de inseguridad lo obligaron a él y a su familia a abandonar no solo el estado, sino el país. La primera vez que fue parte de la lista de desplazados por la violencia fue en 2009. Sin embargo y sin que fuera parte de sus planes, seis años después (en 2015) regresó. Fue el negocio aguacatero el que lo obligó a retornar porque no había nadie que tomara las riendas de la huerta.
Pasaron apenas cinco años cuando José tuvo que dejar por segunda ocasión su país y con ello también cerró toda posibilidad de regresar a vivir al estado que lo vio nacer en 1975. Su plan es solo ir por unos días a Michoacán para atender el negocio.
“No creo, honestamente no creo. Vamos a regresar al país, pero a vivir a Michoacán no creo. Tendremos que venir para atender negocios, no es que nunca más vamos a volver.”
Inseguridad, el pan de cada día en Michoacán
José González cuenta cómo la gente ya ha aprendido a identificar cuando las cosas “están pacíficas”.
Y es que cuando se respira tranquilidad, es cuando las balaceras no son en las ciudades y a plena luz del día, los asesinatos, los levantamientos y los enfrentamientos suceden en la noche y en pueblos muy remotos.
Pero la influencia que el crimen organizado tiene en la vida de la gente no se limita a presenciar hechos violentos, sino que llega hasta su comida. Así lo relata Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como el Padre Goyo, un sacerdote a quien la Iglesia suspendió por su activismo contra la violencia.
“Aquí por ejemplo hoy amaneció la carne a lo doble. Tú como dueño no puedes llevarlos al rastro o algún carnicero, tienes que vendérselo a la maña a 25 pesos y ellos se lo venden a 50 al del rastro. Si tú tienes siembra de maíz, no puedes llevártelo a tu bodega, te queman con todo y bodega (…). Todos los camiones de la región tienen que pagar”
Desde su niñez, José González ha estado inmerso en el negocio aguacatero y ha visto cómo funcionan las cosas en esta industria. Sabe que para quien busca hacer algo grande es inevitable el aprender a lidiar con el crimen.
En el caso del aguacate, asegura que al tener que mover grandes cantidades de dinero, las bandas del narcotráfico se han metido a financiar comercializadoras, y de ahí hacia los demás niveles: camioneros, transportistas, cortadores, empacadores y agricultores.
“Si tú fueras agricultora y quisieras una huerta en Michoacán y por una actitud ortodoxa, puritana, 100% responsable y dijeras ‘yo no quiero tener absolutamente nada que ver con el narco, sería imposible que te movieras porque el narco está inmiscuido desde los cortadores y la droga, el cristal, ni se diga la marihuana, hasta el narco tiene tienditas de abarrotes donde los cortadores llegan y compran las caguamas, etcétera”.
Cobro de piso
La inseguridad también se materializa en el cobro de piso, dice el productor. Recuerda cómo ha funcionado este tipo de extorsión desde la época de Los Templarios, cuando Felipe Calderón era presidente de México y se impulsó la guerra contra el narco.
“El narcotraficante primero va a visitar al pez más gordo, va con los más ricos de Uruapan, los empieza a visitar y les empieza a cobrar piso. Pasan los años y los que pagaron, ya pagaron y siguen protegidos; los que no quisieron pagar o se fueron y vendieron sus propiedades o no pagaron y los desaparecieron. Después de varios años llegó un momento en que a absolutamente todo el mundo le estaban cobrando piso”.
Para José, la inseguridad es el “pan de cada día” y las cifras lo demuestran: en enero, 234 personas fueron asesinadas en Michoacán. Un promedio de 7.5 al día, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con esos datos, el Gobierno Federal confirmó que Michoacán ocupó el segundo lugar en homicidios durante el primer mes del 2022.
Sin embargo, la inseguridad en el estado no sólo viene de parte de las bandas delincuenciales, sino que incluso se da entre la propia población que está acostumbrada a cargar con armas para hacer o resolver negocios.
“Las personas que tienen dinero procuran no tenerlo. Las personas que tienen dinero traen coches muy tranquilos, cero llamativos y las personas que están empezando a tener dinero, son los que quieren llamar la atención. Para las personas que vivimos aquí en Michoacán y transitamos esas carreteras y sobre todo esas brechas, ya sabemos que de tal hora a tal hora es un poquito más peligroso”.
Desconfianza en el Ejército y la Guardia Nacional
A Julio César Aguirre su papá le inculcó desde pequeño respeto hacia el Ejército, esa institución que hoy patrulla Michoacán para combatir al crimen organizado que se ha ensañado especialmente el Aguililla, Tepalcatepec y Coalcomán.
A pesar de ese respeto, el actual reportero gráfico de la Agencia Quadratín, considera que muchas veces estos operativos solo son mediáticos.
“En lo personal realmente no ha tenido algún impacto porque te lo comento, yo radico en una entidad donde lamentablemente la violencia es un hecho que a diario se registran y en lo personal andar en la calle conlleva un riesgo, con el temor de ser víctima de algún delito. Ahora sí que estamos indefensos, a la intemperie y a la merced de la delincuencia”.
Pero la desconfianza de Julio César se inclina más hacia la el cuerpo de seguridad creado durante la actual administración, que el año pasado acumuló 322 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
“La Guardia Nacional me genera un poco de desconfianza por los conflictos que han registrado en el municipio de los Reyes, donde los acusan de desaparecer a dos ciudadanos y en algunos otros concretos donde se han visto o a través de vídeos se ha observado como violentan la ley y violentan los derechos de la ciudadanía, a través de golpes hacia las personas”.
¿Para quién es la seguridad?
La perspectiva de Julio César no dista mucho de la de José. El productor aguacatero considera que el despliegue de las Fuerzas Armadas no ha significado absolutamente nada para su vida personal. En cambio asegura que tienen un impacto positivo para ciertos sectores de la población, como los grandes empresarios o las comercializadoras.
“¿Creo que me defienden a mí? No. ¿Creo que están trabajando para mí como ciudadano? No. ¿Creo que están aquí para sacar a los malos? No. Están aquí para cumplir una función para que los mandatarios y el Gobierno queden bien. Y así no se les reproche que no hacen lo que tienen que hacer”.
Fue el 9 de octubre de 2021 cuando el Gobierno Federal presentó un Plan de Apoyo a Michoacán. Con ello se desplegaron 17 mil elementos del Ejército, Guardia Nacional y de la Policías estatal.
El padre Goyo califica la estrategia implementada por el Gobierno Federal en Michoacán como un fracaso. La gran cantidad de militares en Tierra Caliente solo ha generado intensas balaceras sin que realmente se termine con los grupos de la delincuencia organizada.
Esta situación ha obligado a mil 500 personas a abandonar el estado tan sólo en lo que va del 2022, según el conteo del padre. Desde abril de 2021, la cifra de desplazados se eleva hasta las 15 mil.
“Es un grave error, es un crimen de lesa humanidad porque ya es el Gobierno o los delincuentes en nombre del Gobierno. Expulsar es cuando hay fuerza, cuando hay presión, cuando hay un ultimátum. Hoy hay expulsados por la fuerza militar. ¿Cuáles son los logros de la presencia militar? Pues que sí cerco a un grupo, pero hoy hay expulsados”.
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