Además de la gubernatura, los 2 millones 68 mil 290 electores en San Luis Potosí elegirán 58 alcaldías.
Adriana Esthela Flores
Con un largo historial priísta en el gobierno estatal, roto solo una vez por el PAN, San Luis Potosí avanza hacia los comicios del 6 de junio marcada por las divisiones que causaron las candidaturas en los principales partidos políticos, un nivel de pobreza mayor al promedio nacional, las luchas contra proyectos extractivos y la creciente presencia del crimen organizado.
Aunque siete hombres y dos mujeres buscan llegar al cargo, analistas ven sólo tres cartas en la fotografía final: las coaliciones “Sí Por San Luis Potosí”, “Juntos Haremos Historia” y Morena, así lo resume Jesús Monsiváis, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y secretario de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
“La elección se va a decidir entre tres grupos políticos: los tres candidatos que están en la competencia real son Mónica Rangel, la designada por el Comité de Morena, de hecho, hay todavía impugnaciones a su candidatura como ocurrió en otros estados. Morena quedó muy fragmentada”.
Hay dos rasgos que caracterizan la elección potosina: las candidaturas en combo, donde las y los aspirantes a la gubernatura van en una especie de fórmula con quienes aspiran a gobernar la ciudad capital; y las fracturas internas en el PAN y Morena, que han convertido en rivales a quienes antes eran compañeras y compañeros de militancia. Un caso emblemático es el de Xavier Nava, nieto del líder histórico de oposición en el estado, Salvador “El Doctor” Nava.
Xavier ganó la alcaldía de San Luis Potosí para el trienio 2018-2021, pero en la contienda panista por la candidatura al gobierno, Octavio Pedroza lo derrotó. Entonces, decidió romper con el partido y buscar la reelección con Morena, una decisión que provocó la desbandada de militantes, especialmente hacia este partido, que también deberá curar heridas tras la designación de la aspirante a la gubernatura. Una mescolanza de candidaturas y militancias que impactará en el electorado, aseguró Monsiváis:
“De manera general, el desánimo y la decepción en San Luis Potosí es colectiva y grande, un circo tremendo de cambio de partidos brutal y además con discursos antagónicos”.
¿Quiénes son las personas candidatas?
Además de la gubernatura, las 2 millones 68 mil 290 personas con posibilidad de votar en San Luis Potosí elegirán 58 Presidencias Municipales, 15 Diputaciones de Mayoría Relativa y 12 de Representación Proporcional.
Mónica Rangel: candidatura de la discordia.
La aspirante de Morena es médica cirujana, con maestría en Salud Pública y en Educación y más de 20 años de experiencia en el ramo de la salubridad. Como secretaria de Salud estatal alcanzó notoriedad por ser el principal rostro de la estrategia contra la pandemia. Su candidatura provocó que militantes de Morena protestaran contra lo que consideraron una “imposición y traición” desde la dirigencia nacional, pues Rangel no es militante de este partido y es considerada cercana al gobernador priista, Juan Manuel Carreras. El año pasado, una organización civil la acusó de encabezar una red de corrupción que favoreció a un proveedor y también desvió 200 millones de pesos mediante una red de empresas fantasma. Ella va en combo con Xavier Nava.
Ricardo Gallardo, el “Gallardismo” bajo investigación.
El aspirante de la coalición que conformaron el PT y Verde, es licenciado en Derecho y empresario. Como militante del PRD, fue alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y diputado federal hasta 2019, cuando renunció al partido. En 2015, buscó ser candidato a la gubernatura, pero fue detenido por la PGR, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por los que estuvo casi un año preso. En 2020, luego de que no logró que Morena lo postulara, decidió irse al Verde. Su candidatura está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera, que presentó dos denuncias por el presunto desvío de más de 700 millones de pesos a través de una red de empresas administradas por él y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, quien fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez y la capital. Él va en combo con Leonel Serrato, quien renunció a Morena y fue coordinador de programas federales en el estado.
Octavio Pedroza, un combo con historial de acusaciones
El candidato de la alianza “Sí por San Luis Potosí” (PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular” es químico farmacobiólogo con maestría en Administración, ha sido gerente de varias compañías y consejero de organizaciones empresariales. Como panista, fue alcalde de la capital, delegado de la Secretaría del Trabajo, diputado federal y senador. En este proceso electoral, su hermano, el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Daniel Pedroza, ha sido acusado de desviar 500 millones de pesos del erario para favorecer su campaña. Su compañero de combo es Enrique Galindo Ceballos, el ex comisionado de la Policía Federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien fue destituido en 2016 tras la masacre de Tanhuato, Michoacán y el operativo violento contra maestros en Nochixtlán, Oaxaca.
Marvelly Costanzo, de empresaria a política
La aspirante de Movimiento Ciudadano es comunicóloga y empresaria. Su familia es propietaria de la empresa Chocolates y Dulces Constanzo”y ella es conferencista en temas de mujeres, emprendedurismo y negocios. En 2017, renunció a la Subdirección de Cultura de la ciudad capital argumentando problemas de salud.
Los otros candidatos son Arturo Segoviano, comunicador y empresario es el primer candidato independiente a la gubernatura en San Luis Potosí. Fue fundador y rector de la Universidad Potosina y es empresario en el ramo de la educación superior. También estará en la boleta Adrián Esper Cárdenas, quien va por el PES. Es empresario, comunicador y activista ambiental. También están José Luis Romero, por Redes Sociales Progresistas. Juan Carlos Machinena, aspirante de Fuerza por México. Francisco Javier Rico, por Nueva Alianza. Es profesor.
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¿Qué es lo que quieren los ciudadanos de SLP?
“Yo me he desnudado para que vea qué es una madre. Yo protesté vestida porque a la CNDH fui vestida, a Segob fui vestida, claro que me encueré en Reforma para llamar la atención de las autoridades. Aquí está la gente sufriendo, que no hay día que no le llore a su hijo”.
Harta de la lentitud en las investigaciones sobre el asesinato de su hijo Alan Francisco Ibarra, Silvia Castillo protestó desnuda el 30 de octubre de 2020 en la Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí. Desde entonces, ha llevado sus protestas hasta la capital del país, donde también exige que el gobierno encuentre y castigue a los responsables del asesinato del joven de 23 años, ocurrido en marzo de 2019. Su cuerpo fue encontrado calcinado en un paraje de esta entidad, que ocupa el tercer lugar nacional en el Índice de Impunidad y donde solo tres de cada 10 personas confía en la Policía.
“Yo ando buscando la manera de meterme al Palacio Nacional porque me voy a meter, no me importa que me cueste mi vida, yo me voy a meter. Ya es mucha revictimización, no me escuchan, me siento extranjera en mi propio país, ¿qué más quieren que haga después de que ya todo lo he hecho?”
¿Qué hacer? Es la pregunta entre la ciudadanía y autoridades respecto a la inseguridad en el estado, que se ha recrudecido por la presencia de seis cárteles, revelada por el secretario de Marina el año pasado: Los Talibanes, Los Zetas, Golfo, Jalisco Nueva Generación, del Noreste y San Luis Potosí Nueva Generación. Estos grupos criminales, que operan en al menos treinta municipios, han provocado un aumento exponencial en los homicidios dolosos, que aumentaron de 8 a 21 por cada 100 mil habitantes en solo cinco años.
“Esto de las guerras no es ahorita, es de toda la vida y ahora buscan el poder pero se tiene que poder el poder realmente en quien tenga las ganas y la capacidad de distribuir la economía”.
Habla José Sánchez, comerciante de Tanlajás, uno de los cinco municipios más pobres del estado. Él ya no se asusta ante el alza de la criminalidad; más bien, su preocupación es el impacto económico de la pandemia por covid-19, que provocó la pérdida de centenares de empleos, así como la falta de agua. Según la autoridad local, el acuífero de San Luis Potosí, que abastece a la mitad de la población, enfrenta serios problemas de sobreexplotación. Además, casi 3 de cada 10 personas no tienen acceso a redes de agua.
“No existe infraestructura de agua que permita garantizar el liquido día con día porque las bombas que tienes se queman constantemente y no llega a las comunidades más alejadas de donde se encuentra el bombeo”.
Aunque el gobierno presume de ser el primer lugar nacional en la producción de fluorita, el sexto en oro y el octavo en plata, esto ha significado un alto costo para el medio ambiente y la vida de los pueblos originarios. Según el mapa de conflictos ambientales en México, San Luis Potosí tiene entre 14 y 15 conflictos mineros y entre uno y seis de gasoductos. Además, la compañía minera canadiense Advance Gold Corporation ya inició la exploración de litio en la entidad, un riesgo del que poco se ha alertado, advirtió la doctora Iracema Gavilán, profesora de Geografía de la UNAM.
“No se les está informando sobre ocupación del territorio porque las concesiones se entregan para explotar minerales y pareciera que el territorio fuera inmutable, sin movimiento, pero la afectación directa al territorio implica contaminación, cuerpos de agua”.
La investigadora destacó que en La Huasteca existen al menos 22 proyectos extractivos con capital nacional y extranjero que amenazan áreas naturales protegidas, entre ellas, Guadalcázar y Wirikuta y que también están vinculadas a organizaciones criminales.
“Son zonas del territorio en las que está bastante bien el crimen organizado con empresas que buscan el control del territorio y que autoridades e instituciones no tienen presencia ni para control o administración de justicia ni respeto a derechos humanos”.
Para Luis González, director de la ONG “Cambio de Ruta AC”, que ha denunciado la contaminación en la Sierra de Álvarez así como de ríos y el aire en la zona metropolitana, es grande la deuda ambiental que deja el actual gobierno.
“Una calificación totalmente reprobatoria porque incumplió el 80 por ciento de lo que dijo, no hizo nada en materia ambiental. La herencia es un reto grandísimo en materia ambiental”.
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Deuda con los pueblos originarios
Otra deuda son los derechos de los pueblos originarios que, en este proceso, han impugnado ante las autoridades electorales varias candidaturas de aspirantes indígenas que, en realidad, no lo son. Diana Elizabeth Jiménez, indígena tének del Consejo Indígena de Ciudad Valles, cree que el descontento provocará un alto nivel de abstencionismo en este estado, que en las elecciones de 2018 alcanzó un 63.5 por ciento de participación ciudadana.
“Estamos bien desanimados porque siempre nos han dejado afuera, a un lado, en todas las decisiones que se han tomado últimamente, por eso estamos decididos a impulsarnos y que nos vean que estamos aquí, que existimos y que queremos esa representatividad que vamos a pelear, ahora sí”.
La reforma electoral local y la defensa legal contra proyectos como la termoeléctrica de Tamazunchale forman parte de la agenda pendiente para el estado que ocupa el lugar 14 a nivel nacional en población indígena. Valentín Hernández, también integrante del consejo de Ciudad Valles, advirtió que las comunidades seguirán pugnando por lograr la representatividad real en el poder público.
“Queremos algo real, no lo que siempre ha pasado, que nos imponen personajes a través de los partidos, como no conocen la realidad de los pueblos, llegan ocupan el espacio y nunca hacen nada en beneficio de pueblos originarios”.
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