Los cargos por los que están siendo detenidos están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre pasado por iniciativa de Daniel Ortega.
Redacción IMER Noticias
La Policía Nacional de Nicaragua detuvo José Bernard Pallais Arana, un dirigente de la opositora Coalición Nacional, y giró orden de captura contra Mario Arana, dirigente de la también opositora Alianza Ciudadana.
Pallais es el séptimo político opositor al gobierno de Daniel Ortega detenido en menos de una semana. Mario Arana sería el octavo y se suman a Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri y Violeta Granera.
Tras la detención de los aspirantes el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas a cuatro funcionarios nicaragüenses cercanos al mandatario entre ellos su hija Camila Antonia Ortega Murillo y el presidente del Banco Central, Leonardo Ovidio Reyes, informó el departamento del Tesoro.
Los cuatro ingresaron a la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, por lo que todos los bienes y activos que tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados, y se les prohíbe toda transacción que involucre a individuos y entidades estadunidenses.
Por su parte, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidieron la liberación inmediata de los líderes opositores y que les restablezcan sus derechos políticos para que puedan participar en las elecciones de noviembre.
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió trabajar por un amplio acuerdo sobre medidas encaminadas a un proceso electoral creíble, participativo e inclusivo.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió suspender la participación de Nicaragua en la OEA.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó los arrestos y denunció que las autoridades están empleando “un nuevo modelo represivo: citar sin decir por qué a quienes considera enemigos políticos, entrevistarlos, dejarlos salir de la Fiscalía para luego detenerlos camino a casa o ya adentro”.
La vicepresidenta Rosario Murillo advirtió en una rueda de prensa con medios afines al gobierno sin referirse a los casos penales contra los opositores que “la justicia llega tarde, pero llega”, tras mencionar que los avances de su gobierno fueron “violentados” por personas egoístas, haciendo alusión a las protestas del 2018.
La también primera dama se quejó de que entraron recursos al país que “engordaron la cartera de unos cuantos que además se comprometían con matar cuánto hubiéramos hecho con lo que se han robado… Este montón de ladrones, no solo ladrones, sino también terroristas, criminales, cuánto hubiéramos avanzado contra la pobreza”.
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