El analista del Colmex, Julián Atilano destacó que dentro del propio Poder Judicial se han visto algunas expresiones a favor de la reforma.
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Jennifer Olvera
El 19 de agosto pasado, juezas, jueces, ministras, ministros, magistrados y trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro indefinido para manifestarse en contra de la reforma al sistema judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado. Paro que se ha extendido por todo el país.
En todos los estados de la República, más de 50 mil trabajadores están en paro para protestar en defensa de la independencia judicial. Afirman que este es un “acto legítimo de resistencia” contra la reforma y que el paro se mantendrá hasta que esta sea desechada para dar paso a la construcción de una reforma integral del sistema de justicia.
Pero ¿qué implica para el país que un poder de la Unión suspenda sus labores? Julián Atilano, analista político egresado de El Colegio de México asegura que, en estricto sentido, el Poder Judicial no está en paro. Por esa razón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sesionado en los últimos días.
“Sus funciones esenciales se mantienen. Lo que sí se observa es que un grupo al interior del Poder Judicial ha hecho un paro. Están algunos en las calles, han hecho manifestaciones. Sin embargo, dentro del propio Poder Judicial hemos visto algunas expresiones a favor de la reforma al Poder Judicial. Es decir, dentro del Poder Judicial no hay un consenso. Es interesante esto porque son de rango medio quienes han salido a manifestarse, pero las personas de rango medio dentro del Poder Judicial ni siquiera van a ser afectadas por la reforma. Entonces es paradójico que justo las personas que van a, de alguna forma, tener una reconfiguración —jueces, magistrados, ministros—, quienes van a disputar un espacio en la elección, como se propone, no están en las calles manifestándose”.
El pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión extraordinaria, anunció el mismo día que comenzó la suspensión de laborales que se mantendrá un régimen de servicios mínimos para atender casos que pudieran ser urgentes en todas las materias y que esa “urgencia” será valorada por el tribunal que corresponda conforme al rol de guardias que implementaron.
Según el órgano, en general, para determinar si un asunto es urgente, resulta importante considerar los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pueda traer la espera ante la suspensión de labores.
Habla Sandra Serrano, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales:
“Lo que hacen es permitir o mantener una serie de juicios, de contextos o situaciones en las que la justicia federal tendrá que seguir trabajando. Habrá guardias y tendrán que seguir respondiendo. No es un paro absoluto. Siguen trabajando en casos como tortura, desaparición. Sí están. En materia laboral, en casos de huelga. Hay una serie de situaciones en las que el propio Consejo de la Judicatura estableció que, para la protección de derechos, para cierto tipo de juicios urgentes, tendrá que haber guardias. Esto se está llevando así. No es la primera vez que el Poder Judicial funciona con guardias. Cuando se va de vacaciones, con lo del covid igual funcionó con guardias y se implementaron mecanismos electrónicos”.
Serrano explica que en este caso hay un posicionamiento de defensa de derechos, que implica una excepcionalidad a la regla general de proporcionar servicios de justicia o acceso a la justicia. Además, asegura que el Poder Judicial tiene experiencia con las guardias: identifican cuáles son los casos urgentes para mantener sus funciones. Y, en ese sentido, sostiene, la persona desamparada puede seguir acudiendo a la justicia de la Unión.
“Probablemente, lo que quede más paralizado serán los juicios que no representen necesariamente algo urgente, algo que ponga en peligro el respeto a los derechos humanos de las personas. Y hablar del respeto a los derechos humanos de las personas es muy amplio. No solamente estamos hablando de tortura, desaparición. Estamos hablando del derecho a la salud también, a la vivienda, libertad de expresión. Son una enorme cantidad de casos que podrían seguirse resolviendo. A lo mejor los casos fiscales puedan llevarse a destiempo, pero donde importa que no se violen los derechos, las circulares del Consejo de la Judicatura han sido muy claras”.
¿El paro de labores del Poder Judicial representa un obstáculo para el acceso a la justicia en el país?
“En realidad, la justicia no es pronta, no es expedita. Entonces, el hecho de que estén participando la hará más lenta, menos expedita y sí va a tener cierto rezago. Algo muy importante en todo esto es que no hay una comunidad de ciudadanas y ciudadanos que estén apoyando a las personas que se están manifestando. Es decir, uno cuando ve a la gente que está saliendo a manifestarse no se ve que haya un acompañamiento plural, más allá de algunas expresiones de estudiantes de algunas facultades, principalmente privadas, la Facultad de Derecho de la UNAM también ha salido a expresarse en contra. Pero lo que se ve no es una base social que esté acompañando a esta propuesta. Ha habido encuestas. La más cercana, de hace unos días, el diario El Universal, en donde 65 por ciento de la población mexicana que se encuestó, es una muestra representativa, está a favor de la reforma al Poder Judicial”.
En diversas conferencias de prensa matutinas, el presidente López Obrador ha hecho un llamado a levantar el paro y sostuvo que la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida es ilegal, a lo que las y los manifestantes han respondido que están ejerciendo un derecho, en lo que coincide la investigadora Sandra Serrano:
“No, definitivamente no constituye una ilegalidad. La justicia proporciona justicia. El acceso a la justicia sí es una función esencial del Estado, pero no es que el Poder Judicial federal haya cerrado. Tampoco es cierto que es ilegal o contrario a la función esencial”.
Serrano señala que no por cualquier cosa se espera que los poderes judiciales cierren las puertas y no trabajen. Eso sí podría representar una ilegalidad; sin embargo, en este caso existe una “afrenta directa”.
“La Corte Interamericana ha sido muy clara en establecer que las autoridades judiciales, si bien realizan esta función esencial, eso no implica que en determinadas circunstancias no puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión y sus derechos políticos. Y este parece ser un caso que entra en esa excepcionalidad. Donde existe una afrenta directa a algo que afecta a la construcción democrática, en esos términos lo pone la Corte Interamericana, es que la participación política de los jueces es fundamental para el sostenimiento mismo de la democracia y, eventualmente, de la función jurisdiccional misma. Esto lo ha dicho en un caso contra Honduras, contra Guatemala. Y si bien no son casos directamente contra México, como hoy entendemos la función de la Corte Interamericana, de acuerdo con el Artículo 1 constitucional, lo que estaríamos entendiendo es que estos criterios sí son vinculantes para el Estado mexicano. Esto mismo lo han dicho otros organismos internacionales. No hay una prohibición absoluta hacia los poderes judiciales de no participar en acciones políticas o de no parar actividades. A lo que estamos asistiendo hoy es a una de esas excepciones permitidas”.
Julián Atilano, añade que es legítimo que trabajadores del Poder Judicial participen en las manifestaciones en contra de la reforma y que no habrá ninguna sanción.
“No va a haber ninguna sanción porque, en realidad, es un asunto político. El presidente de la República ha señalado que, de su parte, no hay ninguna confrontación y dentro del Poder Judicial también se ha dicho que es un tema político; es decir, es parte de la legítima participación de quienes están en contra de la reforma y están manifestándose en consecuencia. Lo que es cierto y lo que se ha comentado es que en todo el espacio donde hay un paro quienes hacen este paro tienen que renunciar o, más bien, al no estar laborando no se les tiene que estar pagando esos días; sin embargo, parece que eso sí está sucediendo, que sí se les está pagando. Entonces eso se tendría que estar regulando”.
El pasado 26 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició la discusión de la reforma al Poder Judicial y se espera que el proyecto sea aprobado luego de que arranque la nueva Legislatura, este primero de septiembre. También se espera que el paro continúe.
“Esto tiene algunos pasos en la Comisión de Puntos Constitucionales y ya se aprobó en sus términos generales esta reforma. En los primeros 15 días del mes de septiembre, ya con la conformación del nuevo Congreso, se va a votar. Es posible que dure hasta los primeros 15 días de septiembre o hasta que se vote, si sucede antes”.
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