Reforma al Poder Judicial avanza en comisiones de la Cámara de Diputados

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de reforma al Poder Judicial que será turnado a la Cámara de Diputados.

Claudia Téllez

En medio de protestas de trabajadores del Poder Judicial, así como de un tenso y ríspido debate, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de la reforma al Poder Judicial. El punto central es la elección de ministros, jueces y magistrados por voto popular en un proceso gradual, escalonado y organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La Comisión avaló el documento con 22 votos a favor y 17 en contra que entre lo que plantea destaca:

Integración de Consejos de Evaluación en los tres poderes para revisar los expedientes de los aspirantes.
En junio de 2025, en una elección extraordinaria, renovarán 800 cargos. Entre ellos, los de ministros en funciones y puestos vacantes de magistrados y jueces por cesantías, retiros, jubilaciones o prejubilaciones.
En el caso de los actuales magistrados electorales, el pleno se renovará hasta 2027.

En la discusión también aceptaron una reserva para la implementación de jueces sin rostro para casos de crimen organizado, que será votada al final de la sesión.

La reserva la presentó la morenista Lidia García Anaya, quien planteó un órgano de administración judicial creado dentro de los sistemas de determinadas jurisdicciones, encargadas del proceso y juicio de delitos generalmente vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado:

“Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras conforme al procedimiento que establezca la ley. Esta reserva trata de incluir en esta reforma un órgano administrativo sin rostro, también denominado jueces sin rostro”.

¿Cómo fue el debate?

Morena y sus aliados señalaron que los cambios prevén garantizar la justicia y la legitimidad de ministros, jueces y magistrados. Rechazaron que no se haya escuchado a nadie durante los “Diálogos Nacionales“, por lo que recordaron que hubo un parlamento abierto. Igualmente, insistieron que esta reforma busca cambiar a un Poder Judicial “obeso, corrupto, con nepotismo y con beneficios millonarios”.

Al iniciar el debate, la diputada de Morena, Irma Juan Carlos, advirtió que el “Plan C” sí va:

“Si ustedes han leído el dictamen, se habla de controlar que los jueces, ministros y magistrados de verdad impartan justicia. Hay un plazo para que ellos puedan resolver y si en ese plazo de los seis meses no han podido resolver un asunto, pues también tienen un órgano que les vigila. El Plan C va, la reforma al Poder Judicial va, que si el pueblo elige al Poder Ejecutivo, si el pueblo elige al Poder Legislativo, que el pueblo elija al Poder Judicial. No le tengan mido al pueblo, así como dice nuestro presidente”.

Su compañera de bancada, Adriana Bustamante, señaló que se requiere de un Poder Judicial que cuente con el respaldo y la legitimidad democrática necesaria. Con ello, dijo, hará valer la justicia pronta, expedita y cercana al pueblo:

“Un Poder Judicial que, por encima de todo, cuente con el respaldo y la legitimidad democrática necesaria para hacer valer la justicia y la equidad. La reforma que hoy proponemos está diseñada para romper los acuerdos cupulares que marcaron la era de los gobiernos neoliberales, acuerdos que han permitido que los ministros, jueces y magistrados se deban más a quienes los pusieron en el cargo que al pueblo al que se deben y que deben representar”.

Mientras tanto, Marco Medina Filigrana responsabilizó de la reforma a la ministra presidenta Norma Piña y a quienes calificó de sus “secuaces“. Filigrana acusó que se gastaron 16.5 millones de pesos solamente en pago de pensiones de estacionamiento para sus funcionarios privilegiados:

“Y hoy quiero decir a las mujeres y hombres que trabajan en el Poder Judicial que lo que hoy está pasando no es consecuencia de Morena o del PT o del Verde Ecologista, es consecuencia de los derroches y de los excesos de Norma Piña y de sus secuaces, como Juan Luis Alcántara Carrancá. Ellos han privilegiado un régimen de nepotismo y de excesos”.

¿Cuáles fueron los argumentos de la oposición?

PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron su voto en contra. Aseguraron que esta reforma atenta contra la independencia y autonomía judicial porque generará una crisis institucional, no garantizará un justicia expedita, afectará el pacto federal y la carrera judicial y permitirá la intromisión de poderes fácticos.

Criticaron que se deje fuera de la elección a los jueces administrativos y tribunales agrarios, quienes seguirán siendo designados por la Presidencia. También denunciaron que la bancada mayoritaria “ahorca” la impartición de justicia y la división de poderes en venganza por sentencias anteriores contrarias a iniciativas y actos del gobierno.

El priista Rubén Moreira destacó que esta reforma no es democrática, justa e imprudente. Además, expresó, “es un riesgo para el Estado mexicano e inoperante porque tan sólo en la Ciudad de México, se llenarán 25 boletas para elegir entre cuatro mil 125 nombres a 640 personas”.

Después de que se ha dicho que Morena ya tiene los votos para su aprobación en el Senado, el panista Humberto Aguilar demandó conocer los nombres de los legisladores de oposición que respaldarían esta propuesta. Por su parte, la priista Cynthia López llamó a dos senadores a “no venderse“:

“Y desde aquí quiero hacer un llamado en específico a los dos senadores del PRD porque no se pueden vender. Yo sí quiero hacer un llamado a todos los senadores que fuimos electos por una coalición a que no se vendan, porque hace unos momentos salieron a decir que ya tenían los votos. Desde aquí le decimos a todos los senadores: no se pueden vender y estaremos buscando que haya personas del gobierno que se quieran echar para atrás ante esta Reforma Judicial, porque no entienden lo que le están haciendo a México”.

A su vez, la panista Margarita Zavala aseguró que la elección por voto terminará como una “kermés“:

“Que realmente es inoperable la elección, tiene usted 81 hombres, escójalos de aquí, además haga las diferencias y tiene usted más de 7 boletas. Es verdaderamente ridículo lo que nos están ofreciendo a través de las boletas, además, lo único que va a hacer es confundir a todos y seguir un dedo. Además, hay referencias hasta de cartas de recomendación de vecinos, de tómbola, es verdaderamente una kermés. Y por si fuera poco, se va contra la carrera judicial”.

El emecista Braulio López cuestionó los efectos de la reforma en el servicio profesional de carrera. Dicen, resaltó, que “con el voto habrá jueces autónomos, pero a ustedes los votaron y no son autónomos“:

“Saben ustedes que esta reforma es mala, que no combate la corrupción, que no combate el nepotismo, que no combate la impunidad, que no es para democratizar al Poder Judicial, que no es para tener mejores jueces, que no es para tener mejor justicia y que no es justa con las personas que por años se han preparado, estudiado, trabajado y comprometido con el país. Todo ello es profundamente falso, por supuesto que hay que reformar para solucionar los problemas que está mal dentro del Poder Judicial, federal y locales, sin duda, pero esta iniciativa no lo logra, lo entorpece y lo dificulta”.

Dictamen pasa a Cámara de Diputados

El dictamen, que se turnó al pleno de San Lázaro, precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá 9 integrantes y su presidencia será rotativa cada dos años en función de los votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.

Igualmente, el documento garantiza lo siguiente:

Derechos laborales adquiridos a todos los trabajadores.
Prevé la creación de un Órgano de Administración Judicial y de un Tribunal de Disciplina Judicial para investigar, procesar, sentenciar y sancionar desde una amonestación hasta la destitución a los servidores del Poder Judicial por hechos que pueden ser denunciados por toda persona, lo que fue calificado por la oposición como inquisitorial.

Entre los requisitos eliminaron la edad mínima de 35 años para ser ministro y establece que se debe contar con título profesional de licenciado con un promedio mínimo de 8.0 y 9.0 en materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. También deberán contar con una práctica profesional, de cuando menos, cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.