Las protestas en Ecuador se han tornado violentas, mientras en Perú la inestabilidad política amenaza con reactivar movilizaciones de gran magnitud.
Luz Rodríguez
Ecuador y Perú enfrentan un clima de alta tensión política y social. Ambos países atraviesan crisis de gobernabilidad entre el descontento ciudadano frente a decisiones políticas, desigualdad persistente y falta de confianza en las autoridades.
Las protestas en Ecuador se han tornado violentas, mientras en Perú la inestabilidad política amenaza con reactivar movilizaciones de gran magnitud.
Aumento en el precio del combustible en Ecuador
En Ecuador, el conflicto se desató tras la eliminación del subsidio al diésel decretada por el presidente Daniel Noboa. El aumento del precio del combustible afectó directamente a transportistas, agricultores y comunidades rurales, lo que provocó un paro nacional indefinido encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
Las manifestaciones, que comenzaron como bloqueos de carreteras, derivaron rápidamente en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El gobierno declaró el estado de emergencia en varias provincias y desplegó miles de militares para recuperar el control de las vías.
Foto: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
El balance hasta la fecha es preocupante. Se ha confirmado la muerte de al menos un manifestante, decenas de heridos entre civiles y miembros de las fuerzas armadas, y más de cuarenta personas detenidas. En los últimos días, las tensiones se agravaron con explosiones en puentes y un ataque con coche bomba frente a un centro comercial en Guayaquil, donde falleció una persona y resultaron varios heridos.
Las autoridades atribuyen estos actos a grupos criminales y disidentes de las FARC, mientras las organizaciones sociales denuncian una respuesta estatal desproporcionada. El diálogo entre el gobierno y los líderes indígenas permanece estancado, y las protestas continúan activas en distintos puntos del país.
Destitución de la presidenta Dina Boluarte
En Perú, la crisis tiene un carácter principalmente político. El Congreso destituyó el pasado 10 de octubre a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, lo que dio paso a un gobierno interino encabezado por José Jerí.
La medida ha generado una fuerte división en la sociedad y nuevas expresiones de descontento, especialmente entre los movimientos juveniles y las organizaciones sociales que reclaman una renovación total del sistema político.
Aunque las protestas actuales no alcanzan la magnitud de las vividas en 2023, la tensión social es evidente y las autoridades se preparan para nuevas movilizaciones en Lima y regiones del sur andino.
El saldo reciente de las manifestaciones en Perú incluye varios heridos durante enfrentamientos en la capital, además de daños materiales menores. En años anteriores, el país sufrió episodios más graves, como la masacre de Juliaca en 2023, donde murieron 18 personas por acción policial.
Esa memoria aún pesa sobre la población, y las denuncias por impunidad en esos casos mantienen viva la desconfianza hacia las instituciones. Hoy, mientras el nuevo gabinete busca legitimarse, las rondas campesinas y colectivos estudiantiles anuncian posibles paros si no se convocan elecciones anticipadas.
Crisis y descontento de la ciudadanía
Tanto en Ecuador como en Perú, los gobiernos enfrentan el desafío de restablecer el orden sin recurrir al uso excesivo de la fuerza. Las demandas de ambos pueblos combinan exigencias económicas, sociales y éticas, además del acceso a recursos básicos, fin de la corrupción y respeto por los derechos humanos.
Si los diálogos no prosperan, América del Sur podría vivir una nueva ola de inestabilidad que pondría en riesgo no solo la gobernabilidad interna, sino también la confianza regional en las instituciones democráticas.
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