La deuda contraída a través de asociaciones público-privadas representan un gran problema para las administraciones entrantes.
Adriana Esthela Flores
La visita que hizo la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a Palacio Nacional, tenía un objetivo concreto: exponerle al presidente, Andrés Manuel López Obrador que, aunque el gobierno estatal sí tiene dinero para pagar salarios y aguinaldos, la falta de liquidez en varios municipios ha complicado un pago tan básico como la nómina.
“Sí cuidó el gobierno de dejar para los trabajadores del Gobierno estatal, pero no se preocuparon porque también se diera la institucionalidad de municipios, aun cuando eran del mismo partido; se llevaron hasta el último peso entonces sí nos dejaron una situación muy crítica”.
Layda llegó alrededor de las diez de la mañana, después de que el presidente explicó, en su conferencia de prensa, que el gobierno ayudará a varias administraciones nuevas, como las de Sonora y Michoacán, adelantándoles el envío de participaciones federales para que puedan solventar el pago de nómina, programas y obras.
Al hablar sobre las herencias de gobiernos anteriores, recordó el esquema de las app’s (asociaciones público-privadas), que les implicaban descuentos en los recursos federales.
“Les descontaban sus participaciones y ya no les alcanzaba, a veces, ni para pagar la nómina, porque esas obras las cobraban tres, cuatro, cinco veces más de su costo. Una gran corrupción. Hablaban de Hacienda los estados para recomendar: ‘¿Quieres hacer un hospital con una asociación pública privada? Está esta empresa, haces el hospital’. Claro, carísimo.”
El Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca fue construido en 2009 por un consorcio de empresas encabezado por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. El costo de la obra asciende a seis mil 700 millones de pesos.
El Hospital de Zumpango fue construido por el consorcio IGSA Solutions y la Constructora Teya, filial de Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, vinculado al expresidente Enrique Peña Nieto. El gobierno estatal debe pagar, cada año, más de 300 millones de pesos para costear la inversión, superior a los 7 mil millones de pesos.
“Lo que les estamos diciendo es: Les ayudamos, si nosotros tenemos recursos, les podemos adelantar, que no tengan que contratar créditos, porque eso es lo otro, con banca privada a tasas de interés altísimas, les adelantamos participaciones para que no dejen de pagar la nómina, mientras van ustedes ahorrando y limpiando financieramente las finanzas.”
La deuda de estados y municipios sigue creciendo
Un reporte de junio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas indicó que la deuda de las entidades presenta una “tendencia de crecimientos ininterrumpidos durante catorce años continuos, de 2006 al 2020”. El saldo pasó de 160 mil millones de pesos a más de 637 mil millones de pesos.
Entre los cinco estados más endeudados, hay dos que este año tuvieron cambio de gobierno: Nuevo León, con 83 mil 357 millones y Chihuahua, con 48 mil 473 millones.
Los quince nuevos gobiernos estatales se enfrentarán a la “deuda oculta”: los contratos a corto o largo plazo, fideicomisos y otros esquemas que impactarán en sus recursos públicos, consideró Enrique Díaz-Infante Chapa, director del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
“Es una bola de nieve que muchas veces no está o se sabe de qué monto son las deudas y muchas de estas, habría que ver el origen de las mismas: si es una ley, si es un decreto o es una voluntad discrecional del gobernador en turno. Habría que revisar todo el otro universo de deudas que existen, para que gobiernos entrantes tengan la película completa y puedan administrar sus fuentes de ingresos.”
El investigador resaltó que, desde el año 2017, organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre los esquemas de endeudamiento tras el caso del fideicomiso Evercore, en Puebla, que comprometió los impuestos sobre nómina para que la empresa administrara los recursos para construir tres obras públicas.
La empresa estaba dirigida por el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe y en ella, trabajó como director de Finanzas quien luego sería secretario de Hacienda durante el gobierno de Peña Nieto, Luis Videgaray Caso. El problema, indicó el especialista, es que estos esquemas no eran considerados como deuda.
“Se estableció que los proyectos de inversión no eran deuda. Oye pero si la fuente de pago son recursos presupuestales que se va a tener que honrar esa obligación en el tiempo pues es deuda. No, no es deuda. Y nada más porque a Juan se le llama Pedro, ¿ya no es Juan? Es todo un tema de definición estas app’s.”
En aquel entonces, organizaciones especializadas estimaban que el monto de la “deuda subnacional” de estados y municipios ascendía a 3.5 por ciento del PIB nacional, aunque el especialista señaló que pudo ser más del doble.
Por ello, advirtió, los gobiernos estatales de MORENA ahora se enfrentarán a un escenario denunciado por asociaciones anticorrupción, al que la administración federal no le dio seguimiento.
“Qué bueno que el gobierno de Morena ha ganado varios estados, ahora se da cuenta de la importancia de esas instituciones, de esos mecanismos para detectar deuda, ubicarla como tal y fiscalizarla. Qué bueno que les ha tocado tener esa situación y que esto sirva para que se retomen y se impulse nuevamente el Sistema Nacional Anticorrupción para que se pueda fiscalizar la deuda.”
Ante este panorama, los gobiernos entrantes tienen tres tareas, indicó: recaudar más para no depender de participaciones federales; auditar la deuda para verificar que se destine a gasto físico y no a gasto corriente y fincar responsabilidades para evitar que estas prácticas se repitan.
“Les toca la papa caliente, les tocan los muertos del clóset y les toca también cosechar una mala siembra de parte de ellos. La mala siembra es que han desactivado el sistema Nacional Anticorrupción y todos los indicadores en el tema de deuda, que deben reactivarlo.
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