Expertos aseguran que, de concretarse la reforma para integrar el Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México incumpliría con una de sus obligaciones dentro del T-MEC, lo que abriría la puerta a demandas.
Bianca Carretto
La integración del Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador significaría un retroceso de por lo menos tres décadas que impactaría principalmente a los usuarios y a las audiencias.
En esto coinciden expertos en la materia, como Adriana Labardini, abogada y ex comisionada del organismo, al señalar que la eventual pérdida de autonomía del IFT pone en riesgo avances como la reducción de tarifas de telefonía celular y la diversificación del ecosistema mediático anteriormente dominado y controlado por el gobierno en turno y las empresas dominantes.
«No queremos un modelo en que el gobierno ofrece servicios, regula, juzga, decide, castiga o censura. Eso es antidemocrático y sería violatorio de los derechos humanos. México en ese sentido ha avanzado mucho. El IFT puede mejorar mucho más, por supuesto que tiene oportunidades de mejora en sus procesos, en sus prioridades y en la medición de su impacto. Pero desde luego que estamos en una mejor situación que hace 10, 20 o 30 años con regímenes monopólicos y de control gubernamental», dijo Labardini.
A siete años de su creación, a través de sus resoluciones el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha logrado avances como la reducción hasta en un 44 por ciento de las tarifas de telefonía móvil, así como ahorros para los usuarios de hasta 415 mil millones de pesos, lo que se contrapone con el presupuesto que el instituto recibe para su funcionamiento y que este año fue de 1 mil 510 millones de pesos.
Así lo asegura el comisionado Arturo Robles quien señala que la existencia de órganos reguladores con autonomía constitucional garantizan que sus decisiones estén apegadas a criterios técnicos, alejadas de los intereses de actores políticos y empresariales.
«Minar o desaparecer estos organismos autónomos no da la certidumbre y lo que podría llevar es a tener menores servicios, menor cobertura y un posible incremento de precios dado que no habría certeza en cuanto a los criterios para la toma de decisiones que en el caso del instituto son meramente técnicos».
Arturo Robles, comisionado del IFT
Un riesgo adicional es la discrecionalidad, pues al ser juez y parte el Ejecutivo federal podría decidir de manera unilateral quién entra al mercado de las telecomunicaciones o cuál es el destino de las inversiones y proyectos en la materia, una situación que predominó hasta antes de la reforma constitucional que dio la vida al organismo.
Las repercusiones de un eventual cambio con impacto en la autonomía del IFT no se detienen ahí, pues el Estado mexicano podría hacerse acreedor a demandas por el incumplimiento de obligaciones estipuladas en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que en su capítulo 18, referente a las telecomunicaciones, establece la exigencia a los socios de contar con un organismo regulador independiente.
«Inversionistas extranjeros y mexicanos le apuestan a este país, crean empleos por este país, pero eso sí tienen que someterse a las reglas del juego. Debilitar al IFT o peor aún destruirlo va a ser una clarísima violación al T-MEC y entonces nos van a demandar los Estados Unidos o Canadá en los mecanismos ad-hoc, cuando alguno de los tres países violan el tratado», anticipó Labardini.
Otros avances en riesgo son el acceso de comunidades indígenas y pequeños proveedores a concesiones sociales para proveer servicios de internet y telefonía o la diversificación de medios de comunicación, lo que permite a las audiencias contar con una mayor oferta de contenidos.
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