La Misión Civil de Observación documentó violaciones a los derechos humanos de las personas de Mogoñé Viejo, Santa María Mixtequilla, Santa Cruz Tagolaba y Puente Madera por el corredor.
Perla Miranda
Después de tres días de recorrer la región del Istmo de Tehuantepec, la Misión Civil de Observación documentó violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes y defensores del territorio de Mogoñé Viejo, Santa María Mixtequilla, Santa Cruz Tagolaba y Puente Madera.
En conferencia de prensa, Francisco Xavier Martínez, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), precisó que se han violentado los derechos a la información.
Además, las comunidades denunciaron que no se hicieron las consultas indígenas adecuadas. Por ello, no han tenido acceso a datos relevantes sobre la construcción del megaproyecto y su impacto en el territorio.
También detectaron atropellos a los derechos de participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano, a la identidad cultural, la integridad, libertad personal y de expresión.
Xavier Martínez puntualizó que en tres días se observaron al menos nueve agresiones y violaciones de los derechos humanos.
En tanto, entre octubre del 2021 y julio de 2023 se registraron 31 agresiones en contra de comunidades y personas defensoras del territorio en el marco de la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
«Lo que tenemos son por lo menos nueve eventos de agresión relacionados con el corredor interoceánico, donde encontramos intimidación, daños a propiedad, agresiones físicas, criminalización, hostigamiento, despojo y un homicidio.
De octubre de 2021 al 14 de julio de este año por lo menos 31 eventos de agresiones colectivas e individuales contra comunidades indígenas, quién agrede, el que más agrede es el gobierno en los tres niveles, el 45% están vinculadas con alguno de los niveles de gobierno, un 21% no está identificada, 13% con crimen organizado, un 7% con paramilitares, 6% personas de la misma comunidad, 5% caciques, las empresas privadas con 2% y empresas y delincuencia en asociación 1%».
Agresiones van en aumento
Juana Ramírez Villegas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), advirtió que este año han aumentado las agresiones.
En especial, la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas, así como visitas de personas desconocidas a los domicilios de quienes están en contra del megaproyecto.
Resaltó la violencia con la que se ejecutó un desalojo, la detención arbitraria y la criminalización en contra de habitantes y defensores en Mogoñé Viejo, estación Sarabia y Palomares. Además de amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.
«La lucha que mantiene la comunidad mixe de Mogoñé Viejo donde compañeros y compañeras se mantuvieron en plantón más de 60 días, en esta lucha se presenciaron varias violaciones a los derechos humanos.
Intentos de desalojo, cada rato llegaba la secretaría de la Marina a intimidar y hostigar a las compañeras mixes, fue agredido un compañero mixe de Mogoñé Viejo que estaba adentro del campamento y finalmente cuando fue desalojado violentamente el plantón, derivado de esta lucha viene la criminalización con las denuncias penales que hasta el día de hoy suman 17 carpetas de investigación, es preocupante pues hemos estado tratando de dialogar, pero no hemos sido escuchados».
Presunta intimidación de la Guardia Nacional
En Santa María Mixtequilla, las 23 organizaciones civiles nacionales e internacionales a cargo de la Misión Civil de Observación documentaron la intimidación de la Guardia Nacional ante la asamblea comunitaria.
También documentaron despojos, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados en contra de comuneros y comuneras en Santa Cruz Tagolaba.
En tanto que la comunidad binizza de Puente Madera ha sufrido una campaña de criminalización, detención arbitraria y fabricación de delitos en contra de 17 personas que luchan contra la imposición del polo de desarrollo de San Blas Atempa.
En ese sentido, Margarita Poni de Brigadas de Paz Internacional pidió a nombre de la Misión que se reconozcan los derechos humanos y colectivos de las comunidades del Istmo de Tehuantepec.
«La misión de observación hace un llamado a las autoridades competentes para que reconozcan y respeten los derechos humanos y colectivos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio, a la participación, al consentimiento previo, libre e informado y a la vida de los pueblos indígenas bajo el estándar más alto de protección.
Que garanticen el derecho de acceso a la justicia, que detengan toda forma de amenaza o agresión en contra de los pueblos indígenas, que provean a los pueblos indígenas de la información necesaria, suficiente, completa y culturalmente adecuada sobre el mega proyecto en todos sus componentes como son el gas ducto y los polos de desarrollo para que puedan ejercer su derecho a la libre determinación».
Te recomendamos:
Corredor Interoceánico: ¿qué dicen el gobierno, la IP y las comunidades de este proyecto?
