La reforma judicial plantea la extinción de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren en una ley secundaria.
Claudia Téllez
Todo listo para que esté martes se debata en lo general el dictamen de la reforma al Poder Judicial que, el pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envío a la Cámara de Diputados.
El documento, aprobado por la legislatura que recién terminó sus funciones, tiene como punto central la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular en un proceso gradual, escalonado y organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Así como la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal.
Instancia que será sustituida por un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial para investigar, procesar, sentenciar y sancionar desde una amonestación, hasta la destitución a los servidores del Poder Judicial de la Federación, por hechos que pueden ser denunciados por toda persona.
El documento, incluye una reserva para establecer la figura de Jueces sin rostro.
Plantea la integración de Consejos de Evaluación en los tres poderes para revisar los expedientes de los aspirantes y hacer postulaciones, la insaculación en caso de listas amplia de candidatos y las características de la boleta electoral.
Señala que en junio de 2025 en una elección extraordinaria se renovarán 800 cargos entre ellos de los ministros en funciones y puestos vacantes de magistrados y jueces por cesantías, retiros, jubilaciones o prejubilaciones.
Indica que, en el caso de los actuales magistrados electorales, el pleno se renovará hasta 2027, pero la Sala Regional Especializada desparecerá en a más tardar el 1 de septiembre del próximo año.
Precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá nueve integrantes y su presidencia será rotativa cada dos años en función de los votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.
Señala que la lista de candidatos distinguirá la autoridad postulante y destacará los aspirantes que estén en funciones en los cargos a renovar.
Entre los requisitos se eliminó la edad mínima de 35 años para ser ministro y establece que se debe contar con título profesional de licenciado con un promedio mínimo de 8.0 y de 9.0 en materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.
Plantea la extinción de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria.
Garantiza a todos los trabajadores sus derechos laborales adquiridos y establece que ningún trabajador del Poder Judicial ganará más que el presidente de la República.
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