Tras enterarse de que le colocaron un DIU sin su consentimiento durante una cesárea, Angélica Juárez emprendió una lucha contra la anticoncepción forzada y la violencia obstétrica.
Escucha nuestro especial «Angélica Juárez, la mujer que lucha contra la anticoncepción forzada en México» con producción de Gabriel Ortíz.
Jennifer Olvera
El 11 de agosto de 2020, Angélica Juárez, mujer indígena de Ciudad de México, acudió con su mamá a una consulta de control prenatal en el Hospital Comunitario Emiliano Zapata, en Iztapalapa.
Tenía 38 semanas de embarazo y el parto no estaba en sus planes todavía. Pero debido a la preeclampsia —complicación del embarazo caracterizada por una presión arterial alta— fue ingresada al quirófano para una cesárea de emergencia.
Sentía tristeza por no poder tener un parto natural como deseaba. Preocupación, porque le dijeron que su bebé podría tener sufrimiento fetal. Dolor de cabeza y dificultad para respirar que, incluso, la había orillado a dormir sentada desde hace semanas. En medio del cansancio físico y emocional le pidieron firmar unos papeles.
“Justo antes de entrar a quirófano me dan muchos papeles a firmar. La verdad es que en ese momento yo no leí nada. Ni siquiera podía porque tenía dolor de cabeza terrible por la presión, estaba acostada. La enfermera me acercó los papeles y quién sabe cómo habrá salido mi firma. Firmé cosas que ni me enseñó. Me dijo que eran trámites administrativos de la cesárea”.
Meses después, esos documentos se convirtieron en evidencia de la violencia obstétrica que sufrió.
Anticoncepción no consentida
Durante su control de embarazo, personal médico le preguntó varias veces si quería un método anticonceptivo.
“‘Te vas a ir con operación, con implante o DIU’ y yo dije: ‘Ninguno de esos tres’, porque me sonaba muy invasivo. Sí quería tener planificación familiar, pero no con esos métodos”.
“¿Con qué método anticonceptivo te vas a ir? Nadie se va de aquí sin uno”, le decían en sus revisiones mensuales. Su respuesta siempre fue la misma: ninguno. También se burlaron de ella y la discriminaron.
“Me preguntaron si tenía estudios. Les dije licenciatura. Me preguntaron dónde había trabajado y les dije que en la Cámara de Diputados. ‘¿Apoco? No, bueno. Tenemos una licenciada aquí. Vaya’. Cada vez que me preguntaban sobre los métodos anticonceptivos me decían: ‘¿Cómo? Lo tienes que aceptar porque estás a punto de cumplir 40 años. En un punto, una enfermera me dijo: ‘Ustedes son pobres, ¿y quieren seguir teniendo hijos? Ustedes de verdad no entienden’”.
Un día después del parto, en la madrugada, Angélica le pidió fórmula láctea a una enfermera para alimentar a Mariana, su hija recién nacida, porque no producía leche.
La jefa de enfermeras la insultó. Les dijo a ella y a otras pacientes que si no sabían cómo ser buenas madres, no tuvieran hijos.
“A mí se me ocurrió protestar y me dijo: ‘En protesta, como eres muy contestona, no vas a tener ni frazada ni agua. Yo lo que necesitaba era tomar mucha agua para producir más leche. La primera noche de mi beba, aparte de que tenía mucha hambre, tenía mucho frío”.
El 13 de agosto las dieron de alta. Tras unas semanas acudió a su centro de salud a hacerse un chequeo porque tenía una hemorragia. Ese día se enteró de que le habían puesto un DIU.
“Como me lo colocaron a la hora de la cesárea, al volver mi matriz a su tamaño original se movió y me perforó la matriz. Esa era la razón de mi hemorragia. En ese momento dije: ‘Esto sí ya es el colmo. No sé qué le hicieron a mi cuerpo, yo no sabía que tenía esa cosa. Fue terrible porque entré en pánico. ¿Me habrán hecho otra cosa?’”.
Angélica estaba en una especie de shock emocional, como narra. Por la tarde le platicó a su hermana lo que le había pasado. Ella le preguntó si quería demandar. Dijo sí inmediatamente y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, tomó su caso.
1 de cada 3 mujeres embarazadas sufre violencia obstétrica
En su libro Paso a paso. Decisiones emblemáticas sobre salud reproductiva, la organización de derechos reproductivos GIRE define la violencia obstétrica como un tipo específico de violencia de género e institucional. Se manifiesta a través de acciones y omisiones por parte del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS), en instituciones tanto públicas como privadas, que causan un daño físico y/o psicológico durante el embarazo, parto y puerperio.
Las acciones y omisiones pueden ser:
- Negación del acceso a servicios de salud reproductiva.
- Suministro excesivo de medicamentos.
- La práctica de cesáreas injustificadas.
- Regaños.
- Burlas.
- Amenazas.
- Humillaciones.
- Discriminación.
- Esterilizaciones no consentidas.
- Y cualquier acción que menoscabe su capacidad de decidir de manera libre e informada sobre sus procesos reproductivos.
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En 2016, el Inegi incluyó por primera vez un apartado sobre las experiencias de mujeres durante la atención de su último parto a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
Por primera vez, México contó con estadísticas a nivel nacional y estatal sobre las manifestaciones de violencia obstétrica que han vivido mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años).
Ese año se registró que 33.4% de las mujeres que tuvieron un parto en los últimos cinco años (entre 2011 y 2016) sufrió algún tipo de maltrato en la atención obstétrica.
La ENDIREH 2021, la más reciente, señala que 31.4% de las mujeres que tuvieron un parto o cesárea entre 2016 y 2021 experimentó maltrato. Es decir, una de cada tres mujeres vivió algún tipo de violencia obstétrica durante su último parto.
Gritos o regaños son la forma más común de violencia obstétrica en México. Les siguen:
- La presión para aceptar un dispositivo anticonceptivo o las operen para no embarazarse.
- Ignorar cuando ellas preguntaban algo relacionado con su parto o bebé.
- Realizarles la cesárea de manera injustificada.
- Tardar mucho tiempo en atenderlas porque les dijeron que se estaban quejando mucho.
- Obligarlas a permanecer en una posición incómoda.
San Luis Potosí es, hoy en día, la entidad con mayor prevalencia de maltrato en la atención obstétrica (38.9%), seguida de Tlaxcala (38.5%) y Ciudad de México (38.5%).
Anticoncepción no consentida en el parto, una forma de tortura
La Secretaría de Salud de Ciudad de México ofreció una disculpa pública a Angélica por la atención médica que recibió en su parte el 4 de agosto de 2023.
Esta fue una de las tres medidas de reparación integral que emitió la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), en cumplimiento a la sentencia del juez de distrito Yamin González Mendoza, quien equiparó la anticoncepción no consentida con el delito de tortura.
La sentencia dictó un precedente para los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas gestantes. Sobre todo, para quienes les han colocado un anticonceptivo sin su consentimiento, bajo presión o con engaños.
Así lo dijo Angélica en el auditorio del Hospital Rubén Leñero:
“Es la primera sentencia en México, la primera sentencia que se cumple en este país; la primera vez que se dice que hay una anticoncepción no consentida. El juez dijo: ‘Esto es anticoncepción no consentida porque ella es una mujer indígena en un estado de vulnerabilidad por ser una mujer gestante. En el parto, esto se equipara a la tortura. Lloré. Recuerdo la sentencia. Leerla. Es una sentencia muy humana. Y el juez estableció que tenía que haber una reparación integral del daño”.
Las otras dos medidas emitidas por la Ceav fueron:
- Pago de daño moral y el pago de los gastos médicos, psicológicos y de transporte, y
- Capacitación del personal del Hospital Comunitario Emiliano Zapata sobre violencia obstétrica
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El día de la disculpa pública, Ricardo Barreiro Perera, subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud capitalina, reconoció la omisión:
“En representación de dicha unidad médica, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México le presenta una honesta y sincera disculpa, ya que se cometieron omisiones al no reconocerse su calidad de mujer indígena embarazada en estado de vulnerabilidad”.
Por su parte, Ernesto Alvarado Ruiz, titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi), agradeció a Angélica por “hacer valer los derechos a una salud reproductiva digna”. Afirmó que la violencia que sufrió por parte del personal médico constituyó daños graves a sus derechos humanos.
“No se trata de una disculpa de carácter personal, sino que es una disculpa que se presenta a nombre del gobierno, autoridades y el Estado. La sentencia de amparo indirecto sobre el caso de Angélica señala que cuando se trata de la aplicación de métodos anticonceptivos, sean permanentes o temporales, es importante que la persona usuaria de los servicios de salud se encuentre en una situación libre de estrés o sin condiciones de vulnerabilidad, con el fin de que pueda tomar una decisión libre, plena e informada”.
En un boletín, la Secretaría de Salud capitalina afirmó que avanzó con el cumplimiento de las tres medidas. Además, el personal de esa unidad hospitalaria también recibiría una capacitación por parte de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.
Angélica aseguró que su caso no es aislado, pero la anticoncepción sin consentimiento está normalizada.
“Mi caso no es un hecho aislado. Por el contrario, la colocación de métodos anticonceptivos sin el consentimiento de las mujeres es más común de lo que se quiere admitir. A mi propia madre le pasó, a mis vecinas les ha pasado. Lo que pasa es que se ha normalizado.
Lo que pasamos mi bebita y yo fue violencia obstétrica en varias formas. En particular, mis derechos reproductivos no se respetaron, lo que constituye una violación grave a los derechos humanos, equiparable a la tortura. Cuando ustedes dicen que recibí información, en realidad se refieren a que cada vez que iba a consulta me preguntaban ¿con cuál de los tres te vas a ir? Más de una vez me dijeron: “De aquí nadie se va sin uno de los tres”. Esto me sucedió porque soy mujer, porque soy indígena y porque vivo en la periferia de la ciudad. Como lo señaló el juez en su sentencia, hay un acto intrínseco un acto de discriminación y eso, doctores, duele mucho sentirse discriminado porque eres pobre, indígena y porque no te puedes defender. Acepto su disculpa con la esperanza de la no repetición y la reparación integral del daño”.
Violencia obstétrica al código penal
De acuerdo con La Norma Oficial Mexicana 007 Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida (NOM-007-SSA-2016), la atención médica a las mujeres durante esta etapa debe ser proporcionada con calidad y respeto de sus derechos humanos. También establece que ninguna persona que preste servicios de ginecología y obstetricia las discriminará o ejercerá algún tipo de violencia.
En el país, nueve estados contemplan la violencia obstétrica en sus códigos penales y la sancionan con prisión, multas o reparación del daño. Se trata de
- Estado de México.
- Guerrero.
- Puebla.
- Chiapas.
- Quintana Roo.
- Yucatán
- Veracruz
- Aguascalientes
- Baja California Sur, que la incorporó en junio de este año.
Otros estados, como Chihuahua, Oaxaca y Sinaloa, presentaron iniciativas y continúa la discusión por incorporar el delito de violencia obstétrica a sus códigos penales.
Además, 29 leyes locales integraron definiciones de violencia obstétrica y en los estados en los que no se contempla —Jalisco, Michoacán y Tabasco— recurren a otras figuras para proteger a las víctimas, como la violencia psicológica o física.
Jenny Murrieta, abogada en reparación integral de GIRE, señala que, a pesar de los avances, aún hay barreras en la materia:
“Muchas mujeres la siguen viviendo cada día y el gran reto de las medidas de no repetición es que sean verdaderamente efectivas. Puede ser que, aunque el personal de salud se capacite, no necesariamente eso va a garantizar que no se repitan los hechos en el futuro. Si bien es una buena medida que ayuda a intentar erradicar esta violencia, aún se siguen presentando diversas de violencia obstétrica”.
Además, tipificar la violencia obstétrica como un delito, afirman desde GIRE, no responde a la violencia de género como un problema estructural, sino como un conflicto interpersonal entre víctima y victimario.
“Creemos que el derecho penal no es la solución para erradicar estas violaciones a derechos, porque la violencia obstétrica es algo estructural. Si se castiga a un médico en específico eso no ayuda a erradicar un problema con varias aristas. Tiene que ver con la falta de capacitación al personal de salud, de enfermería, administrativo, pero también con insuficiencia presupuestaria, la falta de mantenimiento de clínicas de salud, falta de insumos”.
Estas deficiencias en la infraestructura y equipamiento en centros de salud y hospitales, sostienen, son fallas que el Estado está obligado a resolver.
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A un año y tres meses de la disculpa pública, Angélica relata que hubo irregularidades. No permitieron el acceso de medios de comunicación ni de su hermana al auditorio en el que recibió esa disculpa y no hubo transparencia sobre la capacitación a personal del hospital.
GIRE, que le dio acompañamiento legal, se ofreció a ser parte de la capacitación y se lo negaron. Tampoco entregaron a Angélica la lista de asistencia que la Secretaría de Salud capitalina supuestamente tenía. Además, le dieron solamente dos sesiones de terapia psicológica. GIRE suplió esa parte.
Recientemente, Angélica fundó una asociación civil de construcción de paz que tiene como eje central a las infancias y trabaja en pueblos originarios de la capital llamada Comunidad de Investigación e Incidencia para la Paz Yotlicni. Es su “hijo energético”, como la llama ella. Lo hizo con el dinero que le dieron como compensación económica.
Asegura que su caso fue solo el inicio de una lucha de sobrevivientes de violencia obstétrica por el acceso a la justicia.
“Como le dije a la Secretaría de Salud: ‘Ustedes me están tratando muy mal porque soy la primera’. Vengo por mí y por todas. Sé que detrás de mí van a venir más porque esto es bien común que pase. Será porque soy indígena, será porque vivo en Iztapalapa, pero conozco a muchas mujeres que les ha pasado. Estoy realizando un sueño de vida. Yo quiero pensar que logré lo que pude y como fui la primera por eso, pero también confío mucho en las mujeres. Van a tocar la puerta con más fuerza y esta vez va a ser diferente para ellas”.
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