Alejandro Celorio, abogado del gobierno de México, señaló que fabricantes de armas fueron protegidos por la Corte de EU. Indicó que acudirán a mecanismos internacionales.
Escucha la entrevista completa con Alejandro Celorio, representante legal del gobierno mexicano.
IMER Noticias
La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó la demanda que presentó el gobierno de México contra empresas fabricantes de armas estadounidenses, al considerar que estas gozan de inmunidad legal. La decisión generó inconformidad en sectores legales y políticos de México.
Al respecto, el abogado Alejandro Celorio, representante legal del gobierno mexicano, expresó a IMER Noticias que esta resolución es injusta. Debido al impacto que llegan a tener las armas estadounidenses en la violencia que enfrenta día con día México, en especial el norte del país.
“Es injusto que les reconozcan la inmunidad cuando tantas vidas se pierden en nuestro país por el tráfico de armas”.
La demanda argumentaba que las empresas violan las leyes al facilitar la exportación y venta de armas sin licencia, lo que contribuye al tráfico ilegal hacia México. Sin embargo, la Corte estadounidense desestimó este razonamiento:
“Los argumentos de México no son suficientes para establecer que las empresas violan esas leyes y por tanto no pierden su inmunidad”.
¿Por qué rechazaron la demanda?
Uno de los puntos clave en la discusión fue el concepto de “proximidad del daño”, es decir, la relación directa entre la conducta de las empresas y la violencia generada en México. Para la Corte, esta relación no fue lo suficientemente probada.
“La Corte establece que se tendría que argumentar que hay una conexión más cercana entre la conducta de la empresa y el tráfico de armas”.
Una de las juezas advirtió que aceptar el caso abriría la puerta a futuras demandas contra otras industrias como:
- Alcohol
- Pesticidas
“Se protegerá a la industria estadounidense para evitar un alud de demandas por daños sufridos en otros países”.
Las cuales pueden llegar a tener consecuencias o efectos en la salud de las personas. De igual forma Celorio también cuestionó el trasfondo de la decisión:
“Sí, es una decisión político-comercial. La Corte protege a sus empresas para evitar sentar un precedente que las exponga a demandas globales.”
Aunque este fallo cierra la vía legal actual, el gobierno mexicano ha señalado que continuará explorando mecanismos internacionales para responsabilizar a las empresas por su rol en el tráfico de armas.
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