Corte Suprema de EU desestimó la demanda de México contra fabricantes de armas; Sheinbaum esperará segundo juicio.
Luis Camarillo Carvajal
La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este jueves una demanda del Gobierno de México que alegaba que los fabricantes de armas estadounidenses deberían ser considerados responsables de la violencia de los cárteles.
Además, deben pagar una compensación de más de 15 mil millones de dólares a las víctimas mexicanas de la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado.
Esto, luego de la audiencia del pasado 4 de marzo, donde México expuso sus argumentos en contra de ocho empresas fabricantes y distribuidoras de armas.
- Smith & Wesson.
- Barrett Firearms.
- Beretta.
- Colt.
- Glock.
- Century International Arms.
- Sturm.
- Ruger & Co.
- Witmer Public Safety Group.
En esa ocasión, el equipo jurídico de México recordó que en la demanda afirmaron que fabricantes con licencia venden las armas a distribuidores autorizados, quienes las venden a minoristas. Y ellos, a su vez, con prestanombres, las transfieren a contrabandistas para introducirlas a México y entregarlas a los cárteles mexicanos o grupos criminales.
Así, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha, destacó la importancia de cortar el suministro de armas ilegales a México. Lo anterior, porque cada año ingresan a territorio mexicano hasta de medio millón de armamento.
Arrocha se dijo respetuoso de la ley y los derechos de los ciudadanos estadounidenses, pero aseguró que frenar el tráfico de armas ilegales beneficiará a ambas naciones.
«No habrá demanda para armerías»: EE. UU.
El alegato de la jueza Elena Kagan de este jueves 5 de junio impide que México demande a dos empresas estadounidenses de armas.
“La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas de fuego por parte de comerciantes de armas a traficantes mexicanos”.
El argumento de Kagan añadió que «no tienen duda» —como afirmó la demanda de México— que en algunas de estas ventas se realizan a traficantes.
Y, que «los fabricantes lo saben, pero que en la demanda de México no se presentó una alegación plausible de que un fabricante de armas ‘participó’ en una infracción a la Ley de Armas de Fuego», por lo que los fabricantes demandados conservan la inmunidad que les otorga la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés).
Cabe recordar que las empresas demandadas están protegidas por la PLCAA, promulgada en 2005, que limita las demandas contra fabricantes por el mal uso de sus productos. Sin embargo, México argumentó que esta ley no aplica cuando los daños ocurren fuera de Estados Unidos.
O cuando las empresas incurren en prácticas negligentes que fomentan actividades ilícitas, como el tráfico de armas.
Por su parte, especialistas en Estados Unidos indicaron que la decisión de este jueves del Máximo Tribunal estadunidense no permite a las productoras de armas actuar con inmunidad, ya que, la ciudadanía y personas en general pueden seguir reclamando daños por armas.
«Esperaremos a la última resolución»: Sheinbaum
Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que son dos juicios contra las industrias armamentistas, por lo que esperarán las resoluciones finales de la otra audiencia.
«Son dos juicios, vamos a ver cuál el resultado y les informamos».
La segunda demanda se trata de la que interpuso el gobierno mexicano en octubre de 2022 en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas de armas en ese estado fronterizo, acusadas de ser puntos de venta recurrentes de armas que terminan en México.
Este litigio ha avanzado favorablemente para el país porque en marzo de 2024, una corte de Arizona falló a favor de México, reconociendo que las tiendas tenían señales de que las armas vendidas serían usadas con fines ilícitos.
Actualmente, el caso está en la etapa de recolección de evidencia, lo que permite a México reunir pruebas para fortalecer su argumento.
Las demandas buscan una indemnización por los daños causados, que podrían alcanzar hasta el 2% del PIB, según estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estos daños incluyen:
- Pérdidas humanas.
- Costos económicos asociados a la lucha contra el crimen organizado.
- Afectaciones a sectores como el turismo.
SRE rechaza decisión
A través de un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su rechazo a la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos, la cual desestimó la demanda mexicana contra las empresas fabricantes de armas de fuego al señalar que contribuyen al tráfico ilegal y de alimentar la violencia en el país.
La cancillería manifestó que continuará «haciendo todo lo que esté a su alcance» para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles.
«México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país. Por lo tanto, seguirá en la lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas fabricantes que permiten que el flujo de éstas alimente la violencia y nutra a los grupos delictivos que atentan contra la paz y seguridad de las familias mexicanas».
El argumento central fue que no se probó que las empresas «ayudaran y facilitaran» al tráfico ilícito de armas. Sin embargo, la Corte Suprema estadounidense no se pronunció sobre el segundo argumento esgrimido por los abogados que representan a México que es el de la «proximidad del daño«.
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