El tráfico ilegal de armas provenientes EU ha jugado un papel importante en el aumento de violencia en México. El 72% de los homicidios en el país son cometidos con armas de fuego.
Escucha la primera parte del especial de Jennifer Olvera
Jennifer Olvera
En Estados Unidos, hay más armas que personas: Ciento catorce artefactos por cada 100 habitantes en ese país. Este dato fue mencionado por Javier Schütte, abogado y cofundador del Área de Derecho Penal en el ITAM, durante la presentación de los aportes del Seminario sobre Violencia y Paz, de El Colegio de México (Colmex), sobre el trasiego de armamento desde territorio estadunidense a nuestro país.
De acuerdo con el informe —que recupera cifras del Inegi y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)—, mientras que de 2004 a 2008 los homicidios totales en México aumentaron en 50 por ciento, aquellos cometidos con armas de fuego aumentaron en 90 por ciento.
El incremento coincide con el hecho de que, en 2004, perdió vigencia en Estados Unidos la Federal Assault Weapons Ban, la Prohibición Federal de Armas de Asalto. Aprobada por el Congreso de ese país solo una década antes y que fue firmada por el presidente Bill Clinton.
“Las cifras de homicidios con armas de fuego siguieron aumentando hasta el año 2018, alcanzando su máximo en ese último año y, aunque desde entonces han disminuido, permanecen en niveles inaceptables. Más de cuatro veces el promedio mundial”.
El 72 por ciento de estos homicidios son cometidos con armas de fuego y se calcula que, actualmente, hay casi 13 millones 400 mil armas ilegales de este tipo circulando en México, añadió Shutte.
Solo 8.6 por ciento de las ilegalmente traficadas en los últimos 20 años han sido aseguradas por autoridades federales.
Anualmente, las cifras de armas traficadas desde la frontera norte van desde las 200 mil hasta las 873 mil.
Comercio de armas en los estados fronterizos
En entrevista para IMER Noticias, Omar García-Ponce, profesor de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales en la Universidad George Washington, coincide en que la expiración de la ley federal que prohibió el uso de armas de asalto fue un factor que contribuyó al incremento de la violencia asociada al crimen organizado en México.
“Entre el 70 y el 90 por ciento de las armas que son decomisadas en México y que se envían a la ATF [Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos] en Estados Unidos para rastrearlas vienen de Estados Unidos. Muchas de esas armas se compraron de forma legal”.
García-Ponce realizó un mapa del número de comerciantes de armas de fuego con licencias activas para venderlas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Lo que revela el mapa, con cifras de enero de este año, es que existen alrededor de nueve mil solo en los cuatro estados fronterizos: Arizona, California, Nuevo México y Texas.
“Si a estas le sumamos las licencias que se otorgan para fabricar o importar armas, que también permiten la venta, entonces estamos hablando de que son en total como 13 mil 600. Son casi nueve mil licencias para vender y otras cinco mil para importar y fabricar armas. Son de distintos tipos y en el mapa puse cuántas existen por cada ciudad. Podemos ver que hay ciudades que tienen decenas, incluso cientos de puntos de venta de armas”.
En todo el país hay 50 mil comerciantes, aproximadamente. Los estados fronterizos concentran casi el 20 por ciento de ellos. Tan solo Texas acumula más del 10 por ciento.
EU consciente de que su mercado es México
Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, una consultoría dedicada al análisis de datos sobre violencia, crimen organizado y políticas de seguridad; apuntó que en la demanda del gobierno mexicano contra gigantes de la industria armamentística en Estados Unidos presentada en 2021 se argumentó que las empresas estadounidenses no incorporan tecnologías que impidan el uso de las armas por personas no autorizadas y que eviten modificaciones para aumentar su poder de fuego; que venden sus productos a tiendas con licencia sin importar si han estado involucradas en tráfico ilegal previamente; toleran ventas múltiples a compradores asociados con redes criminales; enfatizan las características militarizadas de las armas, y que utilizan motivos mexicanos en su publicidad (como la denominada “Jefe de jefes”), lo que implica, dijo, que son conscientes de que su mercado incluye a México.
En ese sentido, mencionó que la reciente orden del presidente Donald Trump para designar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras sería “de orden doméstico”. Ya que supuestamente existe influencia política para que las leyes que permiten el otorgamiento de licencias sean más “laxas”:
“Se acaban de dar cuenta de que los castigos y las sanciones que traería esta designación de terroristas sería de orden doméstico y en ellas estarían involucradas muchísimas empresas estadounidenses que han vendido armas a los cárteles mexicanos, pero esto va mucho más allá. No solo se trata de los empresarios. Los estados del sur de Estados Unidos tienen leyes más laxas para la venta de armas si los comparamos con los estados del norte.
Esto quiere decir que, probablemente, ha habido un trabajo de cabildeo no solamente de los empresarios de las armas, sino también de los cárteles en los congresos estatales de Estados Unidos. Probablemente hay también una complicidad de las clases políticas locales de algunos estados con líderes criminales mexicanos para aflojar leyes y poder ellos adquirir más armas”.
García-Ponce agregó que quienes compran armas de alto nivel de manera legal en el país trabajan como intermediarios para venderlas al crimen organizado en México.
“Incluso algunas de estas armas, hasta la fecha, es posible comprarlas en un Walmart, por ejemplo. Los requisitos para comprar un arma no son muy estrictos. Aquí el problema es que surge una gran oferta. Es como un shock en la oferta de este tipo de armas que son muy atractivas para el crimen organizado.
El arma de alto poder se vende de forma legal en Estados Unidos, un ciudadano con un permiso para comprar armas la adquiere de forma legal y después funciona como intermediario para venderla al crimen organizado en México o alguien que esté conectado con el crimen organizado. Lo único que necesita alguien que quiere traficar un arma a México es un contacto con alguien que pueda comprar armas, básicamente”.
El 4 de marzo pasado, México expuso sus argumentos en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas ante la Suprema Corte de Estados Unidos.
El equipo jurídico de México recordó que en la demanda presentada se afirma que fabricantes con licencia venden las armas a distribuidores autorizados, quienes las venden a minoristas y ellos, a su vez, a prestanombres, de los cuales algunos las transfieren a contrabandistas que las introducen a México y entregan a los cárteles.
Te recomendamos:
¿Qué impacto tiene la creciente violencia armada en la sociedad mexicana?
