Expertos señalan la importancia de atender el tema de tráfico de armas con perspectiva de derechos humanos por impacto de violencia armada.
Escucha la segunda parte del especial en producción de Gema Hernández.
Jennifer Olvera
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en su Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego de 2020, mencionó que el “tráfico hormiga” —caracterizado en que varias personas transportan armas en pequeñas cantidades para reducir el riesgo de ser detectadas por elementos de seguridad— es utilizado para transportar las armas de Estados Unidos a México.
Según el estudio, América del Norte es la principal subregión de donde procedieron más armas incautadas. América Central y del Sur, junto con Asia Occidental, representaron más del 80% de los destinos del tráfico. Estas zonas, señaló, destacaron por sus altos niveles de violencia delictiva o conflictos.
Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador en el Centro de Investigación (CIDE) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) planteó en su artículo ¿Más armas, más violencia? Evidencia de una compleja relación desde América Latina que no es el número total de armas en circulación lo que determina los niveles de violencia, sino el contexto en el que están disponibles esas armas.
En el estudio puntualizó que en el caso de América Latina —donde suceden el 33% de homicidios globales— existen factores como:
- Funcionamiento insuficiente de los sistemas de justicia e investigación criminal.
- Prohibición de drogas.
- Tendencia hacia la fragmentación de grupos criminales.
Además, influyen los procesos de militarización de la seguridad pública que señalaron que la alta disponibilidad de armas sí es un factor que cataliza situaciones violentas.
Otra serie de asuntos relacionados, de acuerdo con Pérez Ricart, incluyen el tráfico de las armas en circuitos de corrupción institucionalizada, su contrabando hormiga y su uso para apuntalar redes de tráfico de drogas o de personas.
Javier Schütte, abogado y cofundador del Área de Derecho Penal en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) explicó la implicación de las armas que distribuye Estados Unidos:
“¿De dónde vienen las armas? Se ha dicho hasta el cansancio. Para tener presente la más reciente cifra, como lo reconoce la propia ATF, 74% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México vienen de Estados Unidos.
Es más probable que un arma fabricada en Estados Unidos acabe utilizándose para matar a un mexicano que en un homicidio en territorio estadounidense.
Las armerías y las distribuidoras de armas podrían hacer muchísimo más para evitar que sus productos acaben en cárteles de la droga. Es tan burdo que hay prácticas de negligencia porque menos del 10% de las tiendas distribuidoras de armas son las que venden casi el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México”.
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¿Qué impacto tiene la creciente violencia armada en la sociedad mexicana?
Se estima que el aumento en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en México, conlleva a que más de seis mexicanos huyan de su hogar. En 2020, más del 40% de menores de edad escucharon o vieron disparos frecuentes.
Mientras que, para los hombres, el aumento en homicidios con arma de fuego de 2007 a 2019 fue del 318% y, para las mujeres, 357%.
Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, organización feminista dedicada a la promoción de políticas públicas para la igualdad, comentó que utilizan las armas de fuego en diversos delitos. En ese sentido, detalló que la presencia de una en el hogar aumenta el riesgo de muerte en infancias y mujeres víctimas de violencia.
“Que luego es lo que pasa: el crimen organizado en grande, los grandes cárteles y es como: Sí, espérate. Pero esos hombres que son parte de los cárteles también tienen familia. ¿Cómo entonces afectan las armas de fuego en esos contextos familiares?”
Desde Intersecta documentaron que la violencia armada afectó cada vez más a todos los sectores de la población en gran parte del territorio mexicano:
“En niños de 0 a 10 años, las armas de fuego son la forma más común en la que son asesinados. Ya si saltamos a adolescentes, jóvenes, por ejemplo, hombres y mujeres entre los 11 y 20 años, las armas de fuego también ya representan más del 70% de los casos de homicidios.
Entonces, me parece muy importante señalar aquí que es una violencia que se está generalizando tanto que ya sea hombre, mujer, niño o adulto, puede afectar. Algo similar estamos encontrando cuando lo vemos geográficamente.
En 19 de las 32 entidades federativas que tenemos en el país, los homicidios con armas de fuego ya representan más del 50% de los homicidios, incluido en casos de mujeres. Es esta violencia como tan generalizada que justo si lo vemos geográficamente por edades, por género, cada vez alcanza a más y más víctimas”.
El impacto de la violencia armada, mencionó Vela, no acaba “con el entierro” de las víctimas. Cuando las mujeres son víctimas de asesinato, las infancias no sólo pierden recursos económicos, sino también su red de cuidados.
Impacto en derechos humanos
Eduardo Guerrero, coordinador del Área Internacional del Centro Prodh, aseguró que el impacto de la violencia de armas afecta a varios derechos, como a la vida o integridad. Así como en el acceso a la justicia frente a los crímenes cometidos por la violencia armada, ya que, la mayoría quedan impunes:
“Por ejemplo, el caso de Javier Barajas Piña. Él era un buscador en Guanajuato. Buscaba a su hermana desaparecida, Guadalupe, en cuyo caso se logró determinar que se incautaron armas a personas que fueron procesadas en la investigación en este caso y se detectó que estas armas provenían de Estados Unidos.
Aquí vemos cómo tiene un impacto directo al haber asesinado a un buscador de una persona desaparecida en ese contexto. Hemos visto también el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Hay una vinculación entre armas que llegaron particularmente de Alemania en un esquema de corrupción y distribución ilícita en el país”.
El centro se sumó a uno de los amicus curiae presentados ante la Suprema Corte estadounidense. Lo anterior, ya que, argumentaron, es indispensable que exista una mayor regulación y fiscalización en torno a la venta de armas en Estados Unidos:
“Siendo organización de derechos humanos, nuestro interés es contribuir a que disminuya la violencia, a que existan mejores garantías para que las personas puedan vivir y ejercer sus derechos de manera pacífica, pero también porque hemos visto cómo en varios de estos casos la impunidad es la regla.
Buscamos que exista justicia alrededor de estos casos y por eso es que nos hemos sumado a este amicus que presentamos diversas organizaciones y academias, respaldando la demanda del gobierno mexicano en Estados Unidos contra las comercializadoras de armas de fuego”.
Guerrero agregó que la asociación civil también presentó un recurso similar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En éste, determinó la necesidad de contemplar esta problemática con una perspectiva de derechos humanos:
“No sólo es el tema comercial, no sólo es el tema de cómo se regula en lógica de mercado en Estados Unidos, sino también cómo se reconoce que es una obligación de los Estados en materia de derechos humanos.
Desde regular la actuación de las empresas, en este caso las empresas armamentistas, hasta fiscalizar cómo llevan a cabo sus operaciones y reconocer que hay una responsabilidad de las empresas cuando las armas que comercializan son utilizadas para generar violaciones a los derechos a la vida, los derechos a la integridad”.
Para junio de este año, el máximo tribunal de Estados Unidos emitirá una decisión que impactará en la relación bilateral. Podría sentar un precedente para las víctimas de violencia armada y para otros países de América Latina en caso de ser favorable para México.
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