Los diputados aprobaron el dictamen para regular las remuneraciones de servidores públicos. Se establecen parámetros para fijar el salario del presidente de la República y para que ningún funcionario público gane más que el titular del Ejecutivo.
Claudia Téllez
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República.
Esta reforma, que se turnó al Senado, regula las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.
Precisa que la diferencia salarial será del 5 por ciento entre el presidente y los secretarios de Estado, y los secretarios y los subsecretarios.
La formula para determinar el salario del presidente
Para cumplir con el mandato de la Suprema Corte, que ya había declarado inconstitucionales dos artículos aprobados por los diputados en la materia, se estableció como parámetro para definir la percepción del titular del Ejecutivo el Producto Interno per cápita, el PIB per cápita de referencia, la determinación de una remuneración anual máxima -el monto máximo a que tiene derecho el presidente-, y una remuneración anual de referencia, que considera las percepciones ordinarias del mandatario sin seguridad social.
Detalla que la remuneración será toda percepción en efectivo o en especie como dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de apoyos y gastos sujetos a comprobación para el desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
Precisa que no forman parte de la remuneración jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, presamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
Se definen como compensaciones extraordinarias, los premios, recompensas, bonos, reconocimientos, estímulos que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condiciones al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación, así como el pago de horas extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional, autorizadas en los términos de las disposiciones aplicables.
Los cambios incluidos de última hora por Morena a 34 de 36 artículos que la conforman, precisan que corresponderá a las secretarias de Hacienda y la Función Pública la interpretación de la ley en el ámbito de competencia del Ejecutivo federal.
Las excepciones a la norma
Detalla que en cuanto a los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos entre ellos el INE, la CNDH, el INEGI, Ifetel y Cofece, sus respectivos órganos o unidades competentes establecerán las disposiciones correspondientes para el cumplimiento de la presente ley.
Aunque en un artículo transitorio exceptúa de la aplicación del artículo 9 a los servidores públicos aludidos por el decreto de 2009, que se encuentren en funciones y hasta la conclusión de su respectivo periodo.
Se trata de ministros de la Suprema Corte, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal, así como consejeros y magistrados electorales.
También señala que al momento de la entrada en vigor de la presente ley quedan sin efecto todas las disposiciones contrarias a la misma.
Al fundamentar el dictamen, el diputado del PT, José Luis Montalvo destacó que esta reforma sienta las bases para un sistema de remuneraciones que termine con excesos.
La oposición cuestiona la fórmula
Si bien se pronunciaron por eliminar excesos, PAN, PRI, PRD y MC señalaron que esta norma responde al capricho del presidente y podría ser declarada inconstitucional por tercera ocasión debido a que no establece parámetros objetivos para determinar el salario del Ejecutivo federal.
Dijeron que tampoco toma en cuenta funciones y nivel de responsabilidades, asociado al perfil para cada puesto.
Al defender su propuesta, el morenista Pablo Gómez destacó que esta reforma busca que los servidores públicos no se sirvan con la cuchara grande.
Y en respuesta, el diputado del PAN, Jorge Espadas criticó al impulsor de la propuesta Pablo Gómez sin llamarlo por su nombre.
El priista, Eduardo Zarzosa destacó que quienes elaboraron esta propuesta hicieron circo, maroma y teatro para ajustar los parámetros a los requerimientos del titular del Ejecutivo, en lugar de crear un órgano especializado para fijar los salarios.
Entre otros cambios, se establece que las remuneraciones se expresarán en el presupuesto en términos brutos, pues en términos netos se dificulta el cálculo de las prestaciones.
La remuneración anual máxima se calculará conforme a la metodología únicamente para el primer año completo para el mandato del presidente.
Para los años posteriores de su sexenio, la remuneración será actualizada conforme a la política salarial general aplicable a la administración pública, sin que pueda exceder el doble del índice inflacionario acumulado al mes de octubre del año inmediato anterior.
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