Las estadísticas revelan que en esta entidad del noroeste la gente casi no sale a votar. ¿Será esto un problema en las elecciones estatales más reñidas?
Te presentamos una radiografía electoral sobre Sinaloa.
Montserrat Sánchez
En Sinaloa, casi seis de cada 10 personas no votan. Así lo muestran las estadísticas de la elección federal de 2015. Ese año, apenas acudió a las urnas el 37.8 por ciento de las y los sinaloenses. Aunque en las elecciones de gobernador de 2016 aumentó, la participación no alcanzó ni a la mitad de los electores.
Ese es el principal reto con el que el estado llega a una de las elecciones más peleadas, una en la que por primera vez PAN, PRI y PRD van como aliados y en la que por primera vez Morena se asoma como un posible competidor.
Para Ernesto Hernández, profesor-investigador de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, revertir esas cifras y lograr una mayor participación de los ciudadanos en las próximas elecciones requiere una mayor vinculación entre la clase política y los ciudadanos.
“Es necesario avanzar a una mayor construcción de ciudadanía para fortalecer el respeto a los derechos políticos y libertades civiles. Aquí en Sinaloa tenemos todavía mucho por hacer en esta materia, de tal suerte que podamos avanzar en problemas que están vinculados con colectivos sociales no partidarios, ligados por ejemplo a la lucha de los derechos de los homosexuales, lesbianas, trans, mujeres, contra feminicidios y la violencia de género, tenemos mucho que hacer, hay que tener interlocución con los grupos organizados”.
El siguiente desafío, ausente de las agendas de los candidatos y de la actual administración, es el combate a la corrupción. Para Hernández hacen falta mecanismos institucionales que garanticen castigo a funcionarios deshonestos. De acuerdo con datos del INEGI a 2019, de 722 investigaciones por corrupción, las autoridades apenas iniciaron ocho procesos.
Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, coincide con el académico en que este es otro de los retos más urgentes en la entidad y que los actuales contendientes deben considerar entre sus prioridades.
“En el tema del combate a la corrupción nos han quedado a deber en las pasadas administraciones, a pesar de que ha sido una agenda que hace una bandera de campaña, entonces consideramos que los próximos candidatos deben de tener un real compromiso en la agenda anticorrupción y, bueno, investigar los posibles hechos o faltas graves que se hayan cometido en esta administración que está por salir”.
En 2019, la organización que encabeza Marlene León documentó junto con Mexicanos contra la Corrupción que al menos 16 ex funcionarios y políticos sinaloenses se beneficiaron de sus posiciones para acceder a contratos y subsidios para sus familiares. Entre los funcionarios involucrados aparecen los ex gobernadores Francisco Labastida Ochoa, Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez.
¿Quiénes son los jugadores y cómo llegan?
En 2010, el PAN, el PRD y Convergencia –hoy Movimiento Ciudadano– se aliaron para vencer al PRI que había gobernado durante más de 80 años. 11 años después, PAN y PRD se suman al PRI con un objetivo en la mira: frenar el avance de Morena en el país.
Aunque con cambios recientes quedan siete jugadores en la contienda, las encuestas perfilan dos competidores: los candidatos de la alianza Va por Sinaloa y el abanderado de Juntos Haremos Historia. El resto registra entre 3 y 10 por ciento de la intención del voto.
Mario Zamora, de formación tricolor
El candidato de la alianza Va por Sinaloa, que conforman PRI, PAN y PRD, inició su trayectoria política en las filas del tricolor. En el partido se desempeñó como consejero político municipal y estatal. En la administración pública compartió con el ex candidato presidencial José Antonio Meade, quien lo nombró coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, cargo que ocupó hasta 2017. Posteriormente, fue nombrado director de la Financiera Rural. En marzo pasado, solicitó licencia indefinida a su escaño en el Senado. Entre sus promesas para el estado están mejorar la infraestructura hospitalaria, crear 100 centros de salud y crear una financiera estatal para apoyar a pescadores y campesinos.
Rubén Rocha Moya, ¿la tercera es la vencida?
El candidato de Morena compite por la gubernatura del estado por tercera ocasión. La primera vez que lo intentó fue en 1986, con el Movimiento Popular Sinaloense, y la segunda en 1998, con el PRD, PT y Partido Verde. Al igual que su adversario, hasta marzo ocupaba un escaño en el Senado. A lo largo de su trayectoria ha enfrentado cuestionamientos por su desempeño cuando fue coordinador de asesores del ex gobernador priista Jesús Aguilar Padilla. En noviembre pasado fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia estatal por presunto tráfico de influencias. Entre sus propuestas están promover la inversión, para generar más empleos. También ha prometido a familiares de desaparecidos realizar audiencias públicas en sus primeros días de gobierno, y atender el desplazamiento forzado.
Sergio Torres, bajo la lupa por apoyos a cárteles
El candidato de Movimiento Ciudadano fue diputado por el PRI en 2012 y alcalde de Culiacán entre 2014 y 2016. Hasta noviembre del año pasado, ocupó la Secretaría de Pesca en la entidad, cargo en el que enfrentó cuestionamientos por haber entregado contratos a la empresa Pescadores Libres del Nico, presuntamente ligada al cártel de Sinaloa. Entre sus compromisos de campaña están destinar los recursos necesarios para lograr vacunar a todas y todos los sinaloenses. También ha propuesto vender las aeronaves y una casa de playa en Altata que está al servicio del gobernador.
Los otros candidatos son Gloria González Burboa del Partido del Trabajo, quien militó por 18 años en el PRI. Por el partido Fuerza por México va la ex diputada priista Rosa Elena Millán Bueno. También busca el cargo Yolanda Yadira Cabrera, quien va por Redes Sociales Progresistas, en tanto, el Partido Encuentro Solidario va con Ricardo Arnulfo Mendoza quien inicialmente buscaba la candidatura con Morena.
Tomás Saucedo, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a la gubernatura de Sinaloa, decidió declinar a favor del morenista Rubén Rocha.
Voces contra la violencia
El 17 de octubre de 2019 es un recuerdo que sigue latente en la memoria de los sinaloenses. El operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, en Culiacán, mostró un Estado incapaz de brindar seguridad a sus ciudadanos y ciudadanas.
Entre esas ciudadanas está Cristina. La fotoperiodista asegura que a dos años de aquel suceso, entre sus compañeros aún hay temor por los riesgos que enfrenta su profesión en la entidad, donde en los últimos años han sido asesinados seis periodistas, uno de ellos fue Javier Valdez.
“No somos tantos ni tantas fotoperiodistas aquí, aún existe la idea o el riesgo de que te pueden desaparecer, por haber hecho algo que a alguien no le gustara, como tomarle una foto a alguien en un hecho o algo que no les gustara que saliera y no te lo manifestaran en el momento y como un plano fuera del fotoperiodismo es digamos similar, aquí la inseguridad es lo más difícil si está muy difícil poder tener esta libertad de transitar siempre y a todas horas por todos lados”.
El temor a ser desaparecido tiene un fundamento. A nivel nacional, Sinaloa ocupa el octavo lugar en personas desaparecidas y no localizadas. Junto con otros nueve estados concentra el 76.21 por ciento de los reportes.
Para María Isabel Cruz, esa información se queda corta. Tras la desaparición de uno de sus hijos, la presidenta del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras AC, asegura que viven en un estado fallido en materia de seguridad.
“Yo creo que todas las madres que nos hemos ido encontrando en el camino ese ha sido nuestro principal problema que las autoridades te dicen váyase a su casa, no se preocupe, no pasa nada, yo le hablo, no siga buscando porque tiene más hijos entonces eso te hace decir yo tengo que hacer algo, y entonces por eso somos nosotras quienes salimos a buscarlos en vida, en fosas clandestinas, teniendo más resultados que las mismas autoridades”.
Esas mismas autoridades son las que presumen que la incidencia delictiva va a la baja desde hace casi cuatro años. Para Cristina y María la tranquilidad que podrían dar esas cifras aún no llega. Ese es uno de los retos que tendrá el próximo gobernador o gobernadora en un estado que es reconocido a nivel nacional por ser uno de los mayores productores agrícolas del país.
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