Sin prisión preventiva oficiosa quedarían libres 68 mil presuntos delincuentes, advierte Gobierno a SCJN

Juzgados federales de la región centro-norte emitieron unilateralmente “una jurisprudencia que ordena a todos los jueces conceder suspensiones de amparo que promuevan las personas con órdenes de aprehensión por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”.

Berenice Vásquez

 

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que el pasado viernes el Gabinete de Seguridad envió cartas a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para expresarles su preocupación de invalidar el artículo 19 constitucional, que ordena a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva oficiosa, pues implicaría liberar a más de 68 mil presuntos delincuentes.

 

En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria hizo un llamado a los ministros a «respetar la Constitución, respetar los poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional y valorar con eficacia la tardanza en sus resoluciones«.

 

“Aunque esta resolución por parte de la Corte Interamericana obliga a todo el Estado Mexicano en su conjunto, la Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento, sin que se tome en cuenta a otras instituciones. Una de obvia sería el Congreso de la Unión, quien debería analizarla posibilidad de estas modificaciones”.

 

Cabe recordar que esta discusión proviene de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que condena a México y resuelve que debe adecuar sus leyes, incluyendo la Constitución para eliminar la prisión preventiva.

 

Alcalde Luján, detalló que de eliminar dicho recurso se podría liberar a 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa: 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 acusados de violación, 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamentos y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada.

 

 

Entre los estados más afectados por esta decisión se encuentran el Estado de México (21,718), Jalisco (8,342), Veracruz (4,554), Michoacán (3,315) y Puebla (3,044).

 

De igual manera, Alcalde Luján refirió que esta medida vulnera la soberanía nacional, toda vez que “la existencia de organismo internacionales no implica que los Estados renuncien a su soberanía ni a su derecho a autodeterminarse”.

 

La funcionaria consideró que la SCJN se excede al anular una disposición constitucional y pretende asumirse como el “poder de los poderes”, pues la única instancia “facultada para reformar o eliminar un artículo de la Constitución es el Congreso de la Unión, a través de los diputados y senadores, con dos terceras partes, con la ratificación de la mayoría de los Congresos locales”.

 

Finalmente, denunció que juzgados federales de la región centro-norte, que comprende 18 estados, se le adelantaron a la Suprema Corte, al emitir unilateralmente “una jurisprudencia que ordena a todos los jueces conceder suspensiones de amparo que promuevan las personas con órdenes de aprehensión por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, en cumplimiento a la recomendación de la CIDH.

 

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