Fernanda Avendaño, investigadora del IMCO, explicó que la opacidad y sobreprecios en la adquisición de insumos médicos para atender la COVID-19 se debe a la falta de un protocolo para realizar compras durante una emergencia.
La falta de un protocolo para realizar compras durante una emergencia derivó en opacidad y sobreprecios en la adquisición de insumos médicos para atender la COVID-19, de acuerdo con un análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad publicado este miércoles.
En entrevista para la Tercera Emisión de IMER Noticias, Fernanda Avendaño, investigadora del IMCO, dijo que sin planeación ni controles necesarios en compras de insumos médicos la corrupción puede ocurrir.
El IMCO analizó las compras que el gobierno realizó para atender la emergencia sanitaria, en concreto al IMSS, INSABI, ISSSTE, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Salud, que fueron facultadas, en un decreto publicado el 27 de marzo pasado, para comprar sin licitación pública y en su lugar hacerlo por adjudicación directa.
El decreto tenía la intención de agilizar los procesos de comprar para atender la emergencia. Sin embargo, la falta información sobre esas operaciones hace imposible saber si los recursos efectivamente se destinaron a esa situación.
Avendaño explicó que debido a la falta de un protocolo, no existen lineamientos claros ni homologados para las dependencias federales que permitan seguir qué y cómo se está comprando ni cómo se va a publicitar la información.
En el caso del IMSS, por ejemplo, más de 700 millones de pesos no cuentan con documentación suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos.
El IMCO también encontró disparidad de precios en productos médicos comparados con compras de años anteriores y otras instituciones. Por ejemplo, el ISSSTE pagó casi seis veces más que el IMSS por equipo similar.
En el caso del INSABI no existe ningún registro de adquisición de insumos en Compranet o en la Plataforma Nacional de Transparencia, a pesar de que ha destinado 9 mil millones de pesos para la atención de la COVID-19.
La ausencia de un proceso claro hace imposible monitorear, auditar y dar seguimiento a esos recursos.
Avendaño también subrayó la falta de desglose de precios de los productos, por lo cual no se puede asegurar si las condiciones de compra eran distintas entre una instituto y otro. Tampoco hay claridad en proveedores nuevos o pasados, si se realizó o no una investigación de mercado.
De acuerdo con la investigadora, la Ley de Adquisiciones establece que se las adquisiciones y cómo se hicieron deben publicarse por parte de las dependencias. Si no se hace pública de manera adecuada, la sociedad civil ni la población pueden asegurar que se está cumpliendo con la ley o no.
