Eran fondos discrecionales utilizados por los presidentes de la República, sin rendición de cuentas.
Rita Cerón
El Pleno del Senado aprobó una reforma al artículo 74 constitucional para eliminar las partidas secretas del Presupuesto de Egresos de la Federación, un fondo discrecional que se estableció para favorecer a los presidentes de la República desde 1917.
Los panistas enfatizaron que esta reforma, a propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una simulación porque el gobierno ha centrado el ejercicio del gasto de la Secretaría de Hacienda para controlar los recursos a placer del Ejecutivo Federal, si rendición de cuentas ni combate a la corrupción.
Con 94 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó la minuta que envió la Cámara de Diputados para establecer en el artículo 74 de la Constitución que no podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los senadores consideraron que las partidas secretas han servido como “caja negra” del presupuesto, cuyos recursos fueron gastados de manera discrecional, lo cual generó incrementos del gasto presupuestado o erogaciones no previstas, gastos propios de la corrupción en un régimen presidencialista.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Martí Batres, aclaró que a pesar de que el presupuesto de este gobierno no contiene partidas secretas, es necesario asegurar que éstas no vuelvan a existir, ni haya retrocesos en esta materia.
“Consideramos fundamental estas reformas para prohibir las partidas secretas de tal forma que no vuelvan a existir, que no hayan retrocesos, que no haya resurgimiento de las mismas, por eso avalamos en sus términos la minuta que viene de la Cámara de Diputados y que establece la siguiente línea: no podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Sin embargo, el panista Julen Rementería del Puerto dijo que si bien la reforma del presidente López Obrador es plausible, también es una simulación porque no elimina las partidas secretas y el gobierno sigue sin reconocer que fomenta la opacidad y el manejo discrecional de los recursos públicos.
La reforma se turnará a los congresos locales para sus efectos constitucionales.
