El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, señaló que este tipo de búsqueda será prioridad para este año.
Georgina Hernández
El gobierno federal puso en marcha un programa piloto de búsqueda de personas en vida en la Ciudad de México y Jalisco.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, explicó que han tenido resultado positivos. Sin embargo, la estrategia se dará a conocer hasta que los resultados puedan validarlos.
De acuerdo con su proyección, en marzo podrían exponer más en que consiste esta estrategia.
“Estamos haciendo un programa especial para usar todas las bases con las que cuenta el gobierno federal para buscar a las personas que han tenido actividad. Por ejemplo, las personas que acudieron a vacunarse con al menos dos vacunas de covid-19, un registro o han realizado actividades bancarias”.
Sin apoyo de las fiscalías
En el marco del quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Alejandro Encinas y colectivos de búsqueda reconocieron diversos pendientes en la materia como la falta de un trabajo colaborativo con la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Estatales.
A la par, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, sostuvo que hay una impunidad casi absoluta en torno a este delito.
Actualmente, el dos y el seis por ciento de los casos de desaparición alcanzan una investigación judicial. Además, existen menos de 40 sentencias condenatorias.
El subsecretario lamentó que tengan que recordarles a las instituciones del Estado la profundidad de la crisis en materia de desaparición e identificación de personas.
“Tenemos un gran pendiente que espero se reforme ya este año y es que se reconozca el derecho humano de todas las personas a ser buscada de manera constitucional”.
Estado deja de lado su responsabilidad
El subsecretario también adelantó que antes de que finalice el mes publicarán el proyecto del Programa Nacional de Búsqueda para discutirlo con familiares y organizaciones.
Por su parte, diversos familiares acusaron que las instituciones del Estado siguen sin asumir su responsabilidad.
También denunciaron que, a pesar de las 32 comisiones de búsqueda estatales, una de cada tres funciona con menos de 10 personas, lo que complica su funcionamiento y transparencia.
Así lo explica María Isabel Cruz Bernal del Colectivo Sabuesos Guerreras de Culiacán, Sinaloa.
“A estos 5 años, ya deberíamos tener mayores resultados, las familias queremos que no quieran reformar sin nuestra participación ni consulta la ley, sin las familias no”.
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