La Suprema Corte de Estados Unidos anuló el decreto de la administración de Donald Trump que buscaba frenar la ciudadanía por nacimiento.
América Castillo
La Suprema Corte de los Estados Unidos determinó que los menores nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal son ciudadanos estadounidenses desde su nacimiento, al considerar que están sujetos a la jurisdicción del país conforme a la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.
La resolución deriva del caso Trump v. Barbara, en el que el tribunal analizó si la Constitución garantiza la ciudadanía a los hijos de personas cuya presencia en el país es ilegal o temporal. Al interpretar la Decimocuarta Enmienda, la mayoría sostuvo que quienes nacen en territorio estadounidense y están sujetos a la jurisdicción del país adquieren la ciudadanía desde el momento de su nacimiento.
La Corte también señaló que la Orden Ejecutiva 14160, emitida el 20 de enero de 2025, establecía que los hijos de personas con presencia ilegal o temporal en territorio estadounidense no se encontraban sujetos a la jurisdicción del país y, por ello, no reunían los requisitos para obtener la ciudadanía conforme a la Decimocuarta Enmienda y a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El tribunal determinó que esa interpretación no es compatible con el texto constitucional.
La mayoría de los jueces fundamentó su decisión en un análisis histórico de la ciudadanía por nacimiento, desde el derecho consuetudinario inglés hasta la aprobación de la Decimocuarta Enmienda. A partir de esa revisión, concluyó que la expresión «sujetos a la jurisdicción» alude a la autoridad que el Estado ejerce sobre quienes se encuentran en su territorio, por lo que los hijos de personas con estancia ilegal o temporal cumplen con ese requisito constitucional.
Además, la resolución reafirmó el precedente establecido en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, al señalar que la Cláusula de Ciudadanía incorporó el principio histórico conforme al cual la ciudadanía corresponde, con excepciones limitadas, a la mayoría de las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente de la condición migratoria o del carácter permanente o temporal de la estancia de sus padres.
La opinión mayoritaria fue redactada por el presidente de la Corte, John G. Roberts Jr., con la adhesión de las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson. La sentencia también incluye opiniones concurrentes y disidentes emitidas por otros ministros.
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